La ciudad

La Capital recuerda con un suplemento especial los 40 años del golpe de 1976

La fecha que abre la violencia estatal sistemática más trágica de argentina proviene de un pasado cruento y la aplicó un gobierno de facto que contó con consenso. Leé el suplemento. 

Jueves 24 de Marzo de 2016

Cada 24 de marzo inscribe una conmemoración singular del golpe cívico militar de 1976. La fecha no señala una efeméride convencional sino una especie de punto de eclosión donde pasado y presente se traman en un relato surcado de tensiones y fracturas y donde nuevas perspectivas e interpretaciones reabren tanto el sentido de los hechos históricos como la comprensión de la actualidad. Los debates sobre los distintos aspectos de la dictadura, las responsabilidades políticas y las actitudes de la sociedad civil, entre otros temas, y al mismo tiempo la contextualización de esas cuestiones para canalizar demandas contemporáneas determinan cada año una agenda diferente en el día nacional de la memoria. 

Lejos de fijar de una vez y para siempre su contenido, dice Pilar Calveiro, la memoria se encarga de deshacer y rehacer sin tregua aquello que evoca. “Esta experiencia me costó muchas noches de insomnio. Uno revive momentos de extremo dolor, de extrema vejación, de extrema indignidad. Y hasta parece, con el tiempo, que recuerda con mayor nitidez”, declaró Ana María Ferrari en su testimonio en la causa Díaz Bessone, en noviembre de 2010. En el mismo movimiento la memoria no deja de inquietarse por la fidelidad de su registro, en un acto de interrogación que comprende al sentido que los hechos tuvieron para los protagonistas y su resignificación en el presente desde el que se habla.

El 24 de marzo pone así en juego distintas versiones de la historia y a la vez distintas miradas sobre la actualidad. No funciona exactamente como una bisagra. Cuando se plantea el debate sobre el número de desaparecidos, una controversia recurrente en los últimos años, no se apunta solo a una corrección histórica sino, sobre todo, a la proyección de ese dato en la coyuntura y a su impacto en la confrontación política. La polémica surgió en el contexto de la discusión sobre la política de derechos humanos del kirchnerismo, y en los usos de sus principales antagonistas tiene más que ver, a primera vista, con la crítica del kirchnerismo que con los hechos del terrorismo de Estado; pero también surte efecto, como cada pieza que se mueve en el tablero, en el horizonte del pensamiento social, en el recorte de sus posibilidades y de sus límites.

El ojo de la cerradura

Las denuncias de las organizaciones de derechos humanos —en Rosario, a partir de 1977, cuando se constituyó la filial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos—, las investigaciones de la Conadep, el juicio a las Juntas militares, los trabajos de historiadores y periodistas y más recientemente los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron conocer el funcionamiento del terrorismo de Estado y construir un consenso social de rechazo a sus crímenes. 

El circuito de la represión en Rosario comenzó a surgir de la sombra y el silencio en que funcionaba durante la misma dictadura. En septiembre de 1979, en su visita al país, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Cidh) tomó la denuncia del militante comunista Sergio Schilman, secuestrado un mes antes en la puerta de su casa por un grupo de integrantes del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional. El mismo Servicio de Informaciones, el Batallón 121, la Fábrica de Armas Domingo Matheu, el Comando del II Cuerpo de Ejército (en el actual Museo de la Memoria), La Calamita (en Granadero
Baigorria), La Quinta de Funes, los albergues para trabajadores solteros de Acindar (en Villa Constitución), La Intermedia (en La Ribera), la Fábrica de Armas de Fray Luis Beltrán y la Escuela Técnica Osvaldo Magnasco fueron tempranamente reconocidos como centros clandestinos en la ciudad y su zona de influencia. Una historia cuyo único relato eran por entonces los comunicados del II Cuerpo, que los diarios de la época transcribían en forma textual, sin quitar ni poner una coma.

El 9 de abril de 1976, al asumir como interventor de la Unidad Regional II, Agustín Feced expuso el plan criminal: “Comenzaremos la guerra total contra la guerrilla y la subversión. A los extremistas les digo que a partir de este momento tienen doce horas para abandonar la ciudad. De lo contrario nosotros los acompañaremos al cementerio”. Se difundió en la prensa de la época y se publicó más tarde en estudios y artículos sobre el período. Menos conocido, en cambio, es el reconocimiento que Roberto Murdocca, presidente de la Federación Gremial del Comercio y la Industria, manifestó en nombre de las fuerzas vivas de la ciudad en marzo de 1978, cuando Feced dejó el cargo y fue homenajeado en un acto realizado en el Palacio Municipal.

