La ciudad

El municipio intima a 300 taxistas rebeldes a poner el GPS o les sacan las chapas

Desde la Secretaría de Servicios Públicos remarcaron que darán un plazo de 10 días para acatar lo que dicta la ordenanza. Es el grupo que ya concurrió a la Justicia.  

Sábado 02 de Agosto de 2014

En un plazo no mayor a diez días, la Intendencia decretará la caducidad de las licencias a unos 300 titulares de taxis que se resisten a la incorporación obligatoria por ordenanza del sistema de identificación satelital (GPS).

La secretaria de Servicios Públicos, Clara García, emplazó a los incumplidores para que en un plazo de 48 horas contraten un servicio de monitoreo o bien entreguen las chapas en caución, hasta que puedan completar el trámite.

“Estamos notificando por tandas. Esta es una situación extrema que no tiene marcha atrás”, advirtió la funcionaria.

Desde la Asociación de Conductores de Taxis (ACT), Francisco Báez rechazó la intimación, dijo que ya judicializaron la cuestión y lanzó: “Si la Corte Suprema de Justicia santafesina dice que hay que poner el GPS, pediremos disculpas y lo haremos”.

   Cuando se aprobó el último aumento tarifario de noviembre, también se obligó a las más de 3.600 licencias de taxis a colocar un sistema de GPS a bordo. Así, las unidades pueden ser identificadas por el Ejecutivo y a la vez el conductor puede activar un botón de pánico que emite una señal que es visualizada en las pantallas del Centro de Monitoreo Municipal.

   El plazo de adecuación expiró en abril, en medio de una batalla judicial de los taxistas contra la medida. Sin embargo, los dos amparos presentados en Tribunales no prosperaron. Con los plazos corriendo para su cumplimento, los tacheros rebeldes presentaron un recurso de reconsideración vía administrativa que fue denegado. Se los citó para que expresaran agravios y se rechazó la apelación, lo que dejó la medida en firme. “Están saliendo los rechazos a la última apelación y la intimación para que en 48 horas cumplan con la normativa”, explicó García.

   El trámite se está haciendo por tandas entre los 300 taxistas que están fuera de la norma. “Se los notifica uno por uno. Todo el proceso no puede demorar más de 10 días”, estimó la funcionaria.
  Muchos de ellos reaccionaron. O bien presentaron su contrato por un año con una empresa de radiollamada que tiene GPS, adhirieron a la localización automática de vehículos (ADL) que ofrece el Centro de Monitoreo de la Movilidad (CMM), de Francia al 1800, o dejaron las chapas en caución en Servicios Públicos hasta concretar el trámite.

   Los costos de adherir al sistema varían entre los 1.200 a los 300 pesos mensuales, que es lo que cobra el sistema de rastreo municipal.

Los taxistas que resisten la medida lo hacen “no porque no queremos que nos controlen, al contrario, sino porque el costo del GPS debe asumirlo el Estado”, remarcó Báez.

   Este “núcleo duro” que se resiste podría ingresar en lo que los funcionarios llaman causal de caducidad de la licencia, que no tiene vuelta atrás. “Están poniendo en riesgo a muchos taxistas. No tienen en claro la gravedad del tema. En diez días como máximo, sino ponen el GPS en los vehículos, entonces tendrán que dejar de circular”, insistió García.

   El subsecretario de Servicios Públicos, Diego Leone, detalló a La Capital cómo sería el procedimiento de entrega de las licencias, una vez decretada la caducidad por incumplimiento.

   Primero se notificarán a los 58 inscriptos del 2007 que estaban en lista de espera (año en que se incorporaron 500 licencias). Y luego se seguirá con la lista de espera de 2013 (se sumaron 360 nuevas chapas) en donde quedaron 1.526 interesados: 387 personas con discapacidad, 366 peones, 460 propietarios y 312 por licitación.

   “Ya hay un orden de prioridad establecido. Caduca una licencia, se convoca al listado y se ofrece con un tiempo prudencial para que puedan hacerse cargo del servicio”, apuntó Leone.

   Para García, la actitud de este grupo de 300 taxistas resulta “desleal para con los compañeros que sí lo tienen puesto el GPS y lo están pagando. Además, el costo del sistema de localización está incluido como variable en la fórmula de gastos del sistema”, señaló y calificó el rechazo de “extrema gravedad, porque no tiene marcha atrás”.

Atrincherados. En la ACT resisten la vigencia de la normativa. “Nos llegaron tres intimaciones, y como vinieron fueron a parar a Tribunales. No hemos cometido ningún delito ni hemos engañado a nadie”, se atajó Báez para insistir: “Si mañana me dicen que el GPS es gratis, vamos todos y lo ponemos”.

   El gremio que nuclea a unos 200 titulares de licencia históricos y que, en su mayoría, no cuentan con peones ya recibió dos fallos en contra de la Justicia. Aún así, fueron en queja a la Corte Suprema santafesina.

   “Queremos que expida el máximo tribunal. Si estamos equivocados pediremos disculpas, pero para nosotros la ordenanza es inconstitucional”, señaló Báez.

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