violencia institucional

Imputarán a dos policías por apremios ilegales contra una joven

Hace un año Elina R., fue detenida y trasladada a la comisaría 7ª. Después de unas horas, una ambulancia la llevó al Heca con severos golpes en la cabeza que la mantuvieron internada una semana.

Viernes 08 de Junio de 2018

Hace un año Elina R., fue detenida y trasladada a la comisaría 7ª. Después de unas horas, una ambulancia la llevó al Heca con severos golpes en la cabeza que la mantuvieron internada una semana. El parte elaborado por el personal policial decía que la joven se había autolesionado, pero luego ella declaró y dio su propia versión de los hechos: contó ante Fiscalía que había sido víctima de apremios ilegales. Ayer, después de audiencia en el Centro de Justicia Penal en la que se denegó un pedido de la querella para que el Instituto Médico Legal no tenga participación en las pericias médicas, la fiscal Karina Bartocci adelantó que imputará al menos a dos de los seis sospechosos de participar en el hecho.

El parte policial emitido por la comisaría 7ª a mediados de mayo de 2017 decía que Elina R., que en ese entonces tenía 27 años, se había golpeado a sí misma. Las actas que recibió Fiscalía responsabilizan a la joven, de 27 años, de provocarse las lesiones luego de ser detenida "alcoholizada e intoxicada" en un bar de barrio Agote. La chica quedó alojada sola en un cuarto de la seccional donde, de acuerdo con la policía, comenzó a golpearse la cabeza contra las paredes. Los golpes le dejaron un traumatismo de cráneo severo, por lo que terminó internada en el Heca durante una semana.

Pero el relato de Elina fue otro. Cuando se recuperó de las lesiones la joven dijo que ella estaba discutiendo con una joven en la calle cuando una mujer policía la increpó y le dio un cachetazo. Luego sólo recuerda haber sido trasladada a la comisaría y despertar una semana más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Seis policías que trabajaban en la 7ª —entre ellos Enrique Gianola Rocha, que enfrentará un juicio por la desaparición y muerte de Franco Casco— quedaron en la mira de la Justicia.

La causa es investigada por la fiscal Karina Bartocci, de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional, quien tras la audiencia de ayer dijo que pretende imputar por apremios ilegales a al menos dos de los seis policías investigados.

En tanto, la querella pretende instar acciones penales contra los seis sospechosos.

IML en la mira

Ayer a las 11 se celebró una audiencia en el Centro de Justicia Penal pedida por la querella. El abogado de esa parte, Salvador Vera, solicitó que no sea el Instituto Médico Legal de Rosario (IML) el que produzca los informes médicos orientados a constatar las lesiones de la víctima.

Para fundar su pedido el abogado esgrimió dos argumentos fuertes. El primero hablaba de otros dictámenes del IML —que depende del Poder Judicial—, en otras causas donde los sospechosos eran miembros de fuerzas de seguridad señalados por el delito de apremios ilegales.

"El IML tiene una base deficiente de parcialidad que impide su actuación en esta causa", sostuvo Vera, y mencionó otras causas en las que, a su entender, los resultados de las pericias realizadas por ese cuerpo "no fueron imparciales": la de la desaparición y muerte de Franco Casco —por la que hay 18 policías en pie de juicio, 10 de los cuales prestaban servicios en la comisaría 7ª— y la de María de los Angeles Paris —que murió en una situación no esclarecida en la comisaría 10ª—.

Vera, que también representa a la querella en las causas por las de Franco Casco, Gerardo "Pichón" Escobar y Alejandro Ponce —en todas hay policías sospechados— también refirió a intimidaciones personales por parte de uno de los profesionales del IML.

Para el abogado, la falta de parcialidad del IML hace necesario que no sea ese órgano del Poder Judicial el que realice las pericias médicas sobre las lesiones que sufrió Elina R., sino el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los defensores de los seis policías investigados se opusieron al pedido de la querella, al igual que la Fiscalía, que entendió que no es necesario que las medidas de prueba sean realizadas en otro lado ya que el Instituto no depende administrativamente de la policía.

El juez Luis María Caterina, que presidió la audiencia, rechazó el pedido de la querella.

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