La secretaria gremial de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), Sandra Maiorana, volvió a exigir que se mejoren las condiciones de seguridad dentro de los hospitales públicos y que se dote a sus ingresos de detector de metales. "Hay grupos que entran armados y eso significa un riesgo no sólo para quienes los atienden sino también para los pacientes y sus familiares", advirtió.
La demanda llegó después de que se hiciera pública la tensión vivida el domingo a la madrugada en la guardia del Hospital Carrasco, cuando un grupo de unas diez personas ingresó a los gritos y rompió los vidrios de una de las puertas (ver aparte).
"La violencia social se hace cada vez más aguda y el personal de salud está muy expuesto a episodios que, en su mayoría, están relacionados con el tema de las drogas. Muchos pacientes llegan a ser atendidos bajo el efecto de sustancias y eso intensifica los problemas en los lugares más álgidos, como por ejemplo las guardias", advirtió la referente de Amra.
Maiorana advirtió que la asociación lleva mucho tiempo reclamando mejoras edilicias en los hospitales para prevenir este tipo de conflictos. "Ya hemos planteado a la Secretaría de Salud Pública la necesidad de colocar detector de metales en los accesos a los centros de salud, porque hay grupos que entran armados y eso significa un riesgo no sólo para quienes los atienden sino también para los pacientes y los familiares. Sin embargo, sistemáticamente las autoridades negaron esa opción y nos acusaron de querer militarizar los hospitales".
La profesional sostuvo que "es cierto que los hospitales tienen que contener a la comunidad, pero no a quienes vienen armados y con intención de agredir", sostuvo
A la Justicia. En mayo pasado, Amra decidió recurrir directamente a la Justicia para intimar a la Municipalidad a la "urgente" adopción de medidas de seguridad para garantizar la integridad, salud y vida de los trabajadores de los hospitales Roque Sáenz Peña (Laprida 5381) y de Emergencias Clemente Alvarez (Heca, Pellegrini 3205).
La presentación judicial llegó después de que un grupo de unas 30 personas provocara destrozos en el hospital de Laprida al 5300 y los médicos decidieran cerrar la guardia en reclamo de mejores condiciones de trabajo.
Maiorana reconoció que "el municipio cumplió con los arreglos prometidos en el Roque Sáenz Peña. Cerró el predio, cambiaron portones, aseguraron algunas puertas, hicieron una garita e instalaron cámaras, y eso permitió mejorar la situación", remarcó.