La Asociación Civil Inquilinos Agrupados presentó un acción de amparo y medida cautelar para que se declare la nulidad del decreto de necesidad y urgencia al considerar que viola todas las normas inconstitucionales y perjudicará de manera sensible a quienes alquilan tanto en Rosario como en el país.

La decisión se llevó a cabo luego de una nueva ssamblea inquilina llevada a cabo en el Centro Cultural de La Toma. “El panorama es crítico y de avanzar el DNU va a tener consecuencias gravísimas para todos los inquilinos; por eso, seguimos en estado de alerta y movilización”, sostuvo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia.

En ese sentido, consideró que esa desregulación del mercado inmobiliario supone “el peor retroceso en materia de acceso a la vivienda en alquiler en Argentina desde la recuperación de la democracia”, ya que la reforma propuesta por el presidente Javier Milei deroga la ley de alquileres.

“Tenemos que frenarlo en la calle, siendo cada vez más los que nos movilizamos; en el Congreso exigiendo a los diputados y senadores de las dos cámaras que lo rechacen; y también en el Poder Judicial con los recursos de amparo que declaren su inconstitucionalidad”, enfatizó Artola.

“El DNU es ilegal y anticonstitucional por donde se lo mire, se pretende reformar el Código Civil y Comercial de un plumazo y sin pasar por el Congreso. Lo que quedó en claro es que este es el gobierno de la casta inmobiliaria y el poder económico más concentrado porque el ajuste solo lo está pagando el pueblo”, sostuvo Artola respecto a las reformas estructurales que envió al Congreso el presidente Javier Milei.

En ese contexto, aseguró: “Evidentemente, en estos años tocamos los intereses de un sector muy poderoso y logramos poner en debate cómo se accede a la vivienda en Argentina, metiendo el dedo en la llaga, por algo fue la primera medida anunciada por Milei”.

Es por eso que la Asociación Civil Inquilinos Agrupados presentó una acción para declarar la nulidad del DNU y una cautelar para que de inmediato se suspendan sus efectos. “Lo que quedó en claro es que este es el gobierno de la casta inmobiliaria y el poder económico más concentrado porque el ajuste lo está pagando el pueblo”, concluyó.