La Corte Suprema de Santa Fe rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por los padres de un joven fallecido en la explosión del edificio de la calle Salta en Rosario para que no se archive una parte de la investigación, que señalaba a un empleado de la empresa de gas por autorizar una maniobra irregular con la llave de paso que provocó el escape y la tragedia.
Fuentes judiciales señalaron hoy que a casi un año y medio de la explosión que destrozó un complejo de viviendas en la calle Salta, donde murieron 22 personas, el máximo tribunal de la provincia desestimó la demanda presentada por los padres de una de las víctimas, Santiago Laguía, un estudiante de medicina. Claudia Vaio y Carlos Alberto Laguía presentaron su recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la jueza de instrucción penal Irma Bilotta de no indagar y archivar las actuaciones respecto del empleado de Litoral Gas, Alejandro Vila.
La pista que querían continuar los padres surgió cuando Carlos García, el gasista procesado por la explosión, manifestó en la causa haber recibido instrucciones y autorización de Vila para maniobrar de manera antirreglamentaria la llave que produjo el escape de gas. Pero la magistrada había considerado que no tenía elementos suficientes para indagar a ese empleado de Litoral Gas.
En tanto, una pericia contable ordenada por la jueza determinó que en los últimos diez años la empresa prestataria del servicio de gas invirtió cerca de 80 millones de pesos en materia de seguridad. Actualmente en la causa que tramita la jueza Bilotta se encuentran procesados por supuesto estrago culposo los inspectores de Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba, el jefe de ellos, Claudio Tonucci, la gerente técnica Viviana Leegstra y otras seis personas, entre ellos García, el gasista que manipuló la válvula antes de la explosión, y su ayudante.
También tiene como principales imputados al técnico José Luis Allala, quien estuvo trabajando en el sistema de gas del edificio unos diez días antes del siniestro, y los administradores del complejo habitacional, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repulli. La explosión se produjo en la mañana del 6 de agosto de 2013, cuando el técnico matriculado Carlos García y su ayudante concurrieron al complejo de Salta 2141, contratados por la administración del consorcio, para cambiar el regulador de gas ubicado en las cocheras ante las constantes quejas de los propietarios.
Durante los trabajos se produjo una importante pérdida de gas que se expandió dentro y fuera del edificio, lo que desencadenó una explosión y un incendio que en pocos segundos derrumbó el bloque central del complejo de departamentos y destrozó gran parte de las dos torres adyacentes, a la vez que dañó viviendas en un radio de 200 metros.
El gasista y su ayudante, Pablo Miño, alcanzaron a salir del lugar ilesos en pocos segundos entre el escape y la explosión. Por la explosión, 22 personas murieron y más de 60 sufrieron heridas, y los restos de los edificios debieron ser demolidos.
