La ciudad

Irán a juicio los 11 procesados en lacausa por la tragedia de Salta 2141

El Ministerio Público busca demostrar la negligencia del gasista que manipuló la instalación, pero también la responsabilidad penal de Litoral Gas por impericia en los controles al edificio.

Sábado 06 de Junio de 2015

A casi dos años de la peor tragedia que sufrió Rosario cuando el 6 de agosto de 2013 una arrasadora explosión por fuga de gas redujo a escombros el complejo de edificios ubicado en Salta 2141 causando 22 muertes, se puso punto final a la etapa de investigación judicial del hecho. En los próximos días la fiscalía hará la acusación formal contra los 11 procesados por el delito de estrago culposo agravado, y la requisitoria de elevación a juicio. Esos serán los pasos siguientes en un expediente impregnado del dolor de los familiares de las víctimas y su incesante reclamo de Justicia. El Ministerio Público busca demostrar la negligencia del gasista que manipuló la instalación, pero también la responsabilidad penal de Litoral Gas por impericia en los controles al edificio previo al siniestro. También, la incapacidad de los administradores del inmueble que desoyeron múltiples quejas de los vecinos.

Sólo faltan algunos trámites para que la causa Nº 970/13 sea elevada a juicio. La jueza Irma Patricia Bilotta, que se hizo cargo de la instrucción luego de la participación inicial de sus pares Juan Carlos Curto y Javier Beltramone, nada más espera que la Corte Suprema de Justicia de la provincia se expida respecto a si se abre o no el recurso extraordinario federal de inconstitucionalidad planteado por los abogados defensores de Litoral Gas.

Esa resolución del Alto Tribunal es inminente (podría ser la semana próxima) ante lo cual sólo resta correrle traslado del cierre de la instrucción a la fiscal Graciela Argüelles, quien junto a su par adjunto Luis Schiapapietra harán la acusación formal y la requisitoria de elevación a juicio.

Voceros cercanos al trámite aportaron que los fiscales ya tienen prácticamente redactado el escrito de la acusación, donde no sólo buscan probar el obrar negligente del gasista Carlos García (manipuló el regulador a las 9.20 del 6 de agosto y desató la fuga en el gabinete del edificio), sino la responsabilidad penal de la empresa, de los administradores del condominio y de un gasista que realizó un arreglo 10 días antes.

En ese camino se señala la impericia de cinco empleados de Litoral Gas procesados por Bilotta: los inspectores Gerardo Bolaños (cortó el gas el 25 de julio sin colocar el cepo de seguridad), Luis Curaba y Guillermo Oller (reconectaron el servicio dos días después sin respetar los protocolos), y el titular de sección redes domiciliarias, Claudio Tonucci, aparte de Viviana Leegstra, gerenta del área técnica.

En las últimas semanas y como parte de medidas tendientes a reforzar esa cadena de errores, la fiscalía consideró valiosas algunas evidencias. Por ejemplo un careo entre el gasista García y el empleado Alejandro Vila (se le había tomado inicialmente declaración informativa) para aclarar un punto que fue motivo de controversia.

Es que García dijo desde un primer momento que antes de manipular el gabinete se presentó en las oficinas técnicas de la empresa para pedir instrucciones y allí, verbalmente, Vila le dijo que procediera.

Pero el careo se frustró, o se realizó a medias. Mientras que el gasista acudió al juzgado, Vila decidió no presentarse. Entonces Bilotta resolvió escuchar a García —ratificó sus dichos— y cotejo su declaración con la que oportunamente se le tomó al empleado de prestó declaración informativa. En esa oportunidad negó hablar con Gasista, duda tal esclarezca el juicio.

Pero no fueron los únicos desfilaron por Tribunales en estos días. También fue convocado Miguel Ocampo, presidente de la Asociación de Gasistas de Rosario. En múltiples entrevistas, dejó en evidencia cierto desamparo al que estuvieron expuestos los matriculados respecto al trato con Litoral Gas.

Entonces la fiscalía buscó corroborar sus expresiones públicas con una declaración judicial. El gasista ratificó en líneas generales que la empresa modificó la modalidad de trabajo con los gasistas luego de la tragedia.

Sucesión. Es que entre otras consideraciones públicas a pocas horas del accidente, Ocampo dijo que "un gasista no toca una llave y explota un edificio... fue una sucesión de hecho ligados a la empresa y la antigüedad del edificio". Ahora el hombre se mantuvo en esa postura, pero le bajó un poco el tono de confrontación con la empresa.

