El fiscal federal Walter Rodríguez imputó a seis policías, entre ellos el líder del sindicato policial no reconocido (Apropol), Alberto Martínez, el presunto delito de sedición por el conflicto que llevó a los uniformados a no prestar servicio entre el 6 y el 10 de diciembre en reclamo de una recomposición salarial.
El fiscal determinó que "el personal de seguridad utilizó las armas proporcionadas por el Estado para mantener el orden público y la paz social en función de los intereses particulares de quienes se involucraron en la protesta ilegal".
El delito de sedición pena la insurreción tanto de una fuerza armada o de un grupo de personas que, atribuyéndose los derechos del pueblo, buscara deponer algún poder público o peticionar en su nombre, violando el principio democrático que consigna que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución. Prevé penas de prisión de uno a seis años.
El fiscal pidió la indagatoria de Martínez como instigador del conflicto, al tiempo que a los otros efectivos les endilgó ser presuntos autores de los piquetes que se montaron frente a la Jefatura de Policía. Asimismo, incorporó a la causa la de las amenazas al gobernador Antonio Bonfatti, que recibió mediante mensajes enviados desde el teléfono celular que utilizaba habitualmente Martínez.
Según trascendió, los policías en actividad imputados junto con Martínez son los sargentos Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani; el suboficial principal Oscar Alberto Aguirres y el agente Alejandro Miguel Zamaro.
El fiscal firmó el requerimiento de instrucción de la causa y aseguró en su escrito que luego de valorar las pruebas quedó en claro el "movimiento sedicioso"; hubo publicaciones en "espacios virtuales" de Apropol que interpretó como una "instigación a cometer delitos" y escuchas telefónicas a Martínez.
"Esa intervención se ha verificado a partir de un movimiento organizado" y "medianamente planificado de sus integrantes que, en el caso de los imputados por el delito de sedición, cumplieron el rol de negociadores y coordinadores de acciones ilegítimas", afirmó Rodríguez.
Cabe recordar que los mensajes de texto y las escuchas que interceptó la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) a pedido de la Justicia sobre el celular utilizado por Martínez habían dado evidencia de que este hombre había organizado desde el sur del país (donde se encontraba durante los días del conflicto con los uniformados) el paro de los policías.