La Ciudad

Insólita pelea entre dos abogadas por la desaparición de la hoja de un expediente

En 2018 una letrada notó que faltaba el documento y lo advirtió al juzgado. Su contraparte se sintió ofendida y decidió demandarla penalmente

Domingo 06 de Diciembre de 2020

El 30 de julio de 2010 un hombre robó un expediente de un juzgado civil de los Tribunales de Rosario. Cinco años después lo condenaron a 12 meses de prisión condicional por “defraudación por ocultamiento de un proceso”. Cansado de esas maniobras, el juez tomó una decisión que disparó la polémica: instaló cámaras en la mesa de entradas para evitar que las “aves negras” se posen en el lugar. Una década después una hecho similar desató un inusual conflicto. Una abogada denunció ante el juzgado la desaparición de la foja de un expediente de Familia, y su colega de la contraparte se sintió tan agraviada que le inició una querella por calumnias e injurias, y reclama una reparación económica de 200.000 pesos. Se trató de conciliar ante una jueza penal, pero no hubo acuerdo y el caso se va a dirimir en un juicio oral y público.

Si bien son hechos aislados y puntuales, parece que algunas viejas prácticas profesionales aún se mantienen en los Tribunales provinciales. Lo llamativo de esta situación es que escaló a niveles insospechados, se criminalizó y motivó la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Ahora parte de la estructura del sistema penal del Estado se destinará a resolver un conflicto que tuvo como disparador la sustracción de la foja de un expediente reservado en el juzgado de Familia Nº 5 los Tribunales provinciales de Balcarce y Pellegrini.

Según indicaron distintas fuentes, todo se precipitó en 2019, cuando la abogada Brenda C. detectó que en el expediente 937/16 donde representaba a una clienta por un divorcio y regulación de alimentos para su hijo, faltaba un decreto firmado por la jueza. Esa dictamen resolvía fijar la cuota alimentaria como paso previo a formalizar la retención del dinero en los haberes del padre.

Apenas notó la irregularidad, en la misma mesa de entradas la abogada puso el grito en el cielo y se lo notificó a la secretaria del juzgado. Claro, eso retrasaba un paso importante para darle respuesta a su clienta. El hecho escaló a niveles insospechados.

En la vereda de enfrente, como apoderada del padre, estaba la abogada Stella Maris Z, quien, al tener acceso al expediente, se sintió agraviada ante el supuesto señalamiento de su colega como la responsable del faltante de la documentación.

Aunque supuestamente la denunciante ensayó un pedido de disculpas en un cruce posterior en los pasillos del Tribunal, la ofendida no lo aceptó. Hasta ahí, parecía quedar todo en una anécdota, en un cruce como tantos entre profesionales, especialmente en los juzgados de Familia. Nada que no se pudiera solucionar con un café de por medio en el bar de la planta baja del edificio.

Sin embargo, la abogada ofendida directamente fue por más y querelló a Brenda C. y a su clienta por calumnias e injurias, trámite que ingresó al MPA el 11 de febrero de 2019 bajo el número de legajo 21-07022179-6. Como es un delito de acción privada, la denunciante debe impulsar las acciones, según el procedimiento.

La supuesta damnificada decidió reactivar el legajo en noviembre del año pasado, cuando se convocó a una audiencia de conciliación delante de un juez. Pero no hubo acuerdo porque Stella Maris Z. no solo se empeñó en seguir adelante con el proceso judicial, sino que además reclamó una reparación económica de 200.000 pesos.

Dispendio de recursos

Si a esa altura el dispendio de gastos y recursos del Poder Judicial parecía desproporcionado en relación al conflicto, el jueves se confirmó. Porque en la grilla de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) se anunció una segunda audiencia de conciliación, que por razones sanitarias se formalizó por la plataforma Zoom ante la jueza Valeria Pedrana.

Con el patrocino del abogado penalista Fernando Mellado, la querellante insistió con su propósito, según indica el acta oficial del caso. En esa instancia también volcaron su versión la querelladas. La abogada Brenda C. expresó que nunca quiso injuriar ni cometer delitos, y consideró “desproporcionada” la suma exigida por su colega.

A su turno, la doctora Z. fundamentó los motivos por los cuales se sintió calumniada. En ese momento su apoderado trató de que las manifestaciones de las denunciadas fueron más explícitas en relación al pedido de disculpas. Mellado consideró que esa retractación debía “ser clara” como aspiraba su representada, ya que de otra manera “no habría conciliación”.

La abogada demanda insistió en que ya le había ofrecido las disculpas personalmente, y luego se hizo saber lo mismo en el expediente. La ofendida dijo que no era suficiente, tras un intercambio entre las mismas letradas sobre ese pedido de disculpas, se pasó a un cuarto intermedio.

Juicio en puerta oral

El respiro no calmó las aguas. A través de su abogado, la querellante manifestó que la postura definitiva era “aceptar una retractación en el ámbito civil, que la querellada cargue con las costas proceso, ya que Z. no renunciará a la posible acción civil”.

El abogado Carlos Edwards, defensor de las denunciadas, rechazó la propuesta, con lo cual quedó casi definitivamente cerrada la posibilidad de llegar a una solución extrajudicial del inusitado conflicto. Como paso previo al juicio se debe producir la prueba, el abogado pidió avanzar en ese sentido. La querella respondió que necesitaría más tiempo, porque hacía solo una hora que había tomando contacto con la documentación.

La jueza Pedrana advirtió que no había posibilidad de acuerdo o conciliación, y ordenó pasar a un cuarto intermedio hasta la semana próxima. En una nueva audiencia se tratará la admisibilidad de las pruebas que ofrecerán las partes en el inusual debate, donde se ventilarán detalles del culebrón entre abogadas locales por la desaparición de la foja del expediente de Familia.

“Hay mitología alrededor del robo de expedientes”

El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck, observó sorprendido que el incidente del faltante de la foja escale a una querella entre las abogadas del fuero local, y hasta que se dirima en un juicio, aunque trató de no darle de no magnificar los hechos de robo de partes de un expediente. “Hay un mitología alrededor de esas cuestiones que no son tales, se ha magnificado”, indicó ante una consulta de este diario.

“En la realidad no pasa demasiado. Los expedientes se puede perder o dañar incluso por propio descuido del Tribunal. Y si eso pasa hay alternativas para reconstruirlo, y avanzar con el proceso. Se puede pedir pericias nuevamente, rescatar copias de los escritos, oficiar medidas”, describió Ensinck sobre una cuestión que habitual en Tribunales, pero desconocida para la mayoría de la ciudanía.

Igualmente se mostró sorprendido por la escalada del conflicto entre las matriculadas. “Que falte una foja o expediente no es algo habitual pero no sorprende, sí que se llegue a esta instancia en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Incluso en este caso no parece tan grave la falta del documento, porque se trataría de una resolución del juzgado, que seguramente guardó una copia y se puede volver a insertar”.

Ensinck explicó que están contemplados los mecanismos para saber quién puede ser responsable de pérdida, porque en el sistema del juzgado o el cuaderno de retiro del expediente queda asentada la firma de último profesional que lo pidió.

“Si el abogado lo retiró, es responsable, y si el Tribunal por distintas razones lo extravió, que ha pasado, también debe hacerse cargo. Pero nadie le iniciaría una demanda al Poder Judicial por esa responsabilidad, por causa un daño”, señaló finalmente el titular del Colegio de Abogados.

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