La Ciudad

La Fiscalía trabó la autorización otorgada a un hombre para ser donante de su cuñado

El caso está en la Justicia Federal. Ahora la Cámara debe decidir en 72 horas si se realiza el trasplante al paciente guatemalteco

Miércoles 28 de Octubre de 2020

El trasplante de hígado autorizado por la Justicia Federal de Rosario en primera instancia entre un paciente y su cuñado, ambos de nacionalidad guatemalteca, deberá esperar en las próximas 72 horas una nueva definición de la Cámara de Apelaciones. Si bien la jueza Sylvia Aramberri habilitó los trámites administrativos para concretar la intervención en el Hospital Privado de Rosario (HPR), la fiscal Adriana Saccone apeló el fallo argumentando posibles intereses económicos en la decisión del hombre de ser donante en vida del hermano de su esposa. Ahora, las abogadas patrocinantes del paciente que padece una cirrosis hepática descompensante y que requiere, de acuerdo a los informes médicos, un trasplante “urgente” casi como única chance de sobrevida, está en manos de los magistrados de la Sala A.

Tras la presentación del caso el 14 de octubre pasado donde se pide la intervención a la Justicia para Edy pueda convertirse en donante vivo de su cuñado pese a no haber entre ellos lazos de consanguinidad, y una audiencia donde participaron una veintena de profesionales y expertos, entre ellos médicos, psiquiatras, asistente social y autoridades del Cudaio, la fiscal Saccone fue la única que expresó objeciones.

A diferencia del resto de los actores que no sólo señalaron que “no se observan factores de coerción” en la intención de donar que manifiesta el hombre, sino que además que se trata de una persona “consciente de la decisión que ha tomado a beneficio de su cuñado” y capaz de “evaluar la información sobre los riesgos y beneficios de la donación”, la fiscal emitió un dictamen desfavorable y luego, tras la decisión a favor de la jueza Aramberri, apeló la decisión.

Los argumentos

En el escrito, Saccone se queja de que no se haya valorado el riesgo de vida del donante, y más aún, consideró que el consentimiento informado se trata de un formulario precinstituido y que no se acreditó que el donante sea la única persona apta para la operación.

Y más allá del vínculo que une a los hombres desde hace dos décadas, puso la mirada sobre una supuesta “situación de vulnerabilidad del donante” respecto del paciente que recibirá la intervención y que podría afectar su libre consentimiento. Para eso, señaló la relevancia de la asimetría económica que existe entre ambos, y se centró en el hecho de que el receptor trabaja en la Organización para las Naciones Unidas (ONU), gana 10 veces más que el donante, que a la vez recibe del receptor ayuda económica para su esposa y sus hijos.

Resaltó además que el receptor manifestó que seria el tutor de los hijos en caso de fallecimiento del donante, y puso en cuestión la modalidad de las entrevistas psicológicas requeridas por la norma y que se llevaron adelante en forma virtual en el marco de la pandemia, lo que hizo que en ese momento los interesados estuvieran en un mismo espacio físico.

Con eso, Saccone pide a los jueces integrantes de la Cámara de Apelaciones que revoque la autorización para la cirugía que había otorgado la jueza Aramberri considerando que “no hay vinculación emocional preexistente al acto de los interesados” y que si bien jurisprudencialmente se acepta el trasplante entre personas no relacionadas, en la particularidad del caso no se cumplen todos los requisitos para autorizarla que son la necesidad del trasplante, la gratuidad, la voluntariedad _porque el donante está en una posición de vulnerabilidad por su situación económica_, ni el consentimiento informado porque no le fueron acabadamente detallados los riesgos ni el impacto psicológico del procedimiento al que se expone.

La respuesta

Las abogadas que patrocinan el caso, Carina Mazzeo y Julia Canet, ya elevaron su respuesta a la apelación de la Saccone, donde si bien celebran “el rol proactivo asumido por la fiscal interviniente”, dejan en claro que “no se advierten argumentos sólidos que pudieran apoyarla”, e incluso consideran que “más bien evidencian una mera disconformidad con la decisión” tomada por la jueza de primera instancia.

Para las letradas, que integran el Capítulo Argentino de la Redbioética de la Unesco y vienen participando de proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires (UBA) respecto de trasplantes de extranjeros, consideran desde el punto de vista bioética que “se trata de un caso viable y todos los estándares éticos están resguardados”.

Además, recalcan que el fallo de Aramberri no sólo se apoya en las pruebas presentadas, sino además “por las opiniones de todos los profesionales intervinientes, defensor general, médico tratante, psiquiatra del equipo médico, psiquiatra designada por el tribunal, médica del tribunal, asistente social del tribunal, y autoridades del Cudaio”.

Y citan resoluciones “señeras” en materia de trasplante en casos de ablación y donación de órganos incluso fundados en la amistad, como sucedió en los tribunales de Santa en 2004 y 2013, en Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades en 2012, en Córdoba en 2013, e incluso antecedentes en Rosario en 2008 y 2014.

Lo cierto es que ahora, con 72 horas hábiles de plazo, serán los integrantes de la cámara los que definirán el pedido y si se avanza en la intervención.

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