Tienen nombres tan verosímiles como Proyecto Urbano, Mesopotámica, Vaupeq, Logística Porthos o Grupo Kaiken. Son sociedades de responsabilidad limitada y existen formalmente, pero su actividad comercial es ficticia y fueron inscriptas como empresas por un sujeto que para la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) carece de capacidad económica y tiene al menos una denuncia judicial por evasión fiscal.
  Según una denuncia penal de la Afip que investiga la justicia federal de Rosario, de la que este diario dio cuenta ayer, estas son algunas de las 24 empresas creadas por una organización delictiva al solo efecto de falsificar facturas que les permiten a otras compañías evadir impuestos por cifras millonarias.
  Detrás de estas empresas fantasmas, a las que la Afip llama “usinas” o “pantallas”, aparece siempre el mismo hombre: se llama Carlos Alberto Signorile y según la denuncia penal del organismo es el ideólogo y organizador de una asociación ilícita que en cinco años, entre 2003 y 2007, truchó facturas por más de 70 millones de pesos y facilitó a distintas empresas una evasión global por más de 33 millones.
  Tal como publicó ayer  La Capital, la denuncia de la Afip está en manos del juez federal Félix Angelini y ya disparó una serie de allanamientos y medidas judiciales en las que el magistrado habría sumado pruebas sobre la existencia de esta organización. La investigación sigue abierta pero se realiza bajo un estricto secreto de sumario.
  Otras de las usinas utilizadas para estas operaciones son Tec Luan, Coymat, Syuna, Randeng, Nezha, El Apero, Dett Mark, Guadales y Coninco. Otras más fueron inscritas con el nombre de personas: Héctor Gustavo Maglione, Alcides Barrios, Héctor Ruiz Moreno, Rubén Saavedra, Walter Montenegro, Raúl Argüello, Orlando Sosi, Gerardo Fernández y Arnesto Eduardo Medina. Todas están ahora bajo la lupa del juez Angelini.
  Según una investigación interna de la Afip, estas empresas fueron creadas con el único fin de falsear operaciones comerciales que luego compran los clientes de la organización para poder evadir el pago del IVA y el impuesto a las Ganancias.

El cerebro.  Signorile tiene domicilio fiscal y legal en Riobamba 1597 de Rosario y su actividad declarada es el transporte de carga de corta, media y larga distancia. Pero figura en la base de contribuyentes apócrifos de la Afip desde el 24 de marzo de 2000. Para el organismo federal no tiene capacidad económica.
  La evidencia recogida por los investigadores de la Afip probaría que Signorile se hacía pasar como contador de Tec Luán y Proyecto Urbano. Lo que es un hecho es que figura como apoderado de todas las usinas ante el Hexagon Bank Argentina, donde todas los contribuyentes ficticios tienen cuentas bancarias.
  Junto a Signorile figuran en la denuncia que la Afip Rosario entregó en noviembre de 2008 al juez Angelini varios contadores, abogados y escribanos. Uno de ellos es el contador Osvaldo Signorile, que es hermano del hombre señalado por el propio organismo como líder del grupo.
  Otro dato significativo de la denuncia de la Afip es la nómina de clientes de esta organización delictiva, entre las que figuran compañías importantes y conocidas de Rosario y de otras ciudades.
  La evasión global de estas empresas entre 2003 y 2007 alcanzó los 33.503.917 millones de pesos. Algo más de 20 millones corresponden a Ganancias y los otros 13 millones al IVA. Esa formidable maniobra fue posible gracias a la emisión de facturas falsas por 72.709.594 millones de pesos que las empresas evasoras compraron a la organización delictiva cuyo jefe sería Signorile.

Los “clientes”.  Entre esas empresas evasoras figura Avril Gastronomía SA, que de acuerdo a la Afip compró facturas falsas por 3.560.66 pesos y así evitó el pago al fisco de 1.029.858 correspondientes al impuesto a las Ganancias y 617.914 correspondientes al IVA.
  También aparece Acción Social de Empresarios (ASE), una obra social de alcance nacional para personal jerárquico que compró facturas truchas por 2.832.553 millones de pesos y evadió por 1.310.000 millón.
  Cimomet SA, una compañía de montajes industriales que en estos momentos levanta Puerto Noble en Timbúes, se hizo de facturas dibujadas por 1.021.444 pesos. Laromet, una empresa rosarina de ingeniería y obras también era “cliente” de Signorile y compañía: compró facturas por 745.282 pesos y así evadió por 244 mil pesos. En la lista también se anota otra empresa que ejecutó varios proyectos para la Municipalidad de Rosario y compró facturas truchas por 824.034 pesos.
  La Afip pidió que todas sean investigadas por evasión, evasión agravada y uso de documento falso. Quienes crearon la logística para que pudieran hacerlo, en tanto, también son sospechosos de falsificación de documento y asociación ilícita.