La ciudad

Investigan si hay empleados estatales involucrados en la estafa de viviendas

Lo confirmó el fiscal de Delitos Complejos. Hoy se efectuará la audiencia imputativa a  Lidia G.,  la mujer detenida, acusada de engañar a unas 250 familias.

Jueves 04 de Junio de 2015

La Justicia investiga si detrás de la mujer detenida, acusada de haber estafado a 250 familias a quienes pidió dinero a cambio de viviendas sociales, hay algún empleado estatal involucrado. Así lo informó el fiscal de Delitos Complejos, Sebastián Narvaja, tras confirmar que Lidia G., no se desempeña en la administración pública. Hoy se efectuará la audiencia imputativa a la mujer sindicada como la responsable del engaño colectivo respecto a soluciones habitacionales en Zona Cero.
  El fiscal remarcó que Lidia G. “no trabaja en ninguna dependencia del gobierno provincial, y no tenía acceso. Ni siquiera tiene edad para trabajar y no tienen ninguna vinculación con el gobierno (provincial)”.
  Sin embargo, se está averiguando “si algún empleado de planta pudo tener alguna relación con estas maniobras” de engaño denunciadas por más de 250 familias de distintos barrios de la ciudad.
  El fiscal de Delitos Complejos, precisó que Lidia G., la mujer acusada de la estafa, continuará detenida al menos hasta hoy, cuando se realice la audiencia imputativa.
  Además, ratificó que por la cantidad de estafas por la que se la acusa, si esos delitos se acumulan al momento de imponerle una condena, la sanción penal podría llegar a 50 años.
  “Por la cantidad de casos que hay denunciados, como las penas se van acumulando, el máximo de la pena quedaría en cincuenta años. Pero eso dependerá del desarrollo del juicio”, explicó.
  Narvaja apuntó que “en principio se le imputará una serie de casos de estafas genéricas y al menos un caso de estafa especial, es decir de aprovechamiento de personas incapaces”.
  El fiscal admitió que las denuncias de los damnificados fueron verosímiles y que todos creyeron de alguna forma que podrían acceder a una vivienda, pagándole una suma de dinero a esa mujer.
  “Hasta último momento hubo gente que tenía esperanza de acceder a una casa o al menos de recuperar su dinero”, agregó el representante del Ministerio Público de la Acusación.
  Al respecto, Narvaja se excusó de responder si los damnificados podrán recuperar el dinero aportado a la presunta intermediaria. “Eso no lo podemos saber, hemos solicitado una serie de medidas de prueba pero por ahora no tenemos datos sobre los fondos”, señaló por La Ocho.
  En la audiencia imputativa de hoy en los Tribunales, la Fiscalía denunciará a la detenida en base a los datos aportados por al menos 250 familias, quienes desde 2009 se contactaron con Lidia para acceder a una vivienda social.
  Todos los perjudicados contaron que la mujer les pidió, entre 4.000 y hasta 16 mil pesos para agilizar el trámite y evitar el sorteo para obtener un techo propio en la zona noroeste.
  A cada uno le entregaba un precario recibo, de nulo valor legal, donde figuraba el monto y la fecha del aporte. Además les solicitaba documento de identidad, recibo de sueldo y certificado de no poseer antecedentes penales.
  Desde ese momento aparecían las promesas sobre una inminente entrega que nunca se concretó. La ira colectiva estalló el viernes pasado cuando varios damnificados quisieron incendiar la casa de la presunta estafadora. Tuvo que intervenir Gendarmería y la policía provincial para evitar desmanes.

“Santa Fe es modelo en política habitacional”

Un especialista en políticas públicas de viviendas destacó la “transparencia en la asignación de las soluciones habitacionales en la provincia de Santa Fe”. La aseveración la planteó Guillermo Cruces, subdirector del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigador del Conicet.
  El equipo que conduce Cruces relevó los mecanismos de entrega de las viviendas sociales. Y concluyó que “Santa Fe, a diferencia de muchas otras jurisdicciones tiene un sistema totalmente transparente, justo y equitativo en la adjudicación”.
  Cruces remarcó que el gobierno santafesino “tiene publicado en internet el padrón con los inscriptos, los adjudicatarios tras el sorteo público supervisado por escribano, con su respectivo documento y los suplentes”.
  “Además —siguió— sólo se establecen una serie de condiciones para anotarse como no poseer una vivienda y luego hay igualdad de oportunidades. En otras provincias se establece un orden de mérito que es pasible de ser manipulado”.
  El subdirerctor del Cedlas no dudó en afirmar que Santa Fe es “modelo en política de adjudicación de viviendas sociales”.

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