La ciudad

El silencio ante la prensa como estrategia de lo inexplicable

Laura Moyano habla rápido. Aporta nombres, fechas y sucesos en una descripción que deja al desnudo una coyuntura de violencia que no escapa a ningún barrio de la ciudad.

Domingo 12 de Agosto de 2018

Laura Moyano habla rápido. Aporta nombres, fechas y sucesos en una descripción que deja al desnudo una coyuntura de violencia que no escapa a ningún barrio de la ciudad. Está parada frente a la puerta de la pensión que usurpa desde hace varios meses junto a una decena de personas, en San Martín 1665. Dice que hasta el mes pasado estuvo pagando "6 mil pesos por mes" para estar allí. Y que no se irá porque no sabe dónde.

Tiene cinco hijos que van desde los 6 a los 17 años y está embarazada de cinco meses. Su casa quedó en Rouillón y bulevar Seguí, en la zona sur. Cuenta que allí, en marzo del año pasado, balearon e hirieron a su hijo Agustín. Y que un mes después le tirotearon la casa. "Un día volví y no pude entrar, me echaron a los tiros", remarca y reproduce una cruda historia que se ha vuelto habitual en las barriadas rosarinas: la usurpación de viviendas que motorizan bandas delictivas.

Voceros de Promoción Social (La Capital nunca pudo hablar con ningún funcionario) admitieron que Moyano llegó a esa dependencia en septiembre del año pasado. "Se la asistió y se le otorgó una ayuda económica para que pudiera alquilar y no quedara en la calle con sus hijos", remarcaron.

"Me vine acá"

"Me dijeron que me buscara algo y yo me vine a esta pensión", le contó la mujer a este diario y aseguró que hasta el mes pasado siguió pagando la mensualidad, a pesar de que el lugar está clausurado desde enero.

Vive en pésimas condiciones edilicias, sin agua, gas ni luz. Su sola historia deja al desnudo serias falencias de seguimiento de los casos sociales por parte de los operadores del municipio.

Una víctima de un delito a la que sólo se la asistió económicamente. Ningún operador parece haber chequeado en qué condiciones estaba viviendo. Y así se llegó al absurdo: la propia Municipalidad clausuró una pensión trucha en cuyo interior habita una mujer a la que asiste en carácter de víctima.

Esta semana este diario no pudo encontrar una respuesta oficial a esta pregunta. "¿Cómo puede ser que nadie se haya percatado de que una mujer con cinco hijos a la que le pagan un subsidio mensual para que no esté en la calle, está viviendo en pésimas condiciones en un inmueble usurpado?".

El silencio oficial deja al desnudo una cruel realidad: a las víctimas de delitos se les da dinero para conseguir un techo tras una violenta usurpación. Sólo eso. Que después viva en un lugar inhabitable y también termine cometiendo un delito, parece no importar. Si el flamante Centro de Atención a las Víctimas funciona así, realmente es preocupante.

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