Es inminente el desalojo judicial de la pensión de San Luis 1038 donde hace seis días se desprendió un balcón y en la que aún continúan viviendo en condiciones deplorables y con gravísimos riesgos de derrumbe siete familias, tres de ellas con chicos. "La decisión ya está tomada, por el propio peligro no hay marcha atrás", dijeron ayer fuentes de Tribunales sobre la medida que el juez Civil y Comercial Nº 2, Eduardo Arichuluaga, adoptará formalmente esta mañana. Tras rechazar una propuesta de ayuda del municipio porque entienden que los perjudica, los habitantes de la pensión, la mayoría vendedores ambulantes, resolvieron cortar San Luis, con un efecto caótico para el tránsito en el microcentro ya que a la protesta se sumaron el nuevo sistema de carriles y un corralito de Aguas Santafesinas (Assa) en Rioja y Sarmiento.
El cuadro que se vive en la pensión fue retratado en sucesivas notas de LaCapital desde diciembre de 2010.
Se trata de una vieja casa de dos plantas ubicada frente a la plaza Montenegro que funcionó de facto como pensión pese a no haber contado nunca con habilitación municipal y sufrir severos daños edilicios que increíblemente aún no causaron una tragedia.
Aunque el lugar fue reiteradamente inspeccionado y clausurado, de los cerca de 20 núcleos familiares que lo habitaban hace poco más de un año (hasta entonces, incluso, pagando un alquiler de entre 600 y 800 pesos), ahora quedaron siete. En total, unas 22 personas, nueve de ellas chicos.
No va más. Las condiciones del lugar lo hacen literalmente invivible: la mampostería de techos y paredes se cae a pedazos, los pisos están rotos e inundados, el olor a orina en algunos tramos vuelve el aire irrespirable.
De hecho, hace seis días el balcón del medio de la casa directamente se vino abajo. Los otros dos no lucen mucho mejor, pese a lo cual ayer se podía ver a un hombre y una mujer con un bebé acodados en uno de ellos.
El Concejo Municipal aprobó un proyecto pidiendo que interviniera el Servicio Público de la Vivienda (SPV) y la Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo (DPVyU) para reubicar a las familias.
Pero hasta ahora la única intervención oficial fue la de la Subsecretaría de Acción Social (del área municipal de Promoción Social), cuyo titular, José María Catena, explicó ayer que excepto un hombre que admitió mudarse a un hogar para mayores "nadie más de las familias aceptó lo que se les ofreció como salida".
Según el funcionario, la gente incluso estampó la firma para formalizar su rechazo a la propuesta de "trasladarse a albergues temporariamente para evitar quedar a la intemperie y luego recibir una ayuda social" (que según cada núcleo familiar era de distinto monto, pero rondaba los mil pesos). La idea era que con ese dinero buscaran al menos una pensión.
Para explicar la negativa del grupo, Leonor Kervin (31), que actuó como vocera, argumentó que la propuesta de trasladarlos a un albergue "divide a las familias" (mujeres y criaturas por un lado, hombres y varones adolescentes por otro) y las obliga a dejar su mercadería a la deriva "porque sólo se acepta concurrir con ropa".
Esa situación, dijo, les haría perder su fuente de vida. "¿Qué quieren? ¿Que subamos a vender estampitas a los colectivos?", se preguntó.
Así las cosas, los vecinos cortaron la calle y prometieron "resistir hasta que aparezca una salida digna".
Y Catena, por su parte, aseguró: "Son las herramientas con que contamos, no tenemos más respuesta".
