Irrita la hipocresía con la que la clase política local hace declaraciones luego de que la muerte se pasea por la noche de Rosario.

Se mueve con espasmos ante hechos consumados. Reacciones que se diluyen en el tiempo surcadas por intereses tan mezquinos como personales y sectarios.

Mientras tanto, hay familias que sufren y exigen justicia, como la de Carlos Orellano ahora, el chico que fue a bailar a un boliche de La Fluvial y apareció muerto en el río. O la de Gerardo "Pichón" Escobar en agosto de 2015, quien también terminó en el Paraná tras haber salido de un boliche céntrico y ser golpeado por el personal de seguridad.

Ante la muerte de Escobar, el Concejo se puso como objetivo discutir una nueva regulación de la noche. Se sucedieron innumerables reuniones de comisiones y largos debates... estériles. En el medio hasta hubo quien intentó sacar rédito de la coyuntura, como el sector político que administra un bar cultural en Ovidio Lagos y Córdoba y que pidió que le bajaran la carga impositiva a ese tipo de bares. Similar situación ocurría con otro bar situado en Pichincha con estrecha relación con un ala del radicalismo que hoy llegó a la presidencia del Concejo.

Esas mezquindades, entre otras, hicieron naufragar el proyecto. Se discutió durante dos años más. "Tendremos una noche más segura", prometió en 2018 la actual presidenta del Concejo. La noche siguió sin control.

"Hay situaciones que no se pueden tolerar más", escribió ayer en su cuenta de Twitter el intendente Pablo Javkin y anunció la clausura preventiva del boliche en el que estuvo Orellano poco tiempo antes de morir.

La pregunta es: desde la muerte de Escobar hasta la de Orellano, ¿qué cambió?

¿Hay que esperar más de cuatro años para declarar que hay situaciones que no se pueden tolerar más? Muchas veces es más prudente el silencio.