La Justicia condenó a un año de prisión a un hombre que robó un expediente judicial. Se trata de un empleado de un estudio jurídico que fue encontrado responsable del delito de “defraudación por ocultamiento de un proceso”. El incidente ocurrió en 2010 cuando el trabajador se hizo pasar por un abogado litigante, se llevó los documentos de la causa y fue captado por las polémicas cámaras que había instalado en la mesa de entradas de su juzgado el magistrado Marcelo Bergia.
El episodio ocurrió el 30 de julio de 2010. Ese día, un abogado, Iván Del Greco, fue a consultar un expediente comercial donde intervenía, tras recibir una cédula por el inicio de una ejecución. Pero en el sistema informático figuraba que él mismo lo había retirado.
Sorprendido y nervioso, según consta en la causa, lo denunció ante los funcionarios judiciales. El juez Bergia ordenó rastrear el material captado por las cámaras que había instalado en la mesa de entradas de su juzgado.
Las cámaras que había colocado Bergia habían generado una fuerte controversia en Tribunales. Algunos juzgaron la medida como “totalitaria”, pero el magistrado la defendió, ya que adujo, haría más eficiente la labor de sus asesores.
Y en efecto, las cámaras registraron que antes de Del Greco, un empleado de un estudio jurídico ingresó con una abogada a la mesa de entradas del juzgado Civil y Comercial de la 9ª nominación. El trabajador, Ariel Flores, pidió varios expedientes judiciales y se llevó uno denominado “First National Bank of Southern Africa contra Agrotécnica Comercial sobre cobro de dólares”.
Al firmar el libro de recibo, se hizo pasar por Del Greco, y dejó asentado que retiró otro, engañando al personal de mesa de entradas. Con el material captado por las cámaras, Flores fue identificado por la policía y detenido.
Una semana después, el 5 de agosto, su padre devolvió el expediente judicial. Y cuatro días más tarde, Bergia denunció a Flores ante el Juzgado de Instrucción Nº 14, a cargo de María Laura Sabatier. “El código marca la obligación de denunciar el delito una vez reconocido”, explicó el juez en su momento.
En su declaración indagatoria, Flores señaló que tomó el expediente a pedido de Raúl Benzi, dueño de la firma Agrotécnica Comercial para hacerle un favor no remunerado.
Aclaró que le iba a sacar fotocopias, pero que, “como había mucha gente”, optó por llevarse los documentos a su casa, para devolverlos al día siguiente.
La defensa de Flores postuló que los abogados litigantes “cobraron todo lo que se les debía en razón del pleito, que el juicio duró unos diez años y que el expediente estuvo desaparecido sólo un par de semanas”.
Además remarcaron que “la reconstrucción del expediente fue absolutamente innecesaria, ya que el proceso faltante fue restituido velozmente, con lo cual el atribuido ardid o engaño no tuvo la idoneidad que la figura requiere para surtir efectos”.
Para la jueza que tomó la causa, María Isabel Mas Varela, más allá del poco tiempo que el expediente estuvo fuera del Juzgado, “ese lapso involucró la indisponibilidad patrimonial por parte de la empresa del importe inicial como consecuencia directa de la supresión documental. De modo que, oculta el que hace desaparecer, impidiendo su utilización en el momento oportuno, los instrumentos que acreditan una determinada circunstancia”.
Flores tenía antecedentes penales: había sido condenado en 2004 a un mes de prisión condicional por “incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”. Ahora se le aplicó otra condena excarcelable, y las costas del proceso.