En medio de un nuevo paro de taxis por la inseguridad, la oposición en el Concejo exigió al municipio que aplique una norma sancionada hace siete años que estableció numerosas medidas para reducir los robos violentos. Según la ordenanza aprobada en 2008, las unidades debían colocar un blindex como barrera protectora, cámaras de video internas y tenían que implementar modos alternativos de pago para sacar el dinero en efectivo de los coches. "Las medidas ya están sancionadas, lo que falta es un intendente con decisión política que las haga cumplir", disparó el edil Diego Giuliano, presidente de la comisión de Seguridad.
La medida de fuerza fue lanzada ayer al mediodía por el Sindicato de Peones en acuerdo con las cámaras de titulares de licencias tras una nueva agresión violenta a un chofer. También incidió la decisión judicial de dejar detenido a un taxista acusado de matar a balazos a un adolescente en medio de un intento de asalto.
El paro, que se sintió con fuerza en las calles de la ciudad durante toda la jornada, estará vigente hasta hoy a las 6. A las 9, en la delegación local de la Gobernación habrá una cumbre para destrabar el conflicto entre taxistas, la policía y la Intendencia.
El líder del gremio de los choferes, Horacio Boix, no ocultó su malestar por el pico de violencia que sufre el sector. "¿Será posible que nadie nos escuche? ¿Será posible que tengamos que vivir esta situación de mierda? Qué cosa injusta", lanzó.
"El tema —siguió—es que ya no sabemos qué hacer. El sistema nos abandonó a todos. Salir armados sería convertir esto en un Far West y hacer justicia por mano propia sería una anarquía total", remarcó.
Desde el Concejo, la oposición acusó al gobierno de Mónica Fein de "no tener voluntad política" para atacar el problema, al menos desde la competencia municipal.
"Las normas de seguridad ya están previstas en una ordenanza aprobada en 2008. Lo que ha faltado desde hace siete años es un intendente que las haga cumplir", remarcó Giuliano.
La ordenanza 8.295 sancionada en julio de 2008 y reglamentada tres meses después por el entonces intendente Miguel Lifschitz, estableció la obligatoriedad de sumar rastreo satelital a las unidades (GPS), micrófono ambiental para grabar las conversaciones con el pasajero y cámara fotográfica en el coche.
También se fijó la necesidad de sumar una barrera de protección física (blindex). Y se mencionó la necesidad de evaluar medios alternativos de pago para sacar el efectivo de los taxis.
Para el presidente de la comisión de Seguridad, "el Ejecutivo tiene que definir una política e implementar definitivamente las medidas para no seguir este debate que se ha vuelto inagotable. Mientras discutimos, sigue habiendo taxistas asaltados, baleados, heridos. Si la intendenta no decide, la discusión es interminable y la prevención es imposible".
Desde el PRO, Rodrigo López Molina coincidió con Giuliano al señalar: "El municipio tiene responsabilidad en la no aplicación de una ordenanza que ya tiene siete años. Por eso nuestro bloque siempre se opuso a la suba de tarifa de este servicio".
De todas formas, el edil macrista advirtió que "el tema de fondo es el pico de violencia que padece Rosario y la incapacidad manifiesta del gobierno provincial y la policía de resolver el tema. La sociedad está desamparada y la provincia no tiene la menor idea de cómo solucionar la inseguridad".
El subsecretario de Servicios Públicos municipal, Diego Leone, salió al cruce de los cuestionamientos. "No falta voluntad política del Ejecutivo, hay temas técnicos que nos exceden que nos imposibilitaron avanzar, además de falta de consenso entre todos los actores sobre las medidas a instrumentar", indicó.
Leone aclaró que el blindex "no se pudo concretar porque no superó las pruebas de balística y sobre el retiro del efectivo, el Concejo aún no se expidió sobre el informe de viabilidad que les mandamos hace un tiempo. En lo que pudimos se avanzó, como en el caso del GPS", cerró.