La ciudad

Familiares de víctimas de homicidios crearon una cooperativa de trabajo

"Pariendo Justicia" es una empresa que ofrece servicios de mantenimiento de edificios. La experiencia es pionera en el país.

Domingo 25 de Marzo de 2018

Gabriela Vega, Lucila Pavón y Otilia Nazzari se conocieron en los pasillos de los Tribunales, en la calle, en las marchas reclamando Justicia. No pueden ponerle una fecha a ese encuentro, por ninguno de esos lugares uno transita con ánimo de hacer amigos. Pero, cada tanto, los encuentra. Las tres mujeres sí recuerdan claramente el día en que firmaron los papeles y se convirtieron en presidenta, secretaria y tesorera de la primera cooperativa de trabajo formada íntegramente por familiares de víctimas de violencia. Una forma de salir del desamparo que acompaña la pérdida irreparable de hermanos, padres o hijos; muchas veces también sostén económico de la casa. Y, como la definen sus integrantes, una estrategia para mitigar el dolor.

La cooperativa ofrece servicios de limpieza y mantenimiento de edificios. Se llama "Pariendo Justicia", un nombre fuerte con el cual sus integrantes ya se identificaban cuando se plantaban frente a las escalinatas de Balcarce 1651 con pecheras estampadas con los rostros de los que fueron despojadas temprana y dramáticamente.

Gabriela explica con soltura el origen del nombre del emprendimiento. "Muchas de las que estamos en este grupo somos madres, sabemos lo que cuesta el alumbramiento de un hijo y también tuvimos que conocer el doloroso camino que hay que transitar para llegar por fin a un veredicto justo que lleve algo de alivio frente a lo que significa que nuestros hermanos, hijos o sobrinos no estén más con nosotros", asegura.

Sabe de que habla. La flamante presidenta de la cooperativa es la hermana de Juan Manuel Vega, el taxista de 29 años que fue apuñalado por un adolescente en la puerta de su casa de barrio Las Delicias en marzo de 2014. Lucila Pavón es hermana de David Peralta, de 20 años, atropellado por un automóvil el 9 de enero de 2016 en Bulevar Seguí y Crespo. El coche circulaba a más de 90 kilómetros por hora y lo manejaba un hombre que cumplía prisión domiciliaria. Otilia Nazzari es la mamá de Damián Lucero, el verdulero de barrio Agote que fue asesinado en marzo de 2015 en Constitución entre Tucumán y Urquiza, cuando iba caminando a la terminal de ómnibus para buscar a familiares que regresaban de la ciudad de Buenos Aires.

El día después de todos esos días "te encontrás sin nada", señala Lucila. "Sin una persona querida, sin un lugar donde enterrarlo, en algunos casos también sin trabajo, teniendo que salir a la calle a pedir justicia. Y, de repente, te encontrás con gente que la está pasando igual que vos, que te hace sentir que no estás tan sola, que te da fuerza para levantarte todos los días", dice para resaltar la importancia de la cooperativa. "Nos va a sacar un poquito del agujero ese donde terminamos", apunta.

Algo de luz

Gabriela muestra las fotos de ese caluroso 23 de enero, cuando completaron el expediente para presentar la iniciativa en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Se las ve firmando planillas, sonrientes en la pulcra oficina del Centro Unico de Atención a Víctimas que provincia y municipio inauguraron hace poco menos de un año.

El centro fue una respuesta al feroz crecimiento de los homicidios registrado en Rosario a partir de 2013 y al persistente machacar de los familiares de estas víctimas pidiendo justicia, a veces en modestas carpas frente a Tribunales, otras en masivas movilizaciones. En ese espacio trabajan en red la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas del municipio, el Centro de Atención Judicial y la Dirección de Asistencia a la Víctima de la provincia.

Actualmente, en las oficinas de San Lorenzo al 1000 se siguen los expedientes de unos cien casos, cuyas víctimas reciben asistencia social, psicológica y asesoramiento jurídico con el objetivo de "reforzar las capacidades de las víctimas para atravesar la situación traumática sufrida", tal como lo indica la ordenanza municipal que le dio origen.

En esa estrategia, la conformación de cooperativas de trabajo surge como una alternativa posible. "Muchos tienen que volver a empezar de cero. Y esta experiencia va a ser importante, porque nos ayudamos entre todos y cuando uno se cae el otro siempre esta", opina Marina Villarreal, quien perdió a su papá en un siniestro vial, hace un año y medio.

De uno, de todos

Para concretar el proyecto, cuenta Gabriela, decidieron aprovechar una línea de microcréditos ofrecidos por la Secretaría de Economía Social.

Con ese capital, más una serie de cursos de marketing, albañilería, electricidad y plomería, el grupo se prepara para poder obtener su primer contrato.

Ramón Casco es el único varón de los diez integrantes de la cooperativa. Es el papá de Franco, el joven de 20 años que fue detenido ilegalmente en la comisaría 7ª en octubre de 2014 y que luego apareció muerto en las aguas del Paraná. Antes de ese trágico octubre de hace cuatro años, Ramón vivía en Buenos Aires, donde trabajaba en la construcción. Después de la desaparición de su hijo se instaló en Rosario, "donde me tocó luchar para que haya Justicia", señala.

El hombre tiene mucha experiencia en albañilería y pintura. Lucila construyó su casa junto a su pareja, así que se entusiasma con ejercer como ayudante de albañil. El resto se prepara para capacitarse como gasista o electricista. Y todos cuentan alguna experiencia en limpieza de edificios.

Pero sobre todo, tienen muchas ganas de salir adelante.

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