La ciudad

"Está bien invertir en herramientas que den seguridad, pero no en cáscaras vacías"

Los concejales del Frente para la Victoria, Norma López y Roberto Sukerman, criticaron la utilización que se hace de las cámaras de videovigilancia en la ciudad de Rosario.  

Viernes 06 de Junio de 2014

Los concejales del Frente para la Victoria, Roberto Sukerman y Norma López, criticaron la instalación de cámaras de seguridad y de centros de monitoreo sin que haya una labor articulada de los distintos estamentos estatales y sin cumplir con las normas regulatorias de los sistemas de control ciudadano.

"Nos parece auspicioso invertir en herramientas que brinden seguridad, no lo deben hacer con cáscaras vacías", disparó Sukerman, quien señaló que "no tiene sentido que se sigan instalando cámaras mientras no haya una correcta articulación del trabajo de municipio y provincia".

"Siguen inaugurando centros de monitoreo, prometiendo la colocación de más cámaras, pero sin aplicar la regulación vigente sobre el tema -añadió-. No se conforma la comisión de garantías para resguardar derechos, no se trabaja articuladamente entre las fuerzas, no hay claridad sobre dónde colocarlas de acuerdo al mapa del delito ni se establecen prioridades en su utilización".

Asimismo, indicó: "Todo ello se debe a la falta de una labor conjunta de las autoridades. El ensamble de los niveles del Estado es vital para la aplicación de este tipo de políticas". Y explicó: "El Estado debe asegurar la convivencia ciudadana en los espacios públicos o privados de acceso público, y regular la instalación, instrumentación y uso de la captación de imágenes mediante cámaras".

"Le hemos otorgado las herramientas para la regulación integral del uso de videocámaras a través de la ordenanza 9025 aprobada en 2012 pero no lo han implementado", indicó Sukerman y añadió: "En el orden provincial tampoco instrumentaron la reglamentación de la Ley 13.164 -que data de 2010-, sobre la instalación, uso y posterior tratamiento de las imágenes captadas por cámaras de seguridad. Entonces, si bien nos parece auspicioso invertir en herramientas que brinden seguridad, no lo deben hacer con cáscaras vacías".

En ese sentido, López afirmó que "el bloque del FpV creó por ordenanza una Comisión de Garantías. Sus principales facultades se centran en aceptar o rechazar las solicitudes de instalaciones fijas, recabar el soporte físico de las grabaciones y solicitar la destrucción de las imágenes cuando considere que se han cumplido las condiciones legales de su procedencia; entre otras funciones. Dicha comisión aún no ha sido constituida. Es claro que estamos frente a una falta de eficiencia de la Municipalidad para operar seriamente en el ámbito de la seguridad".

"Elaboramos también el proyecto de Rosario Alerta 2.0, que consiste en la implementación de una plataforma tecnológica -que incluye sms, celulares, GPS, redes sociales, cámaras de seguridad-, controlada por un centro de monitoreo central encargado de tomar denuncias y tomar decisiones en forma inmediata -agregó-. El mismo ha sido aprobado por el Concejo. No obstante, no tenemos noticias de su aplicación por parte de la intendencia. Entonces cuando hablamos de cáscaras vacías, debemos señalar que esa política también lleva a una evidente falta de políticas de planificación para combatir la inseguridad".

Por otra parte, López indicó: "Anuncian la colocación de cámaras como si eso fuera a resolver un problema pero no aceptan legislar sobre las formas de utilización ni la importancia de resolver quién se ocupa de su control. ¿La misma policía, que tanto cuestionamos por sus vinculaciones con el narcotráfico y el delito, va a ser la encargada de manejar los centros de monitoreo? Nos parece inaudito. Por otro lado, existen tres centros de monitoreo que se superponen entre sí, entonces en el afán de aparentar eficiencia, se malgastan los recursos estatales".

Finalmente, la concejal aseguró que "es inadmisible que no se establezca un marco regulatorio existente desde hace 4 años, como es la Ley 13.164, cuyos fines apuntan al desarrollo de la convivencia ciudadana, al cuidado y uso pacífico del espacio público y a facilitar la investigación para el esclarecimiento de hechos delictivos. El estado en todos sus niveles, debe bregar por el cumplimiento de esta ley y resolver las tensiones entre seguridad y libertad que acarrea el uso de imágenes personales". 

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