En La Saladita hay 609 vendedores, pero sólo 5 cumplen con los requisitos

De los 609 comerciantes informales que venden artículos en La Saladita, la feria informal que se levanta todos los fines de semana y feriados en la plaza Homero Manzi (Salvá al 5900), sólo cinco son emprendedores sociales, es decir, personas que están registradas por la Municipalidad para poder comercializar productos en ferias.

La subsecretaria de Economía Solidaria, Susana Bartolomé, anticipó que a ese ínfimo porcentaje de emprendedores "se les ofreció trabajar en las 10 ferias que tiene el municipio".

Luego de que los vecinos del lugar ingresaran hace un mes un escrito en el Concejo pidiendo que se regulara la actividad de esta feria, el 30 de septiembre pasado se aprobó un decreto propuesto por el edil radical Martín Rosúa que encomendaba al Ejecutivo "informar las conclusiones del censo realizado en el mercado informal y las políticas a implementar".

El edil radical recordó que el 5 de diciembre del año pasado ya se había aprobado otro decreto donde se solicitaba a la Intendencia lo mismo: un censo en la zona y un informe de los controles bromatológicos de la mercadería que se comercializa en la feria.

"Esta feria es inviable, es un formato irregular muy difícil de transformar. Estamos por la recuperación del espacio público y el traslado con la regularización de la feria, podría ser en el Parque Regional Sur", destacó Rosúa y agregó: "La idea es eliminar las actividades ilegales y que entren al sistema de ferias de Economía Solidaria".

LaCapital dialogó con uno de los vecinos de la plaza Manzi que impulsan el traslado. "Hace 14 años que no nos dan bolilla. La Intendencia dice que es ilegal, como lo dijo (el ex intendente Miguel) Lifschitz, pero no hizo nada. Como barrio queremos recuperar el espacio verde", dijo y pidió reserva de su nombre por miedo a represalias, ya que contó que fue amenazado por exigir el desalojo de la feria.

El hombre recordó que la GUM incautó unos 14 kilos de leche en una caja grande, hace dos semanas atrás, y que el pasado fin de semana "volvió la venta de leche del Ministerio de Salud, prohibida para su venta y de distribución gratuita, y hasta de medicamentos. Por eso no se puede decir que lo que venden no es ilegal", remarcó.

En el barrio se interiorizaron del relevamiento municipal y coincidieron en el número de puesteros. "Son 609 vendedores, de los cuales a un ínfimo porcentaje (panificadores y verduleros) ya los encuadramos en el funcionamiento de las 10 ferias de Rosario, por eso no hace falta una nueva", subrayó Bartolomé y agregó: "El resto es de origen dudoso".

En números. Los vecinos hacen cálculos: con 600 puestos circulan 5 mil personas cada fin de semana. Y hay dos o tres grupitos que alquilan los tablones a diez pesos cada uno y se levantan 2 mil pesos por día, hasta pájaros enjaulados traían para vender".

Rosúa, quien recibió a los vecinos en varias oportunidades, resaltó que el funcionamiento de la feria (que nació en 2001 como uno de los tantos clubes del trueque tras el estallido social) "hoy es absolutamente irregular, por lo que el municipio deberá evaluar donde deberá ser reubicada".

El presidente del Concejo Municipal Miguel Zamarini también se involucró en la problemática. "Le pedimos al Ejecutivo que nos diga qué quieren hacer con la feria y si hubo conversaciones con áreas sociales y los feriantes. En lo personal, acompaño la idea de vecinales y vecinos que expresan su desacuerdo con la invasión del espacio público", indicó y advirtió: "El municipio debe dialogar con ellos para no producir un desalojo sin salida, es decir una intervención a mediano plazo para que la gente no se quede sin recursos. Acompañaremos con la idea de que no se instalen otras ferias similares".

Contra la competencia legal

Las acusaciones que partieron ayer desde los puesteros de La Saladita (ubicada en Salvá al 5900) motivaron la reacción de dirigentes empresariales y comerciantes del centro. Los testimonios que La Capital recopiló el domingo en la plaza Homero Manzi, donde funciona la feria los fines de semana, referían a la compra de indumentaria y mercadería que los comerciantes de calle San Luis hacían en la megaferia de La Salada, en la provincia de Buenos Aires. “Calle San Luis está llena de kioscos de venta ambulante que no están encuadrados en la normativa y con gente que los maneja a razón de 5 a 6 cada uno, explotando a personas que no cobran un salario de acuerdo a las leyes sociales”, aseguró el referente del paseo comercial, Jorge Rosentgberg.

En titular de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab, también se pronunció en contra del comercio ilegal “de cualquier naturaleza, porque se lucra en base a la precariedad laboral, la evasión impositiva, el incumplimiento normativo y el uso indebido de marcas y patentes, lo que se resume sencillamente en la competencia desleal”.

Diab no evitó los cuestionamientos y sospechas que lanzaron desde La Saladita, donde se aseguró que los comerciantes de San Luis también compraban en La Salada. “No me consta, pero si el comerciante se provee de esta feria, también ejerce la actividad ilegal porque el producto es ilegal”.

Rosentgberg no se mostró preocupado por el funcionamiento de La Saladita “si se pagan impuestos, el monotributo, IVA, leyes sociales y con controles provinciales y municipales, porque la competencia es positiva; pero si es una feria irregular expresa la decadencia del país.

El comerciante del paseo céntrico volvió a cuestionar el funcionamiento irregular de los puestos ambulantes que venden a la vista de todos y ninguno está encuadrado dentro de lo que dice la Municipalidad”, subrayó.