La difusión este domingo de la cantidad de comercios y de particulares con poder adquisitivo enganchados a la red eléctrica (la Epe detectó más de diez mil en la zona del Gran Rosario durante 2022), despertó entre los lectores de La Capital no solo expresiones de indignación sino la exposición en comentarios de localidades y barrios donde se estarían produciendo casos de fraude. Justamente la Empresa Provincial de la Energía pidió a la comunidad que ante sospechas de hurto eleve las denuncias correspondientes, amparándose en un dato del año pasado: el 50 por ciento de las advertencias de los vecinos derivaron en “procedimientos positivos”, es decir donde los inspectores comprobaron las anomalías, regularizaron o cortaron el servicio -según si estaban dadas las condiciones de seguridad-, establecieron los parámetros para la multa y eventualmente giraron el acta a la justicia penal. Hay incluso vías anónimas disponibles para denunciar.

El presidente de la compañía, Mauricio Caussi, dijo que “el consumo promedio de pequeñas demandas se calcula entre 800 y 900 kilovatios bimestrales, es decir entre 400 y 450 mensuales. Y se estima que el comportamiento cuando no hay limitación, cuando la gente no se cuida, arroja un consumo 50 por ciento mayor: unos 1.300 kilovatios”. Regularizar la situación de quienes se apoderan de la energía a través de conexiones clandestinas le permite a la Epe, además de mejorar la facturación, tener un panorama más real del servicio que ofrece en determinadas zonas, lo que a su vez repercute en la calidad del servicio prestado a los clientes en regla.

En esa línea, y diferenciando los casos sociales por falta de infraestructura o bajos recursos, que se atienden a través del programa Epe Social, el funcionario pidió a los usuarios “que nos acerquen información cuando sospechan o saben de una irregularidad, por ejemplo ante problemas de tensión en el barrio o si piensan que hay un medidor adulterado”.

En los operativos realizados el año pasado se encontraron tres situaciones: conexiones directas a los domicilios o comercios, es decir sin equipo de medición; medidor “sorteado” por un cable conductor de la energía a los fines de fraguar el nivel de consumo; y medidor adulterado con la intervención de un electricista, también para que se contabilicen menos kilovatios.

El protocolo indica que los inspectores deben tomar una carga instantánea en el momento, luego el área comercial calcula el monto de la sanción económica al establecer un consumo mensual y multiplicarlo como máximo por doce (la presunción es que el fraude se estuvo cometiendo durante un año). Lo cierto es que se han generado notas de débito tan abultadas que algunos clientes solicitaron celebrar un convenio de pago para saldar el monto en varias cuotas, confió Santiago Pucheta, responsable del área de Control de Pérdidas.

“De acuerdo a la magnitud de la irregularidad se gira el acta al Ministerio Público de la Acusación. En el caso de un domicilio residencial, la primera vez la denuncia no prospera pero si hay reincidencia sí”, agregó el referente técnico.

Es que el hurto y el robo de energía son ilícitos previstos en el Código Penal. Según el grado de violencia ejercido sobre las conexiones y dispositivos de medición, la situación antirreglamentaria también puede encuadrarse penalmente como delito de estafa.

Cómo denunciar

La Epe da la posibilidad a la población de radicar denuncias anónimas sobre situaciones antirreglamentarias, a través de una línea telefónica gratuita (0800-555-0083) o de un formulario web (https://epe.santafe.gov.ar/oficina-virtual/denuncias-web) de fácil acceso. En este último aparecen como opciones una presunta conexión directa, un medidor adulterado e incluso irregularidades de empleados de la empresa.