La ciudad

"Es prioritario bajar el número de niños que están institucionalizados"

El planteo fue realizado por Alicia Giménez, directora de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Sábado 30 de Enero de 2016

Si bien en los papeles —es decir en la ley— no hay dudas, el camino del sistema de patronato hacia el paradigma de protección integral de niñas, niños y adolescentes “sigue en plena construcción”. Así lo plantea Alicia Giménez, integrante y coordinadora durante más de dos décadas del Grupo de Atención al Maltrato Infantil del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, y desde diciembre pasado directora de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, una de las llamadas “áreas sensibles” y que el año pasado fue blanco de fuertes críticas.

La abogada aseguró que “la cabeza no se cambia de un día para el otro”; sin embargo, en una provincia que cerró el 2015 con unos 600 chicos con medidas de excepción, es decir que fueron separados de sus familias y están bajo la guarda del Estado, y de los cuales unos 300 estaban institucionalizados, la funcionaria admitió “patas flojas” y enumeró prioridades claras. “Hay que bajar el número de niños institucionalizados, articular en el territorio y mejorar los lugares de alojamiento, porque las instituciones transitorias son necesarias y no deben ser desterradas, pero sí deben ser adecuadas, acogedoras y cuidadoras de los niños”.

   —Con más de 20 años al frente del equipo interdisciplinario del Hospital Vilela que atiende las situaciones de maltrato infantil, ¿cómo se fue modificando y complejizando la problemática a lo largo de estos años?

   —Las problemáticas se modificaron de la mano de los cambios sociales, con la fuerte aparición del consumo de drogas y la complejización de las situaciones sociales. En los 90 no era cotidiano que llegaran al hospital chicos en situación de calle y era raro que un chico ingresara por consumo de sustancias. Tampoco se detectaban tan fácilmente situaciones de abuso infantil, y no porque no sucedieran, sino porque había problemáticas aún invisibilizadas o naturalizadas. Muchas veces los profesionales, cuando no se sabía qué hacer, no hacían nada, por eso creo que fundamentalmente hubo un trabajo central de poner sobre la mesa en estas décadas esas situaciones, que después la ley también fue recogiendo. Ahora sí se habla de maltrato infantil, sí se habla de abuso sexual infantil, entonces la aparición de mayor cantidad de casos también tiene que ver con el aumento de la complejidad social, pero también con una mayor conciencia social.

   —En esa complejidad, las situaciones de niños con derechos vulnerados se entrecruzan con otras situaciones de violencia o vulneración de derechos en los grupos familiares.

   —La realidad social muestra eso todo el tiempo. Hubo cambios sustanciales. La violencia social ha aumentado y la sociedad no es ni mejor ni peor, pero no es la misma. La violencia atraviesa todos los estamentos, e insistimos en que esa violencia no es patrimonio de las clases menos poderosas.

   —¿Con qué objetivos llega a la dirección?

   —Me sentí comprometida ante la propuesta porque es un tema en el que llevo más de 20 años, y creo que se puede mejorar. En la dirección hay recursos humanos muy capacitados, mucha gente ocupándose de estas problemáticas y si hay decisión política, como creo que hay, de poner el cuerpo, creo que el equipo puede lograr los cambios que las infancias y las adolescencias merecen y requieren.

   —¿Cuáles serían esos cambios?

   —Hay que fortalecer lo existente: en estructura, recursos humanos y materiales. Tenemos operadores, recursos humanos y profesionales que vienen sosteniendo el sistema con su trabajo, pero eso hay que fortalecerlo. Articular con todas las áreas del Estado y también con todos los niveles del Estado, porque estas situaciones de violencia no sólo son de niñez, sino que tienen que ver con la complejidad de la situación social. Y hay que reforzar el trabajo en los territorios y en los niveles locales a través de convenios para la creación de nuevos espacios, armando así el sistema.

   —El paso del sistema de patronato al paradigma de protección integral de niñas, niños y adolescentes sigue incompleto...

   —El de protección es un sistema que seguimos construyendo porque la ley está, pero en la práctica el cambio sigue dándose de a poco. Por eso hablamos de fortalecer lo que hay y articular, y sobre todo apelar a los recursos locales para lograr que todas las localidades de la provincia puedan abordar las situaciones en el propio territorio. Porque muchas veces la situación de un niño con derechos vulnerados llega a una medida excepcional tras un trabajo en el terreno que se acompañó y fue adecuado, aunque no suficiente, pero otras veces estalla en niveles de gravedad sin que se haya dado ese trabajo previo y eso niega al niño la posibilidad de vinculación y de trabajo con su propia familia. Y para eso hay que seguir capacitando los niveles locales en la prevención.

   —El año pasado el área recibió fuerte críticas de profesionales, psicólogos y trabajadores sociales que requerían recursos humanos y materiales, articulación y líneas claras de trabajo, ¿se los va a sumar a la mesa de diálogo?    

—Cuándo digo articular, también hablo de estos profesionales. Rosario tiene el privilegio de tener mucha gente trabajando en las problemáticas de infancia y adolescencia, y el objetivo es encontrarnos con todos ellos. En la medida de que tengamos un eje común y cada uno un rol, podemos avanzar.

   —El área cerró el 2015 con unos 600 chicos con medidas de excepción que fueron separados de sus familias de origen, de los cuales 150 estaban con la llamada familia ampliada, otros 150 con familias solidarias, pero otros 300 seguían institucionalizados en toda la provincia. ¿Cuáles son las prioridades?

   —La prioridad es bajar ese número de chicos institucionalizados, sumar espacios de alojamiento y mejorarlos. Las instituciones son necesarias para trabajar transitoriamente, el nuevo sistema no significa desterrar las instituciones, pero deben ser transitorias, adecuadas, acogedoras y cuidadoras de los niños y adolescentes. Esas son las principales patas flojas, porque no se cambia la cabeza de un día para el otro. La ley tiene cinco años, pero en tiempos culturales, no es un tiempo excesivo. El sistema de protección integral debemos seguir construyéndolo y tenemos expectativas.

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