La causa judicial en la que se investiga la muerte del periodista de LaCapital Marcelo Abram, atropellado por una lancha el 14 de noviembre de 2012 mientras nadaba en el río Paraná, llegará a sentencia en la Justicia provincial. Lo resolvió la Cámara Penal al revocar la resolución del juez que tramitaba el juicio e imprevistamente se declaró incompetente. "Estoy satisfecha y a la espera de que se haga Justicia", dijo Graciela Chatlhos, viuda de Abram, sobre la continuidad de un proceso penal que lleva 3 años y medio a la espera de un veredicto.
La instrucción del caso está cerrada con los procesamientos del Pablo F., por el delito de homicidio culposo como responsable de conducir la lancha, y de Nahuel A.D., uno de los acompañantes, por encubrimiento, ya que habría distorsionado los hechos.
A esa conclusión llegó la jueza Marcela Canavesio, que en mayo de 2013 obtuvo el grado de sospecha suficiente que la habilitó primero a imputar y luego a procesar al timonel de la embarcación por su conducta imprudente y negligente.
Se determinó que esa persona no tenía carné habilitante de timonel, que zarpó de una guardería náutica de Granadero Baigorria sin autorización y que la lancha que conducía no estaba a su nombre, sino de una mujer que fue convocada varias veces a Tribunales en el marco del juicio, pero nunca se presentó a declarar.
Con la requisitoria de elevación a juicio que hizo la fiscal Graciela Argüelles en marzo de 2014, el expediente pasó al juzgado Correccional Nº 9, en ese momento a cargo de Eduardo Núñez Cartelle.
Como ese funcionario fue trasladado al nuevo sistema penal oral, sus causas se redistribuyeron. Entonces el juicio quedó en manos de su colega Juan José Alarcón. Allí comenzó a trabarse el proceso con planteos e incidentes de la defensa.
Una pretensión que llamó la atención por extemporánea y sorpresiva llegó de parte de la titular de la lancha, que en lugar de asistir a los llamados del Tribunal como testigo reclamó que la causa se remitiera al juzgado federal.
A esa postura adhirió el abogado de Pablo C., al considerar que como el accidente ocurrió en aguas del Paraná, jurisdicción del Estado Nacional, correspondía la actuación de un juez federal.
No obstante, la fiscal Argüelles se opuso. Primero aclaró que la mujer no está habilitada para realizar ese tipo de planteos, ya que ni siquiera es parte del proceso.
"Importa un grave retardo de justicia que puede provocar la extinción de la acción penal, lo que podría producir un agravio irreparable", sostuvo en ese momento la titular de la acusación. Y elevó un escrito donde solicitó al juez que se expida sobre la incompetencia, que clausure la etapa probatoria y proceda con celeridad atento al tiempo transcurrido ante un eventual retardo de justicia.
Cuando todo hacía suponer que el juicio entraba en su recta final, en noviembre de 2015 Alarcón firmó un escrito a través del cual declaró la incompetencia material de su juzgado para intervenir, y ordenó remitir el expediente al juez federal en turno a la fecha del hecho.
Pero la controversia pasó a una segunda instancia luego de que el fiscal de la Cámara Penal, Guillermo Camporini, también apelara el cambio de radicación.
Esa conflicto se resolvió en una audiencia oral y pública que presidió la camarista Georgina Depetris en presencia de las partes.
Allí Argüelles recordó el derrotero de la causa e hizo hincapié sobre la extemporaneidad del planteo. Además dijo que "llamó la atención" que el recurso lo interpuso el abogado de un testigo, que nunca se constituyó como tal".
En la audiencia, la magistrada señaló que "corresponde revocar la decisión de Alarcón y ordenar la prosecución de la causa". Y reconoció que le llamó la atención que se le diera "relevancia y entidad" al testigo que pidió el cambio de fuero.
La jueza también recordó que Abram era "nadador de aguas abiertas, y el día que murió estaba en una zona marcada con boyas". Ahora sólo restar esperar el cierre judicial de un hecho trágico que además despertó la polémica en torno a los controles del parque náutico en río Paraná.
