El gobernador Miguel Lifschitz incluirá en el temario de sesiones extraordinarias de la Legislatura un proyecto de ley de "acceso justo al hábitat". La iniciativa apunta a urbanizar un extenso sector del barrio Empalme Graneros donde viven 365 familias y dar una solución definitiva a un barrio que creció en medio de un juicio de desalojo que ya lleva más de dos décadas.
Así lo anunciaron ayer la intendenta Mónica Fein y el secretario de Hábitat de la provincia, Diego Leone. Lo hicieron desde un escenario montado en el patio del jardín Nº 296, de Cullen al 1100, que hace dos años recibió el nombre de Mafalda.
Lo escuchaban atentos los vecinos que en los años 80 empezaron a llegar al barrio, cuando el terreno de 12 hectáreas limitado por avenida Sorrento, Cullen, Schweitzer y el arroyo Ludueña estaba permanentemente amenazado por las crecidas del curso de agua.
Aun así, en 1984 la empresa Compañía de Tierras Santafesina compró el predio y, cinco años después, inició en los Tribunales locales el juicio de desalojo, que aún continúa.
En más de 20 reuniones mantenidas entre los representantes legales de los vecinos, el apoderado de los propietarios del terreno y funcionarios del municipio y la provincia, hubo varias ofertas de compra: mediante una suerte de fideicomiso de vecinos o mediante un fideicomiso avalado por el Banco Municipal, pero el precio pretendido y ofrecido por el predio marcó un límite a la negociación.
La próxima audiencia judicial estaba fijada para el 5 de diciembre, pero fue postergada sin fecha. Mientras tanto, en el Concejo Municipal se había avalado la expropiación de los terrenos y en la Cámara baja de la provincia avanzaba un proyecto en ese sentido presentado por los diputados Mercedes Meier y Carlos Del Frade.
"Desde el primer día, los vecinos estuvieron dispuestos a pagar por los lotes, siempre manifestaron su voluntad de pagar la tierra y fueron promotores de este tema", destacó Fein, antes de repasar los detalles del proyecto que el próximo martes el gobernador enviará a la Legislatura.
Y apuntó que una vez aprobada la ley "van a poder tener la tranquilidad de que nadie los va a desalojar y empezaremos a trabajar en conjunto para planificar la urbanización del barrio".
El proyecto. La iniciativa está concebida como "un plan integral de urbanización y acceso al hábitat, pensado especialmente para este barrio de la ciudad", explicó el secretario de Hábitat provincial.
El proyecto tiene varios puntos. El primero declara el suelo de utilidad pública y autoriza su expropiación "como un resarcimiento histórico a la gente que vive en el lugar", apuntó Leone. Y habilita a Catastro a fijar el valor de los terrenos, mediante una junta de la cual participan los propietarios del predio.
Sin embargo, la propuesta va varios pasos más adelante al plantear también la urbanización y el mejoramiento de las viviendas del barrio.
Así, se contempla la subdivisión del suelo en lotes, bajo la forma de un loteo social, y la apertura de las calles que cruzan el barrio de este a oeste. Y la provisión de servicios de agua, desagües y energía eléctrica mediante medidores comunitarios.
Si en el proceso de apertura de calles se hace necesario reubicar familias que hayan construido sus viviendas en el trazado de las arterias, se implementará un sistema de autoconstrucción de viviendas en aquellos lotes que estén vacantes dentro del mismo barrio. Para las mejoras de las casas, se utilizarán los fondos que los vecinos empiecen a pagar por el terreno.
En forma paralela, los equipos de Desarrollo Social y Economía Solidaria del municipio trabajarán para apuntalar los procesos productivos que ya existen en el barrio, muchos relacionados con la recuperación de residuos.
Según estimó Leone, una vez puesto en marcha, el proceso podría demandar entre tres y cinco años. El último paso es la entrega de las escrituras que convertirán a 365 familias, según contó un censo reciente del municipio, en propietarios de los terrenos donde viven desde hace décadas.
"El triunfo de la organización y la resistencia"
"Festejamos el triunfo de la organización de los vecinos y de la resistencia al desalojo", apuntó Facundo Peralta, integrante de la organización Causa, que acompañó a la Asamblea de Empalme Graneros. Peralta destacó que la decisión de expropiar y lotear los terrenos es el mejor resultado de mucho tiempo de trabajo, y recordó que en las audiencias judiciales los vecinos habían propuesto un plan de urbanización popular mediante el cual ellos se comprometían a comprar en cuotas los terrenos, y el Estado a realizar las obras de infraestructura necesarias en el barrio.