En la causa existe otra declaración de un profesional con relación con la prestadora del servicio. Y sumó el dato que había quedó en evidencia con García. Dijo que la empresa acostumbraba a autorizar "de palabra" trabajos en las instalaciones, incluso a manipular las llave de corte del suministro.

Aumento. A principio de mayo también fue convocado al juzgado Gastón Bruno, gerente regional de Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El funcionario confirmó que antes del siniestro, por ejemplo en 2013, se realizaba un promedio de 6 auditorías al año sobre Litoral Gas.Y que en 2014 fueron 19 las inspecciones. "Son indicios que hay que analizar", dijo una fuente cercana al caso en referencia al crecimiento cuantitativo de los controles.

De acuerdo al perfil que mostró la fiscalía en estos 17 meses de investigación, todas las evidencias podrían sostener las pruebas del juicio. Allí se intentará demostrar que, además del gasista, Litoral Gas, los administradores y el otro matriculado que trabajó días antes de la explosión, contribuyeron con su accionar negligente a provocar la peor tragedia que recuerde Rosario.

En la instancia del plenario escrito la fiscalía expondrá sus pruebas y la defensas las estrategias para desligar a los imputados. Las penas para el delito de estrago culposo agravado por las muertes tiene un mínimo de prisión de 1 mes y un máximo de 5 años, que podrían ser de cumplimiento efectivo, aunque ello depende de la sentencia definitiva y el requerimiento (vinculante) de la fiscalía.

Los familiares de las 22 víctimas de la explosión en Salta 2141 se movilizaron una vez más frente a la sede de Litoral Gas (Mitre y San Lorenzo) donde con caretas y máscaras a rayas metaforizaron su reclamo de exigir que los responsables de la tragedia desatada el 6 de agosto de 2013 vayan tras las rejas.

La marcha recorrió varias arterias céntricas y desembocó frente a las oficinas de la empresa prestataria del servicio de gas. Allí, con pancartas, batucada y caretas rayadas blancas y negras exigieron ampliar la imputación a la línea gerencial de la concesionaria.

"Creemos que la gerencia de Litoral Gas se está escapando de la imputación. Ellos son responsables de lo que pasó. Son gerentes de una empresa que provee gas, no de una fábrica de galletitas. Traemos estas máscaras para significar la cárcel que pedimos para los que siguen libres", expresó Marcela Nissoria, familiar de una de las víctimas a LaCapital .

Otra de las voceras de la manifestación destacó estar en desacuerdo con la nómina de imputados. "La gerencia no se puede escapar y hasta ahora lo están haciendo. Queremos un juicio rápido pero también efectivo; cuando una persona se equivoca debe pagar y cuando uno mata tiene que pagar".

Dolor. Hoy se cumplen 22 meses de la trágica explosión que provocó 22 muertes en Salta 2141. "Sentimos mucho dolor, es como que se empieza a asimilarlo y comprender que ya no están más, pero se suma el dolor de la impunidad, y ves cómo el ser querido ya no está. Queremos que el dolor ceda con justicia y podamos hacer el duelo como cualquier persona", sentenció Nissoria.

Otro de los manifestantes también explicó las instancias de la causa judicial que registra escasos avances. "Hemos pedido la declaración del inspector de Enargs (Ente Nacional Regulador del Gas) que fue puesto a dedo por el ministro (de Planificación federal) Julio De Vido y la presidenta de la Nación (Cristina Fernández). Ellos deberían haber controlado la actividad de Litoral Gas que se hacía de forma deficiente y que permanentemente tenía inconvenientes", indicó el manifestante.

Entre las quejas también figuró el escaso avance de la investigación por Salta 2141 y el anexo como querellantes que solicitaron se incorpore a la causa. "Necesitamos que la fiscal y la jueza revean esta situación, que se incorpore al expediente principal, por el momento no ha hecho lugar", apuntaron.

Pintadas. El mediodía del húmedo viernes en la esquina de Mitre y San Lorenzo se vio transformado por la manifestación que restringió la circulación vehicular a pura batucada, mientras las puertas de Litoral Gas permanecieron cerradas. Sobre la fachada por Mitre, podía leerse en aerosol: "22 muertos, 11 imputados, ningún preso".

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