Fuerte reacción en el Concejo por la habilitación del laboratorio Apolo

Diversas fuerzas políticas en el Concejo Municipal unificaron su preocupación en un mismo pedido de informes que pone la lupa sobre el control el municipio en el funcionamiento del laboratorio Apolo de Alem 2967. Lo hicieron en medio de un áspero debate entre la oposición y el oficialismo sobre la responsabilidad del Ejecutivo en verificar la seguridad, seis clausuras (la mayoría violadas) y los trámites de habilitación de esta empresa rodeada de casas en barrio Tablada.

El Palacio Vasallo fue una vez más la caja de resonancia de la explosión que conmocionó a los rosarinos. Ocurrió el pasado 27 de junio, cuando en plena madrugada la condensación extrema de la caldera provocó una onda expansiva que dañó una decena de propiedades y causó serias heridas a un chofer de colectivo de 58 años que permanece internado con más de la mitad de su cuerpo quemado por el agua hirviendo.

Después de una sesión ordinaria con una agenda poco destacada, llegó el plato fuerte en los pedidos sobre tablas, cuando los concejales Jorge Boasso, Alejandro Rosselló, Renata Ghilotti, Caren Tepp, Martín Rosúa, Norma López, Fernanda Gigliani y Diego Giuliano suscribieron un pedido de informes en conjunto para que el Ejecutivo detalle un pliego con una veintena de puntos. La iniciativa fue votada por unanimidad.

Entre ellos está el rubro en el que se encuentra habilitado Apolo, si su uso es el admitido por el Código Urbano y si cumplía la normativa de prevenciones contra incendios.

Además se exige que se indique si el laboratorio fue clausurado entre 2004 y 2016 y que se remitan las actas. De existir clausuras, se pretende saber si las mismas fueron controladas y si hubo violaciones de las fajas. Se solicitan las inspecciones desde su habilitación a la fecha, las verificaciones en los medidores de gas, cantidad de calderas y plan de evacuación; junto a los planes de mitigación de contaminación ambiental.

Los ediles quieren tener en sus despachos los peritajes tras la explosión y la clausura del 9 de diciembre firmada por la inspectora Laura Petrocco, debido a la falta de habilitación con permiso vencido desde 2011.

En cuanto a la manipulación de precursores químicos, el Concejo quiere saber las actuaciones administrativas, certificados de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) y ante la Dirección de Farmacia y Bioquímica.

Por último, se busca conocer si Apolo ha sido o es proveedor del municipio.

En ese sentido, se solicitó el listado de laboratorios y droguerías que posean autorización para importar productos que contengan efedrina o sustancias relacionadas con estupefacientes.

En caliente. El pedido salió luego de un áspero intercambio de intervenciones entre las bancas opositoras y la elegida por el socialismo para defender la actuación del Palacio de los Leones: Verónica Irízar.

"La verdad está en el expediente. No está en lo que digo yo ni en lo que dice Irízar, sino que está allí", dijo Gigliani para luego hacer alusión a la normativa elaborada por la concejala Carola Nin, por la cual quienes manejen precursores químicos tenían la obligación de estar anotados en el Registro de Precursores Químicos que depende de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). "Era condición obligatoria para empezar el trámite municipal", detalló para indagar sobre el cumplimiento de esta norma.

Además, la edila opositora reclamó contención del Estado para los vecinos afectados por la explosión.

A su turno, Giuliano repasó el riesgo que implica que las empresas queden atrapadas en la trama urbana. "Hay que generar un cuerpo de inspectores municipales con alta capacitación técnica, que tengan relación con especialidades", proclamó el concejal de Rosario Federal al recordar el desconocimiento específico que tuvo la inspectora encargada de revisar el International Park (el 10 de agosto de 2013 murieron allí dos adolescentes).

Irízar defendió las inspecciones del municipio, también el comportamiento del Ejecutivo a la hora de hacer cumplir la normativa vigente. Hizo un repaso desde la primera habilitación de Apolo como sociedad anónima hasta estos días para detallar la correspondiente habilitación de la Anmat para utilizar efedrina.

En otro tramo de su alocución, afirmó que Apolo contaba con las certificaciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en relación a las calderas. "Están todos los informes técnicos que avalaban su proceso de habilitación", recalcó.

Gigliani, en tanto, recordó una explosión del 8 de diciembre que causó alarma entre los vecinos. "Esta no fue la primera vez que sucede. Es incompatible esa industria con ese sector de la ciudad", remarcó para agregar: "Está en proceso de renovación de su habilitación".

Como broche, llegó el turno de Boasso. "Al escuchar al oficialismo no sé si estoy viendo una película. Este accidente casi se convierte en Salta 2141. Esto se pudo prever y se pudo evitar", lanzó.

Además, fustigó: "Hubiésemos pretendido que quienes defienden al Ejecutivo tengan un acto de humildad y digan que se va a investigar a nivel administrativo".

Para otro tramo, Boasso disparó munición gruesa: "En 2005 Apolo se vendió en un 70 por ciento de sus acciones. De Iúdica a Salinas, tuvo la misma denominación jurídica, pero lo transfirieron a otro propietario. ¿Se enteró la Muncipalidad? Es un hecho más de caducidad de la habilitación". Y cerró: "Tuvo 6 clausuras, pero hubo 5 violaciones de faja".