Gendarmería allanó un "privado" que operaba frente a la comisaría 7ª

El allanamiento de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería y de la División de Recuperación de Víctimas de Trata de Personas, dependiente del Ministerio del Interior, en un "privado" de Cafferata al 300, sorprendió ayer a sus cansados vecinos. Es que justo enfrente al pasillo de donde se llevaron detenidas a tres mujeres, una de ellas con un bebé de cinco meses, está la comisaría 7ª.

El desembarco de Gendarmería en el lugar, donde desde hace más de un año funcionaba este privado regenteado por una mujer, que ayer fue detenida, habría sido el epílogo de una llamada anónima ante la falta de respuesta de la policía provincial.

"Cuando había mucho trabajo utilizaban el departamento de arriba", admitió un vecino, quien como otros, veía a diario el transitar de hombres que cambiaban dinero por sexo.

"Da un poco de risa, porque se la agarraron con el pirigundín del barrio, pero si quieren encontrar de verdad, esta zona está llena de estos puteríos. No tienen que hacer ni cien metros y otros hasta trabajan a plena luz y en calle, como podés ver todo el día en Santa Fe y Castellanos", se quejó y señaló como ejemplo otra vecina, sobre un "negocio" que no es nuevo en el barrio.

Las personas del barrio consultadas se cuidaban de dar su opinión y miraban constantemente enfrente, a la comisaría 7ª, actualmente bajo la lupa por la muerte de Franco Casco, cuya familia denuncia que habría sido producto de la brutalidad policías de esa dependencia.

Ayer, al mismo tiempo del allanamiento frente al destacamento, se producía una marcha en pos del esclaracimiento de la muerte de Casco desde los Tribunales a la Gobernación.

En el allanamiento al "privado", el personal de Gendarmería secuestró, entre otros elementos, una computadora y un cuaderno, que contendría información sobre "movimiento del negocio", tal cual dijeron las fuentes consultadas.

Además de la madama, en el departamento estaban dos chicas jóvenes, una de ellas con un bebé de cinco meses, quienes fueron las primeras en ser llevadas del lugar. Los funcionarios públicos encargados del operativo esquivaron dar respuestas sobre el procedimiento.