La Justicia recompuso pensión de una rosarina

Viernes 16 de Junio de 2017

En este agitado marco de reclamos y protestas por la aplicación de recortes en las pensiones para personas con discapacidad, en el ámbito local el juez Aurelio Cuello Murua, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, hizo lugar a la medida cautelar presentada por Silvia Settetrombe, con el patrocinio del abogado constitucionalista Roberto Sukerman, y ordenó que el Ministerio de Desarrollo Social restituya inmediatamente su pensión por invalidez y le pague los haberes no cobrados desde mayo.

De esta manera, se exhiben algunas reacciones de la Justicia ante las acciones legales, y se presenta un importante precedente. "La verdad es que esperábamos esta resolución. La suspensión de las pensiones va contra la propia Constitución y los tratados internacionales. Es otro intento por parte del Estado Nacional de llevarse por delante un derecho de los ciudadanos", remarcó Sukerman, quien destacó la decisión del juez, que tomó como referencia la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fuertes críticas

Mientras, la presidenta del Concejo Municipal, Daniela León, logró ayer, en sesión ordinaria, que el cuerpo apruebe su proyecto de declaración en el que se expresa un enérgico repudio a la medida adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en claro perjuicio de las garantías constitucionales y derechos adquiridos de las personas con discapacidad.

La iniciativa de la edila insta a que "el gobierno nacional revea formalmente la decisión tomada en función de que las pensiones por discapacidad garantizan derechos indiscutibles de este colectivo vulnerable y en consecuencia proceda a dar su alta de manera inmediata".

La declaración fue aprobada por la totalidad del Concejo, a excepción del bloque Unión PRO Federal, que decidió abstenerse.

En tanto, el diputado provincial Luis Rubeo presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita que esa Cámara le requiera al gobernador que pida explicaciones a la delegación santafesina de la Ansés. "Es inadmisible que se realice este tipo de ajustes, porque son de carácter estrictamente economicista", señaló el legislador.