Gustavo Canut aún está enojado. Fue unas de las víctimas, de los 55 denunciantes estafados, por la firma fantasma Dimare SRL. En gran medida, el hecho de que haya instalado GPS en sus equipos permitió tirar del ovillo para recuperar parte de los 50 millones de pesos en mercadería que la banda había comprado con cheques sin fondos. Pero le apunta al banco que habilitó las chequeras que se utilizaron esta operaciones, del cual él también es cliente en otra sucursal rosarina.
Al igual que la mayoría de los empresarios, el pelotari de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 —cuando se incluyó a la pelota vasca como deporte de exhibición— ya puso un abogado que analiza demandar a la entidad financiera de capitales españoles. Cuenta que casi desde la primera vez que le aparecieron a comprar máquinas algo le llamó la atención. Más cuando después de hablar con un directivo de la sucursal del banco de Paseo del Siglo, al rato —"no más de una hora y media", estimó— apareció en su negocio un tal Jonathan Mena, de Dimare, sorprendido porque habían consultado referencias financieras suyas.
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de la provincia también pidió información al Santander Río sobre la evaluación de riesgo y procedimientos para tratar de establecer si hubo "complicidad o negligencia". La respuesta del banco llegó el miércoles pasado y ahora está bajo la lupa de los fiscales.
Canut, como todos los demás que hablaron con La Capital, señaló que es habitual pedir referencias y más cuando recién se empieza una relación comercial y los montos son significativos. Pero lo que no le pareció normal es que la entidad le avise a su cliente sobre la solicitud de referencias.
El empresario local, que vende máquinas viales de la marca Liugong, contó que fue allí que decidió colocar los equipos de rastreo satelital a los equipos. Lo confundía, admitió, la precisión con la que Mena le hizo el pedido de las máquinas, algunas de las cuales fueron halladas en un campo de San Jerónimo Sud donde había otros materiales de la construcción y un criadero de perros. La propiedad sería del abogado defensor del imputado Alberto Cocco, César Ceragioli. Otra la encontraron con algunos rayones en un corralón de Rosario. Habían pasado unos diez días desde que rastreó con angustia, a través de los GPS y vigilancia, que los equipos no fueran movidos fuera de la provincia.
"Casi las abracé cuando las vi", dijo el empresario al que le faltan recuperar dos equipos. En total había vendido por 8 millones de pesos y ya recuperó 6,5 millones. Rescató el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos. Pero hasta llegar ahí tuvo que pasar por la resistencia policial en la comisaría para tomarle la denuncia. En medio de eso apareció una vez más telefónicamente Jonathan señalándole que quería devolverle las máquinas porque "no quería problemas pero pasó lo que pasó". Adujo que había tenido problemas con "dos socios". Le dijo que sabía de la ubicación de un par de equipos y que el resto las iba a tratar de ubicar. Después no hubo más contactos.
Las estafas con cheques sin fondos por un valor estimado de 50 millones de pesos, de los cuales se recuperaron unos 15 millones en mercaderías y vehículos, avanzó en la última semana con toda una serie de allanamientos de los que derivaron cuatro detenciones. Y se busca a Sebastián Alonso, quien habría utilizado el alias de Jonathan Mena.
El modus operandi de Dimare era, primero, presumir ante las víctimas una solvencia financiera y estados contables sólidos. Los cheques a fecha dejaron al descubierto decenas de perjudicados que se desayunaron de la estafa cuando los valores rebotaban en el banco o cuando fueron al galpón de zona sur de Rosario (Presidente Quintana al 2400) donde un cartel les avisaba que la firma se había mudado a Hurlingham, en Buenos Aires.