
Por Diego Veiga
Voceros de Promoción Social (La Capital nunca pudo hablar con ningún funcionario) admitieron que Moyano llegó a esa dependencia en septiembre del año pasado. "Se la asistió y se le otorgó una ayuda económica para que pudiera alquilar y no quedara en la calle con sus hijos", remarcaron.
"Me vine acá"
"Me dijeron que me buscara algo y yo me vine a esta pensión", le contó la mujer a este diario y aseguró que hasta el mes pasado siguió pagando la mensualidad, a pesar de que el lugar está clausurado desde enero.
Vive en pésimas condiciones edilicias, sin agua, gas ni luz. Su sola historia deja al desnudo serias falencias de seguimiento de los casos sociales por parte de los operadores del municipio.
Una víctima de un delito a la que sólo se la asistió económicamente. Ningún operador parece haber chequeado en qué condiciones estaba viviendo. Y así se llegó al absurdo: la propia Municipalidad clausuró una pensión trucha en cuyo interior habita una mujer a la que asiste en carácter de víctima.
Esta semana este diario no pudo encontrar una respuesta oficial a esta pregunta. "¿Cómo puede ser que nadie se haya percatado de que una mujer con cinco hijos a la que le pagan un subsidio mensual para que no esté en la calle, está viviendo en pésimas condiciones en un inmueble usurpado?".
El silencio oficial deja al desnudo una cruel realidad: a las víctimas de delitos se les da dinero para conseguir un techo tras una violenta usurpación. Sólo eso. Que después viva en un lugar inhabitable y también termine cometiendo un delito, parece no importar. Si el flamante Centro de Atención a las Víctimas funciona así, realmente es preocupante.