La declaración de guerra de Feced era más amplia de lo que en principio parecía. Subversivo fue una categoría deliberadamente incierta en el lenguaje de los represores, que primero refirió a los miembros de las organizaciones armadas, después a militantes políticos y sindicales y finalmente se extendió a cualquier grupo que no apoyara a la dictadura, a los organismos de derechos humanos, a los familiares, los amigos y los vecinos de las víctimas.

El general Ibérico Saint Jean, interventor en la provincia de Buenos Aires, lo pasó en limpio en mayo de 1976: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. En la misma línea volvió a pronunciarse Feced en agosto de 1977, durante el acto por el aniversario de la policía de Rosario: “Sólo con el plomo dialogaremos (?). No más palabras: derrota y aniquilación, sí”.

Los nombres de los represores comenzaron a conocerse en 1984, cuando la delegación local de la Conadep elaboró la primera lista, y su registro sigue en construcción, con los avances de los juicios por delitos de lesa humanidad; la última referencia data de principios de este mes cuando Juan Carlos Bossi, ex personal civil de Inteligencia del Ejército en Rosario e integrante del grupo de tareas que operó en la Quinta de Funes, fue detenido en la ciudad de Medellín. A la vez, la brutalidad de las acciones y las palabras de Feced y otros connotados represores (“yo soy lo que se llama un torturador asesino”, José Lofiego dixit), postergó durante mucho tiempo la visualización de otros responsables en distintos niveles de la represión. 

De la misma manera, los casos de ex detenidos que colaboraron con los represores y de civiles que intervinieron en episodios emblemáticos de la persecución ideológica, como los interventores del Complejo de la Biblioteca Vigil o de la Universidad Nacional de Rosario, en una época signada por el cupo de ingreso, el arancelamiento de los estudios, el cierre de carreras, el desmantelamiento del sistema hospitalario de la Universidad y la expulsión de profesores; el apoyo reiterado de la prensa local de la época a los militares y la actividad de grupos que hoy resultan tragicómicos pero que ejercieron influencia a nivel cultural y propiciaron la censura, como la Liga de la Decencia, fueron los extremos más visibles de un fenómeno complejo y todavía poco abordado.

La historiadora Gabriela Aguila lo planteó en el libro que el Museo de la Memoria publicó en torno al debate sobre Ricardo Chomicki, acusado de colaborar con la represión: “En todos los sectores de la sociedad hubo “colaboradores”, gente que aceptó y participó gustosa en las convocatorias de la dictadura: directoras de escuelas que informaban a sus superiores sobre maestras “subversivas”, profesores universitarios que ocuparon puestos dejados vacantes por cesanteados, exiliados y desaparecidos, dirigentes políticos que se desempeñaron como gobernadores, intendentes o “asesores civiles” de distintos gobiernos, hombres y mujeres de las artes y la cultura que se entrevistaron con funcionarios militares. Así como hubo algunos que escribieron cartas a miembros de las Fuerzas Armadas, gobernadores y directores de servicios de inteligencia denunciando comportamientos “subversivos” de empleados públicos, maestros o profesores, y personas que alertaron a las fuerzas represivas sobre movimientos extraños o “sospechosos” de sus vecinos, o enviaron cartas de lectores a los diarios expresando su apoyo al gobierno militar o a algunos de sus “logros”. 

Historia actual.

La participación civil en el último régimen militar es una de las cuestiones más importantes en la agenda actual del 24 de marzo. Y también una de las más espinosas, como mostraron las reacciones ante el proyecto de crear una Comisión Bicameral para investigar la complicidad de los grupos económicos durante la última dictadura.

En septiembre de 2015 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, con las abstenciones del PRO y a sus aliados de Salta y Mendoza, la conformación de una comisión para determinar quiénes fueron “los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron “apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”. 

“El proyecto es particularmente inoportuno en un momento en que debe fomentarse la concordia entre todos los argentinos (?).Todo ilícito que se cometa en cualquier ámbito debe ser penalizado mediante el debido proceso por el Poder Judicial”, declaró la Asociación Empresaria Argentina. La Unión Industrial Argentina se pronunció en términos similares.”Existe el riesgo de que más que investigar se pretenda perseguir a los empresarios”, agregó la Cámara Argentina de Comercio. 

