La ciudad

Imputan tres delitos al líder del acampe frente a Vivienda

La fiscal denunció por corte de calle, hurto de energía y desobediencia judicial a quien protestó casi dos meses en calle Santa Fe y Sarmiento

Sábado 14 de Junio de 2014

La Fiscalía imputó tres delitos al líder del acampe que estuvo casi dos meses frente a la delegación local de la Dirección Provincial de Vivienda, de Santa Fe al 1100. La representante del Ministerio Público acusó a uno de los manifestantes que reclamó soluciones habitacionales para vecinos de Rouillón y Doctor Riva por entorpecimiento del tránsito, hurto de energía y desobediencia a una orden judicial al violar la restricción de acercamiento a esta dependencia. La jueza de la causa renovó esa prohibición por 15 días. Fuertes críticas de la defensa.

El jueves se realizó la audiencia imputativa respecto a la causa iniciada por el acampe frente a la sede local de la Dirección provincial de Vivienda y Urbanismo. La protesta se extendió durante casi dos meses en calle Santa Fe entre Mitre y Sarmiento.

La carpa fue desalojada el viernes 6 de junio pasado. Cerca de las 20.45, una comisión policial y agentes de Control Urbano se presentaron en el lugar en la que había dos familias.

Con una orden emanada por el Juzgado de Faltas Nº 2, los efectivos hicieron deponer de su actitud a los manifestantes y los trasladaron a la comisaría 3ª. De inmediato Control Urbano desmanteló la improvisada carpa, que constituía un riego para los que la habitaban y también para peatones y automovilistas.

El reclamo era llevado adelante por familias que pedían que las dejen instalarse en un terreno de Rouillón y Doctor Riva, que aseguraron estaba abandonado.

La causa tenía siete imputados por el corte de calle, quienes acudieron con sus abogados defensores a la audiencia. Allí la fiscal Juliana González imputó tres delitos a quien consideró el rostro visible del reclamo, G.P: entorpecimiento del tránsito, hurto de energía y desobediencia a una orden judicial al violar la restricción de acercamiento a la dependencia santafesina.

El abogado defensor del acusado, Federico Garat consideró la imputación de la fiscal como "arbitraria, excesiva y carente de sustento".

Respecto al hurto de energía aclaró que "un comerciante de la cuadra suministró de buena voluntad un cable alimentador para que los manifestantes tuvieran tener consumo energético".

El letrado fue más allá y deslizó que detrás del planteo del Ministerio Público de la Acusación "hay un intento aleccionador para evitar futuras protestas sociales similares. Y además se termina estigmatizando a un sujeto, parte de un colectivo social, pero nada investigó la Fiscalía sobre el reclamo de vivienda de los manifestantes y la falta de respuesta del Estado a este legítimo derecho".

Garat recordó que los imputados ya habían sido "privados de su libertad un día y medio por un delito que prevé penas máximas de dos años y se les impidió acercarse a la dependencia provincial".

La jueza Raquel Cosgaya resolvió hacer lugar a las imputaciones formuladas por la fiscal González. Además, renovó la prohibición de acercamiento del imputado a la Dirección de Vivienda por los próximos 15 días, hasta tanto las partes lleguen a una posible conciliación de intereses.

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