La Municipalidad volverá hoy a la Justicia con una "presentación detallada de todo lo actuado" desde finales de enero pasado, cuando logró que la mayoría de las familias que se habían asentado sobre unas cinco hectáreas de Avellaneda al 4200 en demanda de vivienda se retiraran del lugar. Ahora la Intendencia pedirá una "acción concreta" para que se liberen parte de esas tierras: las que nunca fueron devueltas a sus dueños y otras que el pasado fin de semana fueron reocupadas.
Un sector especialmente conflictivo es el que pertenece a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que ya amenazó con un paro para el lunes o martes próximo si no se le devuelven los terrenos, donde el gremio levanta un plan de viviendas (ver aparte).
La situación es muy compleja. La toma, siempre pacífica, comenzó a mediados de enero con unas 50 personas y en pocos días sumó a más de 500, procedentes de Villa Alvear (ubicada frente al predio) y los barrios Vía Honda, La Granada, Villa Banana, Las Flores y La Tablada .
Con palos, cintas, alambres, lonas, plásticos y lo que tuvieron a mano la familias (argumentando una acuciante necesidad de techo) la gente fue delimitando lotes en tierras que tenían distintos dueños. Además de a UPCN, los terrenos pertenecían a un privado, el municipio y los gremios de trabajadores portuarios, del hielo y correos.
El municipio ensayó distintas estrategias para lograr la desocupación y terminó recurriendo a la Justicia. Sin embargo, la respuesta judicial rehuyó la opción del desalojo y privilegió la búsqueda de consenso.
De hecho, finalmente el 20 de enero se suscribió un acta acuerdo con la firma del juez Correccional en feria, Carlos Leiva, quien incluso se hizo presente en la toma, representantes del municipio ("en carácter de mediadores porque se trataba de tierras ajenas", recordó ayer la subsecretaria General, Lorena Carbajal) y referentes de las familias ocupantes.
El acuerdo suponía un censo meticuloso que estudiaría "caso por caso" y apuntaría a "mejoras puntuales para cada familia". Las estrategias podrían incluir desde "documentación" hasta ayuda económica o la inclusión en programas sociales de distintos niveles de gobierno.
Pero en el medio de ese proceso las cosas se complicaron. En parte porque un grupo importante de familias (según Carbajal, unas 60; para los propios ocupantes, 180) nunca aceptó abandonar el predio, y en parte porque el domingo pasado unas 150 personas que ya se habían ido regresaron, denunciando que no les "cumplieron las promesas".
"No nos movemos hasta que la Muni nos dé una respuesta concreta: queremos tierras para pagar en cuotas donde podamos hacer nuestras casas", afirmó Yésica Domínguez, una de las personas que "nunca" se fue del sector delimitado por "Constitución, Alsina, Garibaldi y Cagancha", donde dijo que están instaladas "180 familias".
Pero ahora, aclaró, "también volvió gente que había confiado en la Municipalidad y anduvo de pariente en pariente hasta que se le terminó la paciencia porque los defraudaron". Según la vecina, se trata de otras "70 u 80 familias".
El secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, adelantó que hoy habrá una reunión de diferentes áreas del municipio para "documentar todo lo actuado" y formalizar una nueva presentación judicial.
-¿Van a pedir el desalojo?
-No pedimos particularmente el desalojo sino que la presentación expone que se está produciendo un hecho ilegal, irregular, y que hicimos todos los esfuerzos posibles, todo lo que está al alcance del municipio. Por eso le pedimos a la Justicia que arbitre los medios necesarios de su competencia para revertir esa situación.
Será este viernes de 18 a 23, donde unas 25 librerías de Rosario tendrán sus puertas abiertas y sorprenderán al público con presentaciones de libros y ofertas.
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