Rosario ya adhirió al decreto provincial que faculta a los policías a efectuar control de documentación a motos por las calles de la ciudad. Y desde el 14 de junio a la fecha, ya se remitieron al corralón municipal casi 50 rodados como consecuencia de los tres operativos semanales que realiza la Unidad Regional II. Para las autoridades se trata de un dato auspicioso que le suma coordinación a los esfuerzos desde el Estado para frenar la ola de delitos.
El decreto 460/2022 está vigente desde el 13 de abril pasado y establece que se faculta a la policía a disponer la retención preventiva de motovehículos en ocasión de ser controlados en la vía pública.
En la capital provincial, la medida tuvo inmediata adhesión y desde entonces hasta fines del mes pasado la policía retuvo 632 motos por incumplir algunas de las exigencias reglamentarias para transitar.
El decreto faculta a los agentes policiales a efectuar controles y retención preventiva de motovehículos en todo el territorio provincial, en ocasión de que sus conductores no puedan acreditar la titularidad del dominio o de su legítima posesión o autorización de uso, debiendo dar cuenta inmediata a las autoridades locales para que tomen la intervención que les compete, y su remisión, en su caso y si correspondiere, al depósito judicial.
Estadística
La titular de la Unidad Regional II, Margarita Romero, precisó que “desde que comenzamos el pasado 14 de junio hasta el lunes pasado, 42 motos fueron remitidas al corralón por el decreto 460”. Esto merced a la labor de unos 5 agentes que en forma rotativa realizan tres controles semanales de documentación a los motovehículos.
Desde el 1º de junio hasta ayer, se llevaron al depósito municipal 180 motos y 110 autos.
La medida fue bendecida por diversos sectores en medio de un marcado aumento de violencia y delitos predatorios producidos desde motos.
Móvil para delitos
“En el 70 por ciento de los hechos delictivos se utiliza un motovehículo como escape”, había marcado el ministro de Seguridad santafesino, Jorge Lagna, para apuntalar la puesta en marcha del decreto que se anunció tras una reunión del Consejo de Seguridad hace tres meses.
Esta nueva herramienta en manos de los policías fue calificada por el gobierno como un “antes y un después”, ya que según razonaron la cantidad de motos que circulan y la de personas que están dispuestas a cometer delitos sobrepasa la capacidad de actuación de cualquier municipio. Y además, servirá no sólo para detener el avance de los motochorros sino también para desactivar todo un negocio marginal que incluye robo de motos, pedidos de rescate, desguace y venta ilegal de repuestos.
Apenas tomó estado público el proyecto, el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, había considerado que es una forma más de aportar herramientas para lograr un mayor y mejor control sobre el delito que va a impactar de manera positiva a un trabajo junto a Seguridad y las fuerzas policiales.
La Dirección General de Tránsito cuenta con casi 300 agentes y junto a las otras áreas de Control y la policía de la provincia y las fuerzas federales realizan un promedio de 1.500 remisiones mensuales, en su mayoría por faltas administrativas.
“La posibilidad de que la fuerza policial cuente con un atributo nuevo donde a partir de otras herramientas como las que ya tiene, como es la base de información de antecedentes personales, es significativa en cuanto se pueda llegar a disminuir el delito”, había considerado el funcionario.
Labor administrativa
Desde el pasado 14 de junio en Rosario, la mecánica de trabajo conjunto es similar. Solo que ahora la policía labra un acta por cuadruplicado donde constan sus actuaciones administrativas; es decir, donde ponen qué le faltaba al conductor o al vehículo (lo que antes escribían los inspectores ahora lo hacen los agentes de seguridad).
En su momento el secretario de Gobierno había señalado que “no se trata de estigmatizar a nadie, pero quien tenga los papeles al día, quien use caso, quien pueda exhibir su documentación en regla, no va a tener inconvenientes”.