Derechos vulnerados

La justicia ordenó que una mujer detenida pueda volver a ver a sus hijos

Lo dispuso tras lanzar severas críticas a un procedimiento de Niñez provincial, que derivó en la ruptura del vínculo filial hace 16 meses.

Viernes 13 de Noviembre de 2020

Con severas críticas a un procedimiento administrativo de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, una jueza de Rosario revocó una medida excepcional que había dispuesto el organismo sobre cuatro niños que fueron separados de su madre, quien esta privada de la libertad y desde hace más de un año no los ve y por lo tanto no pudo mantener el vínculo filial.

Elsa Mariela tiene 29 años y está detenida desde hace 16 meses en la Unidad 5 de Mujeres. Antes de tocar fondo, sufrió el abandono, violencia de género, cayó en el consumo de estupefacientes y desde pequeña tuvo una vida de privaciones y fue asistida por su extremo estado de vulnerabilidad.

En ese contexto fue madre de cuatro hijos: dos varones, hoy de 12 y 7 años, y dos niñas, de 5 y 1 año y medio. El año pasado, en un hecho confuso, fue detenida bajo sospecha del homicidio de Antonio Natalio Mercuri, un jubilado de 69 años oriundo de Casilda.

Mercuri fue hallado sin vida el martes 23 de julio debajo de una cama en una casa de Empalme Graneros. Mariela vivía allí y alertó a la policía del hallazgo del cadáver. Algo perturbada esgrimió un relato inconsistente y quedó detenida. A los dos días fue imputada y se dispuso la prisión preventiva sospechada de haber participado en el homicidio.

A los diez días, la Dirección Provincial de Niñez dictó una medida urgente de protección excepcional en relación a los tres hijos más pequeños de la mujer. El 29 de abril ya se había decidido en el mismo sentido sobre el nene de 12 años. El 3 de julio de 2019 se notificó a la jueza Gabriela Topino, del Tribunal de Familia Nº 7, para que hiciera el control de legalidad de las medidas.

Sin embargo, según una resolución de la jueza, a pesar de “múltiples intimaciones” para que respaldara judicialmente las actuaciones, como la notificación a la madre de la medida adoptada, la partida de nacimiento del nene y la resolución definitiva de medida excepcional, “en ninguno de los casos Niñez cumplimentó con lo requerido”.

Los nenes fueron alojados en una residencia del sistema de protección integral, y la bebé quedó a resguardo de una familia sustituta. Ante el vencimiento legal de esa medida (90 días), según la jueza, Niñez no acompañó información sobre la continuidad o ratificación de esa medida en el legajo judicial.

“Graves irregularidades”

Mariela compareció en el juzgado en octubre de 2019 y acompañó un informe del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (Sppdp) a través del cual solicitó el reintegro de su hija D., ya que dijo estar capacitada para ejercer su rol de madre.

Denunció que las actuaciones sobre sus hijos estuvieron “teñidas de cuestiones turbias”, que es una persona de escasos recursos, que vivió humillada y en la miseria, y no recibió la menor colaboración de Niñez para transitar su compleja realidad, lo cual le impidió volver a ver a sus hijos desde que está tras las rejas.

Ante la falta de información sobre el paradero y estado de los niños, un abogado particular tomó su caso. El profesional requirió al juzgado que remitiera copias del expediente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se evaluara “la posible comisión de ilícitos”, que se solicite a Niñez informes sobre el paradero y situación de los niños, y qué medidas se adoptaron para revincularlos con la mamá.

Según fundamentó, ocurrieron “graves irregularidades”, como invocar constancias inexistentes y vulneración del derecho de defensa. Detalló que los niños “fueron entrevistados sin control de parte ni participación de una defensora general, y sometidos a interrogatorios secretos, revictimizándolos”. También dijo que se elaboraron “informes discrecionales” con el objetivo de “sustracción o apropiación para pretender darlos en adopción”.

La jueza le corrió vista a la defensora general civil Nº 5, María del Rosario Damonte. El dictamen advirtió “falta de cumplimiento del plan” de Niñez (ver aparte).

 Antes de definir la situación, la jueza recordó el informe del equipo interdisciplinario de Niñez, donde se confirma que la medida de protección sobre M.V, R.V y D.G se tomó luego de que la madre quedara detenida. Como no había adultos a cargo, se planteó brindarle alojamiento, contención, cuidado, controles médicos y trabajar con la familia ampliada para garantizarle derechos, además de recomendar que no pierdan el vínculo con la madre.

 Sobre el niño mayor se detalló que habría intentado cometer hurtos, pasaba gran parte del día en la calle, tenía una escolaridad discontinua, y que su madre no podía retenerlo en la casa durante las noches. En ese momento Mariela estaba embarazada y era víctima de violencia de género por parte de su pareja, según el informe.

Y como el nene se encontraba expuesto a situaciones de vulnerabilidad, recomendaron darle alojamiento estable donde pudiera desarrollarse en un ambiente sano, con escolaridad y actividades recreativas. También se instó a que la madre se sometiera a un tratamiento psicoterapéutico para reelaborar su rol y construir un vínculo saludable con sus hijos.

Sin embargo, la jueza advirtió que durante todo este tiempo no hubo constancias aportada por Niñez que respaldaran ese plan de trabajo, ni la notificación a los progenitores de las medidas “a pesar de las reiteradas y múltiples intimaciones. Cobra especial gravedad teniendo en cuenta que ambas medidas fueron adoptadas hace más de un año”, apunta en la resolución.

Frente a las desprolijidades, la magistrada resolvió continuar con el control de legalidad de las medidas que adoptó el organismo, ya que las demoras en las que incurrió “sólo resultarían en la afectación del interés superior de los niños”. Pero revocó la medida excepcional sobre los cuatro chicos.

Además, convocó a una audiencia para el 27 de noviembre a la que deberán asistir Patricia Virgilio, como titular de la dirección local de Niñez; Analía Colombo, en su rol de Defensora Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, la defensora general y la madre de los chicos.

 Y dispuso que urgente se extraigan copias de todos los legajos confeccionados por Niñez. Y atento “a la gravedad de los hechos”, notificó al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia; dispuso que se practique un informe ambiental de los domicilios donde viven los niños y se designe una terna de abogados especializados en derecho de infancia para asignarle el Abogado del Niño.

La defensora detectó un “sin fin” de irregularidades

La defensora civil que compareció en el expediente de Mariela fue severa en relación las omisiones del Niñez en el procedimiento con sus hijos.

“El Estado, a través de su órgano de aplicación, no puede perder el norte de la vinculación de los progenitores o familia ampliada con los niños”, resaltó la abogada María del Rosario Damonte.

 La funcionaria detectó un “sin fin” de irregularidades por parte de la Dirección Provincial de Niñez, porque nunca notificó al progenitor de la niña D., no se informó el lugar de alojamiento de los niños, ni se resolvió definitivamente la medida de protección excepcional”.

En relación a D.G., pidió que se evalúe la posibilidad de que quede bajo cuidado de la mamá.

La letrada estimó que corresponde al juzgado de Familia continuar el control de legalidad de todo lo actuado.

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