Absuelto o culpable. Esa será la sentencia que en poco tiempo más decidirá la Santa Sede sobre el caso del cura Reinaldo Narvais, acusado de abusos en la parroquia rosarina de Pompeya.
Mientras el religioso sigue suspendido en su labor pastoral y recluido en algún monasterio no revelado de su congregación, hace ya más de tres meses que en el Vaticano se evalúa el informe final que se redactó con los testimonios de las víctimas y testigos de los abusos.
Una copia de ese informe fue enviada al Vaticano y otra a la Justicia rosarina que, por ahora, resolvió archivar el expediente.
Fue en la última semana de agosto que el superior provincial de la orden de los lateranenses, Félix Paredes, presentó el resultado del proceso canónico a la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
El detalle del caso fue enviado por valija diplomática directo a la Sagrada Congregación de la Fe, a cargo del cardenal William Joseph Levada (sucesor de Ratzinger cuando éste fue elegido Papa). No hay plazos para que la Santa Sede se expida, pero se calcula que las demoras tienen que ver con las numerosas causas que por el mismo motivo se acumularon en el último tiempo en el seno de la Iglesia.

Se rompe el silencio. El informe enviado al Vaticano se realizó a partir de que La Capital hiciera público en febrero de este año los casos de abuso ocurridos en la parroquia de Mendoza al 5160. El procedimiento canónico en estas situaciones determina que ante la denuncia de un delito de abuso sexual, debe iniciarse una investigación. Como en este caso el acusado es miembro de una congregación religiosa, lo hizo la máxima autoridad de esa orden en el país.
Y como había certeza de la presencia de un delito, se realizó la instrucción de una causa por medio de la declaración escrita de las posibles víctimas y, también, del acusado. Todo este trámite se cumplió en presencia de la autoridad provincial de la orden, Félix Paredes, actualmente en Salta, y con un secretario, que fue el actual encargado de la parroquia, Raúl Lutz.
Reunidos todos estos elementos se elevó un escrito al Abad General que lo presentó en Roma a la Sagrada Congregación de la Fe, que puede tomar por sí la causa si hay involucrado un menor de 18 años. También puede designar a un Tribunal eclesiástico para que se haga cargo del caso. Sobre el tema del menor hay una situación confusa: una de las víctimas lo habría sido al momento de los hechos (antes de octubre del 2008), aunque ya sería mayor al tiempo del proceso canónico, y no está claro si presentó su testimonio.
En el proceso debe constar la credibilidad de las posibles víctimas y el acusado debe tomar conocimiento de lo que se le acusa acompañado de un abogado defensor para realizar su descargo por escrito.

Una copia a Tribunales. Una copia del informe fue enviada a los Tribunales, después que la jueza Raquel Cosgaya interviniera de oficio.
A principios de mayo, esa magistrada emitió un exhorto pidiendo toda la documentación interna que la Congregación tenía sobre el caso, entre ellas las actas de reuniones en la parroquia. Y a fines de junio la misma jueza libró una cédula judicial reclamando que cuando concluyera la etapa de instrucción eclesiástica se le remitiera copia de toda la documentación recabada.
Este proceso eclesiástico es el que finalizó a fines de agosto. Al principio algunas víctimas habían manifestado no tener interés en declarar y con la mayor reserva se tomó testimonio al acusado Narvais, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Por su lado, la Justicia rosarina no tuvo otro camino que archivar la causa porque al tratarse de un delito de instancia privada sólo la presencia de una de las víctimas podría habilitar su intervención De lo contrario no puede proceder a investigar.
Sí se estudió en el juzgado la instrucción canónica, pero no se hizo una evaluación de la conducta de Narvais.
El caso seguirá cerrado hasta que alguna víctima se presente y permita habilitar una causa, siempre que antes no hayan prescripto los supuestos delitos.