Los impulsores de la iniciativa respondieron que “la comisión no tiene por objetivo juzgar a los implicados sino describir los aspectos más salientes y las consecuencias de la política económica de la dictadura e identificar a los actores que contribuyeron o se beneficiaron aportando apoyo técnico, político y logístico”, aunque “si se advirtiera la existencia de delitos, se podrán formular las denuncias ante la Justicia”.

En noviembre de 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación editó el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, un estudio que recopila la información existente sobre el tema con el añadido de investigación propia y presenta los casos ocurridos en los ingenios Concepción, La Fronterita y Ledesma; Minera Aguilar, La Veloz del Norte, Acindar, Dálmine-Siderca, Astilleros Astarsa y Mestrina, Lozadur y Cattáneo, Ford, Mercedes-Benz, Grafa y Grafanor, Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Petroquímica Sudamericana, Swift Planta Berisso, Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Fiat, Las Marías, Loma Negra y La Nueva Provincia. 

A partir de marzo de 1976, dice el estudio, “se combinaron con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el accionar empresarial para ejercer el poder represivo contra los trabajadores”, y esa articulación “formó parte de la estrategia de grandes empresas, que pusieron en juego una amplia variedad de prácticas represivas que incluyeron la entrega de información y el aporte de recursos logísticos y materiales a las fuerzas represivas y la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de sus fábricas, entre otras”.    

La situación es particularmente clara  en Acindar, cuyo directorio al producirse el golpe tenía como presidente a José Alfredo Martínez de Hoz y donde 18 trabajadores fueron asesinados, 8 se encuentran desaparecidos y 69 estuvieron detenidos y luego fueron liberados. “La empresa no solo tenía conocimiento acerca de las violaciones a los derechos humanos, sino que puso además una diversidad de recursos a disposición del aparato represivo. Son ejemplo de ello la militarización de la planta a través del funcionamiento de un destacamento policial dentro de ella, que fue usado no solo para albergar a integrantes de las fuerzas represivas sino también como centro clandestino de detención; la detención de trabajadores en su lugar de trabajo; la provisión de medios de transporte y la provisión de legajos personales de los trabajadores e información para que se pudiera llevar a cabo la detención, entre otros”, señaló el informe.

Otro aspecto de la conmemoración actual es la apertura de archivos sobre el terrorismo de Estado durante la dictadura. La novedad tiene que ver con los donantes de la información: el gobierno de EEUU y la Iglesia Católica. En el segundo caso es particularmente significativo, ya que la complicidad de religiosos en la represión permanece como una de asignatura pendiente en los juicios por los delitos de lesa humanidad. También porque se encuentra suficientemente documentado el apoyo de la Iglesia a la dictadura, como fue el caso del Arzobispado de Rosario, a través de Guillermo Bolatti.

Hasta el momento, el único sacerdote condenado es el ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, “un torturador y asesino que formó parte de un comprobado plan criminal” según el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata que en 2007 le impuso prisión perpetua por haber sido partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas y de la aplicación de tormentos agravados de otras cinco; como coautor de tormentos agravados de 26 personas y de las privaciones ilegales de la libertad agravadas y homicidios triplemente calificados de otras siete personas. Los procesos contra sacerdotes avanzan con lentitud, como el que enfrenta el ex capellán de la policía de Rosario, Eugenio Zitelli, ante la Justicia Federal. Otros parecen más lejanos, como los capellanes de la ESMA que aseguraban el carácter cristiano de arrojar desaparecidos vivos al mar, según el relato de Adolfo Scilingo. 

Los recuerdos tienen sus lagunas y sus fallas. Y también sus líneas de fuerza. Al declarar en la causa Díaz Bessone, Ana María Ferrari relató que una noche, antes de que se lo llevaran del Servicio de Informaciones para darle muerte, un detenido al que no pudo verle la cara le estrechó la mano. “Durante todos estos años de impunidad he pensado muchas veces en esa noche con una mano que fue una
promesa, y por esto estoy acá”, dijo. No podía haber explicado mejor de qué se trata la transmisión de la memoria.

 

 

 

 

 

 

 


 

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