Ante el constante aumento de los valores iniciales para alquilar en Rosario, la Concejalía Popular elaboró una serie de propuestas tendiente a atenuar el impacto para el sector más débil del mercado inmobiliario: los inquilinos.
Ante el constante aumento de los valores iniciales para alquilar en Rosario, la Concejalía Popular elaboró una serie de propuestas tendiente a atenuar el impacto para el sector más débil del mercado inmobiliario: los inquilinos.
Según el espacio político que conduce el ex edil Nire Roldán, "teniendo en cuenta que el pago de los alquileres es un servicio de primera necesidad para quienes no tienen la posibilidad económica de acceder a una vivienda propia, no pueden estar regidos por la ley de la oferta y demanda, que es impuesta arbitrariamente por los grandes capitales inmobiliarios del país, sino que el Estado debe intervenir para restablecer el equilibrio económico".
En ese marco propusieron implementar un registro único de contratos locativos "para frenar y eliminar las cláusulas abusivas en los contratos de locación".
También promueven la creación de un organismo municipal que "facilite al acceso a un alquiler justo, evite los abusos del derecho entre las partes, amplíe con el sector cooperativo y mutual el fondo fiduciario con el Banco Municipal para solucionar el problema de las garantías, controle y regularice las pensiones".
Otra iniciativa apunta a que la comisión inmobiliaria la pague el dueño de la propiedad, mediante la modificación de la ley provincial 13.154, eliminando el cobro de comisiones a los inquilinos.
En paralelo promueven la creación de un Registro Público Provincial de las viviendas desocupadas. "Este registro tiene como finalidad poner un freno a la especulación inmobiliaria y dar a conocer quienes son los titulares de viviendas ociosas, y aplicar así un impuesto progresivo a los especuladores", explicaron.
Asimismo bregaron por la conformación de un programa de vivienda pública en alquiler. Se trata de un esquema de viviendas construidas por el Estado con participación de organizaciones gremiales, sociales, de la economía social o privados para que puedan alquilar los sectores de ingresos medios: trabajadores públicos y privados, jubilados y estudiantes.
Y finalmente un programa municipal de ayuda al inquilino adulto mayor. Destinado a personas mayores, aplicando cánones locativos acorde a lo percibido por los jubilados o pensionados.