La ciudad

En un año detectaron mil chicos expuestos a abusos, violencia y peligros

El Servicio de Protección y de los Derechos de los Niños abrió un expediente por cada uno de ellos, el paso previo a alejarlos de sus familias. Las situaciones de riesgo se agudizan por la crisis social.

Domingo 24 de Marzo de 2019

La muerte de Carolina Visca (10 años) encerrada en una casilla y prendida fuego, víctima de la violencia y la pobreza estructural. La balacera del 1º de marzo en Manantiales al 3700 que dejó a tres niñas de 5, 8 y 9 años heridas de arma de fuego, una de ellas secuelas motrices severas a raíz de un balazo en la cabeza. Se trata de la expresión más cruel de la vulneración de derechos que padecen cotidianamente niños y niñas, expuestos a la pobreza, el abuso, la violencia urbana y, en muchos casos, la falta de cuidado por parte de los adultos. Sólo en su primer año de funcionamiento, el Servicio de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el organismo local de aplicación de la ley nacional, abrió por lo menos mil expedientes. Cada legajo es un niño en riesgo y el trámite es el paso previo a la medida de excepción, es decir el alejamiento de la familia. A lo largo de 2018, la Subsecretaría de Niñez de la provincia tomó esta determinación para otros mil chicos de toda Santa Fe y en lo que va de este año, se acumularon otras 132 medidas de excepción. "Es un número alto", admitió la titular del área, Andrea Travaini, y admitió la preocupación "no sólo por la cantidad de casos, sino fundamentalmente por las condiciones subjetivas en que se encuentran los chicos y todas esas familias".

Las escuelas y los centros de salud, además de los centros de convivencia barrial, son la primera red que en los barrios vienen detectando la agudización de las situaciones de niños en riesgo y con derechos vulnerados, la mayoría de las veces en escenarios de pobreza. Los profesionales que trabajan en el territorio no dudan en asegurar que la crisis, la falta de trabajo y la imposibilidad de acceder mínimamente a los alimentos, exacerba las violencias y allí están los niños de esas familias.

La bisagra

En Rosario, la implementación en febrero de 2018 del Servicio de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establecido a partir de la ley nacional de protección de niñez, abrió la posibilidad de "abordar con equipos interdisciplinarios los casos que en el territorio encuentran un límite y donde los chicos siguen estando en riesgo, en un paso previo a los pedidos de separación del centro de vida de los chicos", explicó la coordinadora del organismo, Alicia Giménez.

Pero además la funcionaria municipal, que congestiona el servicio con la provincia, indicó que también permitió "hacer un diagnóstico de la situación". Contó que en menos de nueve meses de trabajo se habían abierto 350 legajos y para febrero pasado, cuando el servicio cumplió su primer año de trabajo, se habían acumulado mil expedientes.

"Cada expediente es un niño en riesgo", indicó Giménez, y agregó que "son casos donde los equipos del territorio requieren la intervención de los profesionales dante situaciones que no se pueden modificar y donde los niños permanecen en un escenario que los amenaza y vulnera sus derechos".

"En muchos casos, los adultos no registran los peligros a los cuales los chicos quedan expuestos"

La coordinadora describe al organismo como "una bisagra" entre el trabajo en el territorio y la Subsecretaría de Niñez de la provincia, que es la que interviene al momento de pedir las medidas de protección excepcional, que significan separar al niño del centro de vida y de su familia. "Se intenta que pueda seguir estando en su grupo familiar y para eso se facilitan los accesos a programas y herramientas del Estado para fortalecer esos vínculos", detalló Giménez, al tiempo que indicó que los primeros doce meses de trabajo también son una forma de "hacer un diagnóstico general de lo que aparecía en forma parcial en otros espacios del Estado, por ejemplo el hospital (de Niños Víctor J.) Vilela".


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Profundización

Sin embargo, la agudización de las situaciones de riesgo viene haciendo que los pedidos de protección excepcional por parte de la provincia a través del Poder Judicial sean cada vez más frecuentes, y así lo indicó la titular de la Subsecretaría de Niñez al detallar los números de los últimos años.

En 2018, en toda la provincia, se requirieron 697 medidas de este tipo, lo que incluyó a 1.071 niños, ya que generalmente un trámite abarca a más de un niño porque en los grupos familiares suele haber varios hermanos. En lo que va de este año y también en territorio santafesino, aunque centralmente se dan en las grandes ciudades de Rosario y Santa Fe, hubo otras 132 medidas, un número que la funcionaria consideró "alto y preocupante" para el período del año.

Sin embargo, también apuntó a otra cuestión importante: "Las condiciones subjetivas en las que encontramos a los niños y a los grupos familiares a la hora de abordarlos". Además, remarcó que hay "casos de abusos, malos tratos, violencia familiar y violencia de género, consumos problemáticos, dificultades en el cuidado y, muchas veces, que es lo más complejo, adultos que no registran los peligros a los cuales los chicos quedan expuestos".

Para Travaini, la situación "de crisis social y malestar de los últimos años ha agudizado las situaciones", y también remarcó la fractura de los lazos tanto en los grupos familiares como en los adultos referentes que los chicos puedan tener. "Se intenta siempre antes de tomar una medida buscar un familiar o adulto referente que pueda acompañar a los niños, abuelos o tíos —explicó—; pero nos encontramos ahora que las condiciones económicas hacen que esa familia ampliada no aparezca, o no pueda hacerse cargo porque no es lo mismo alimentar a 2 que a 5, o mandarlos a la escuela".

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