Por un error de agenda no se pudo completar ayer la audiencia preliminar al juicio oral y público que afrontarán los dos conductores acusados de correr picadas y provocar el estremecedor choque que derivó en la muerte de David y Valentino Pizorno, padre e hijo, el 20 de marzo de 2021 en avenida del Rosario y Ayacucho. Igualmente, la Fiscalía alcanzó a exponer la atribución de los hechos y a solicitar para ambos la pena de 18 años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir. Les endiga ser coautores de los delitos de homicidio simple y lesiones graves. La querella solicita 20 años de pena.
Según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) no asignó una jornada completa al trámite, que por la complejidad del caso tanto Fiscalía como defensa y la propia querella requieren de varias horas para exponer, enumerar pruebas y argumentar, lo cual origina réplicas e incidentes.
Además, en la misma franja horaria le habrían sobreagendado otra audiencia a la jueza María Melania Carrara. Igualmente, la fiscal Valeria Piazza Iglesias, a cargo de la investigación, y su colega Walter Jurado alcanzaron a exponer el encuadre legal y la pena requerida en relación al impactante accidente.
Los acusados son Pablo Andrés M. y Germán S., ambos de 37 años. Les atribuyen ser coautores de los delitos de homicidio simple de David y Valentino, lesiones graves de la mama del pequeño fallecido, Cintia Diaz, que iba como acompañante de padre e hijo, y lesiones graves que sufrió Néstor A., acompañante en el auto de Pablo M. cuando impactó a la familia a gran velocidad.
Los delitos fueron endilgados en concurso ideal con dolo eventual. Como agravante, los fiscales los acusan de “realización de pruebas de velocidad y destreza sin la debida autorización legal, en concurso real”, y solicitaron la pena de 18 años de prisión, más la prohibición absoluta de manejo de cualquier vehículo por el plazo de 10 años.
Además, solicitaron el decomiso de los automóviles Citroën C4 Lounge Dominio OZQ 927 y Renault Sandero Dominio AB 675 GM, teniendo en consideración que el delito por el cual se los acusa tiene base típica dolosa, y que han sido el objeto con el cual se llevo a cabo el hecho.
La mecánica del choque
Sobre la mecánica del siniestro, Jurado atribuyó a Germán S. circular al mando del vehículo Renault Sandero y a la par suyo Pablo M. en un Citroën modelo C4. Ambos lo hacían por avenida del Rosario con sentido este-oeste “a una velocidad inusitada, realizando pruebas de velocidad y destreza, mientras que por Ayacucho transitaba el Citroën C3 que conducía Pizorno.
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Según la acusación, S. ingresó a la intersección a una velocidad de 124 kilómetros por hora, y el coimputado a 134 kilómetros por hora. Ambos se interpusieron en la línea de las víctimas, pero fue el auto de S. el que impactó con su parte frontal el lateral izquierdo del vehículo de la familia Pizorno y padre e hijo fallecieron en el acto.
Para la Fiscalía, el accionar de ambos conductores fue “determinante en la producción del siniestro vial y su resultado”, esto es el lamentable fallecimiento de Valentino, de 8 años, y de su papá David, de 42. Además, provocaron lesiones graves por politraumatismos a Diaz, y psicológicas a Néstor A., acompañante de M.
En ese sentido, Jurado expuso que ambos se representaron “el resultado como una posibilidad seria, lo asumieron, no desistieron o renunciaron a esa acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y para ellos, y continuaron sin importarle la producción del resultado".
En la puerta del Centro de Justicia Penal (CJP) se congregaron familiares y amigos de las víctimas con pancartas y carteles con fotos de las víctimas, y reclamaron un pronta realización del juicio oral y público y que se condene a los dos acusados.
La querella pide 20 años de cárcel
Cintia Diaz, la única integrante de la familia Pizorno que sobrevivió al hecho, indicó a La Capital que las dos horas que duró la audiencia sirvieron para que la Fiscalía expusiera la acusación y la solicitud de pena. “Como querellantes vamos a pedir 20 años de prisión para ambos, y los diez años de inhabilitación. Ahora esperamos los próximos días para terminar de hacer nuestra presentación y también escuchar la exposición de los defensores. Es más de lo mismo, hay que esperar y esperar, y a veces los plazos de la ley son un tanto lentos”, indicó.
Ante la eventualidad del poco tiempo dispuesto por la OGJ para la audiencia de un caso gravísimo y complejo, la jueza Carrara “dispuso pasar a un cuarto intermedio, y sugirió que la oficina encargada de organizar las audiencias fije una nueva fecha para darle continuidad, “debiendo prever una jornada completa” dentro de las posibilidades de agenda. Además, ordenó mantener la prisión preventiva efectiva para los dos acusados por el plazo de ley (dos años), que se cumplen en marzo de 2023.