La ciudad

La Justicia embargó los terrenos donde se levantan las torres Maui

Es en el marco de un juicio contra Servicios Portuarios, titular del complejo de Puerto Norte. Vecinos de barrio Refinería iniciaron la demanda por daño ambiental contra la ex cerealera.

Jueves 01 de Noviembre de 2012

El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 ordenó el embargo preventivo del terreno de la firma Servicios Portuarios donde se levanta el emprendimiento Maui, en la zona de Puerto Norte. La medida se da en el marco de un juicio por contaminación que iniciaron los vecinos de barrio Refinería contra las cerealeras que, hasta 2008, operaron en ese sector de la ciudad y afecta también bienes de Agroexport SA. Ambas firmas deberán responder por la suma de 10 millones de pesos, cinco cada una, reclamada por los demandantes.

La movida iniciada por los vecinos de Refinería para denunciar los perjuicios producidos por la actividad de las plantas cerealeras empezó a transitar por Tribunales en 2006. A mediados de ese año presentaron una demanda masiva por daño ambiental contra Servicios Portuarios y Agroexport, además de incluir a la Municipalidad por omisión en su deber de controlar el funcionamiento de esas empresas.

Esta semana, la causa dio un paso importante cuando los jueces del Tribunal Extracontractual Nº 6, Horacio Allende Rubino (de trámite) y Mónica Klebcar, ordenaron el embargo preventivo del terreno de avenida de la Costa al 2700, donde avanza la construcción del complejo de torres desarrollado por Servicios Portuarios, además de bienes o cuentas bancarias a nombre de Agroexport.

La demanda está movilizada por los abogados Iván Cullen, Nicolás Mayoraz y María Milva del Rosario Sánchez, en representación de 180 habitantes del viejo barrio Refinería, actualmente Islas Malvinas, que llevan más de 20 años advirtiendo sobre los efectos nocivos de la actividad portuaria (ver aparte).

Según explicó Mayoraz, el embargo preventivo "busca garantizar que, si finalmente las empresas son condenadas, los damnificados puedan cobrar".

"Por eso, se afecta la suma de 10 millones de pesos, cinco para cada una de las empresas, a valores históricos y preventivos para resguardar los intereses de los vecinos", dijo.

Con final incierto. ¿Qué consecuencias puede tener la medida judicial para el desarrollo inmobiliario que se levanta en Puerto Norte? En principio, explicó el abogado, eso dependerá de la marcha de la causa. "Servicios Portuarios puede sustituir el embargo con otros bienes, pero eso dependerá de ellos. Nuestro interés no es afectar un bien particular sino garantizar que cuando se termine el juicio, los vecinos puedan tener un resarcimiento", apuntó.

La causa iniciada en Tribunales es la primera acción de clase en materia ambiental que se presenta en la provincia. Y, si bien la demanda por daños y perjuicios fue presentada en 2006, recién pudo iniciarse en 2010, cuando se habilitó el trámite a partir de un solo juicio en lugar de establecer un proceso por cada uno de los demandantes. Una situación similar al litigio abierto por la situación de la cuenca del riachuelo en el Gran Buenos Aires.

Ahora comenzarán las audiencias en las que se deberán aportar las pruebas para demostrar los daños ambientales causados por las supuestas sustancias tóxicas que emanaban de las firmas cerealeras.

En ese sentido, Mayoraz apuntó tres que pueden resultar fundamentales. "En primer lugar, hay estudios realizados por la facultad de Bioquímica de la Universidad Católica Argentina (UCA) que, en análisis de sangre realizados a los vecinos, encontraron alta concentración de sustancias tóxicas. Y también análisis de aire que delataron la presencia de plaguicidas. Además, están las mismas actuaciones administrativas del municipio que, en varias oportunidades, clausuraron las cerealeras", señaló el letrado.

La puja judicial, recién está comenzando.

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