En el medio de la pandemia, los abusos de precios golpean al Estado. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, reconoció que su dependencia debió pagar valores superiores a los que el mismo gobierno puso como referencia en una licitación realizada para comprar alimentos destinados a paliar la creciente crisis económica y social. Las cotizaciones más altas se registraron en los rubros azúcar y aceite. El funcionario justificó la decisión de avanzar en la operación: "Estamos en emergencia", dijo. Por la noche, el presidente Alberto Fernández analizaba con sus colaboradores un mecanismo para evitar maniobras de parte de los proveedores.
Ayer se publicaron en el Boletín Oficial varias resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social donde se autorizaba la compra masiva de alimentos básicos para abastecer a los sectores más vulnerables en el marco de la epidemia del coronavirus. Hubo precios que se ubicaron un 37 por ciento por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría.
La primera crítica se disparó desde las propias filas del Frente de Todos. El dirigente social Juan Grabois acusó en un tuit a "algún hdp" que "compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad".
"Nosotros compramos a $28 el paquete contra $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que el presidente Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable", dijo.
Luego siguieron dirigentes opositores que históricamente se resistieron al control de precios y a las regulaciones que impidan la libre formación de precios en el mercado. Es el caso de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió, quien interpeló al ministro de Desarrollo Social: "De la misma forma que usted le exige al almacenero: retrotraiga todos los precios a los valores que estipuló el gobierno en el programa precios máximos". El presidente del bloque de Diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC-ARI), Maximiliano Ferraro, detalló que presentó un proyecto para que "se auditen todas" las compras realizadas por el Estado.
En realidad, la licitación para la compra de alimentos difundida ayer se realizó bajo los controles habituales y con la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Lo que no cumplió fue con los precios que la Sindicatura o el mismo gobierno a través de Precios Cuidados, prescriben como referencia.
"Acá no hubo corrupción. Lo que hay es proveedores que están vendiendo productos a determinados precios, que nosotros queremos que bajen, y en el medio de la emergencia tenemos que cubrir una demanda que es inédita en la Argentina", destacó Arroyo al explicar el motivo por el que el Estado decidió comprar igual los productos a pesar de que los costos estaban por arriba de los precios de referencia.
El funcionario explicó que se realizó una compra extraordinaria de alimentos porque la cantidad de personas que comen en comedores y escuelas aumentó de 8 millones a 11 millones de personas como consecuencia de la suma de los dos años de depresión económica macrista y el impacto de las restricciones pro el coronavirus.
Explicó en ese sentido que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas y en la que la Sindicatura General de la Nación es la que establece los precios testigos.
"Se convocó a más de once proveedores, en ningún rubro se adjudicó a una sola empresa. No pudimos llegar a comprar más alimentos porque nadie presentó oferta por el volumen total que se estaba planteando", dijo el ministro Arroyo.
"Azúcar y aceite que los precios están por encima de los precios testigo de la Sigen, que no contempla la logística. Se evaluó que claramente había que comprarlo igual porque estamos en emergencia", dijo Arroyo. El funcionario sostuvo que se está "en una situación muy crítica" y se le pidió a todos los proveedores "que se presenten y ayuden a bajar los precios".
El ministerio hace compras permanentes: en términos generales, compraba 8 millones de kilos por mes y se intentó comprar ahora 12 millones de kilos, pero no se logró dar con todo ese volumen.
Arroyo aclaró que "todas las compras fueron realizadas bajo supervisión de la Sigen, el Instituto Nacional de Alimentación y las normativas del decreto 260" de Emergencia Sanitaria.
Remarcó que, pese a que "en el rubro aceite por 1,5 litro y azúcar por 1 kilo la oferta superó los precios testigos", se resolvió avanzar con el proceso "ante la necesidad" de llegar a comedores.
Arroyo detalló que se incrementó en $ 2.000 millones la asistencia alimentaria, en este contexto de crisis, una parte para la compra de alimentos y otra parte para transferir fondos a provincias y municipios, un total estimado en $ 400 millones.
