La ley de humedales navegaba sin mayores sobresaltos hacia un dictamen consensuado, con abundante cantidad de firmas, pero los gobernadores de las provincias mineras se rebelaron, y la ley se empantanó. La discordia, ahora confirman, se venía macerando con el paso de los días desde que sesionó un plenario de tres comisiones presidido por el diputado Leandro Grosso (FdT). El problema no fue la falta de apoyos, que el proyecto tiene y conserva, ni los diputados que mostraron rechazo desde el primer día –un sector minoritario que en soledad no está en condiciones de generar un dictamen de mayoría-, sino que la dificultad de última hora estuvo en los que hicieron silencio: mayoritariamente diputados del oficialismo y de las provincias mineras del noroeste argentino.
En las últimas 12 horas, previas al plenario de este jueves que finalmente se postergó, una decena de manos de representantes del norte argentino confirmaron que necesitan profundizar el debate, y extenderlo en el tiempo. Un documento crítico que circuló el miércoles firmado por los gobernadores del norte grande terminó por hundir las expectativas del Frente de Todos y sus aliados. Ahora la ley de humedales tendrá un tránsito incierto. El próximo paso será la convocatoria a un nuevo plenario tripartito de comisiones, invitando a los gobernadores, o representantes de los ministerios o secretarías de ambiente de cada provincia.
Según los impulsores del proyecto, hay un recelo injustificado en las provincias mineras: el proyecto humedales no propende a perjudicar ningún resorte productivo. No parece igual la interpretación de 10 jefes provinciales (8 oficialistas), que afirmaron en un documento que una ley de humedales “debe darle el control de los inventarios a las provincias y no debe paralizar una producción”, que son críticas que ya expresaron las cámaras mineras y de ruralistas, al proyecto consensuado por el oficialismo.
"Ratificamos que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias y no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan. Es nuestra responsabilidad conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas, que son estratégicas en nuestra región", expresaron una decena de gobernadores. Para agregar, “de otra manera se favorecerán procesos de inequidad territorial, poniendo en riesgo actividades económicas que son fundamentales para el bienestar de los argentinos y para la transición climática".
Raúl Jalil (Catamarca) junto a Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco), el radical Gerardo Morales y el salteño Gustavo Sáenz, expresaron, con todo, que “compartimos la importancia de sancionar una ley de humedales, después de tantos años de debate", pero tras ese concepto, detallan una cantidad de reparos que terminaron por derrumbar lo que parecía la firma de un dictamen de mayoría, encabezado por el oficialismo.
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Los mandatarios agregan que "ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias".
El corrimiento de los gobernadores, dejó al oficialismo sin ninguna chance de alcanzar el volumen político necesario para afrontar el otro costado crítico a la ley; los empresarios ruralistas, con fuerte apoyo político de Juntos por el Cambio. Incluso más allá de lo meramente numérico, el Frente de Todo no está en condiciones de impulsar un proyecto clave, con una rebelión interna de una las patas clave de su proyecto de poder, los gobernadores.
Con el golpe de última hora que recibió, la ley de humedales ingresó en otra velocidad y quedó a merced de otras condicionalidades políticas. La movilización y el agite que promuevan las organizaciones ambientalistas que la promueven serán clave para abrirse paso en el Diputados, que se ha convertido en un sitio pantanoso para la nueva norma. Que no consigue arrancar.
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“Corresponde a las provincias la potestad de realizar sus inventarios y deben ser ellas las que en coordinación con Nación elaboren el inventario nacional. Lo mismo debe suceder con los ordenamientos territoriales de humedales" escribieron la decena de gobernadores que hicieron, en los hechos, detonar el impulso de la ley de humedales, acelerada por el humo de las quemas que invade a Rosario.
Entre otras definiciones, el documento firmado en Jujuy dice: "Ninguna ley debe establecer moratorias que generen una paralización a las actividades productivas, ni a las actuales ni a los proyectos en desarrollo, ya que todos los proyectos que tengan lugar en humedales deben atravesar los correspondientes procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por las provincias".
A su vez, reclaman que el fondo de humedales no sea inferior al 0,3 % del presupuesto y garanticen que las provincias puedan cumplir con las disposiciones de la ley.
"La distribución de los recursos de ese Fondo a las provincias debe realizarse con criterios objetivos, claros y justos. Asimismo, deben llegar a las jurisdicciones en la etapa inicial de aplicación, lo cual no obsta que posteriormente las jurisdicciones deban rendir cuenta de su uso y cumplir con condiciones. Los condicionamientos iniciales a la transferencia de fondos, ralentizarán los procesos en las provincias". "Cualquier órgano consultivo que se incluya en una ley debe garantizar la participación de todos los sectores directamente involucrados en la gestión de humedales". "Debe ser de carácter consultivo, no reemplazará ni suplirá, burocratizará la toma de decisiones por parte de las autoridades. Ni deben representar estructuras administrativas adicionales", concluyen.
