La ciudad

El kayakista atropellado y abandonado denuncia una cortina de humo en la causa

Angel Santos, de 54 años, reclamó a la Justicia entrerriana que profundice la hipótesis de que los responsables del choque iban a bordo de la única lancha peritada hasta ahora por Prefectura.

Sábado 11 de Octubre de 2014

El kayakista atropellado y librado a su suerte en el río el 2 de noviembre pasado, hace ya casi un año, pidió nuevas medidas de investigación a la Fiscalía Nº 1 de Victoria, donde se tramita la causa que lo tiene como víctima de lesiones graves y abandono de persona. Angel Santos, de 54 años, reclamó a la Justicia entrerriana que profundice la hipótesis de que los responsables del choque iban a bordo de la única lancha peritada hasta ahora por Prefectura, La Juana. Por eso, en su presentación judicial tildó de “cortina de humo” a la otra línea que plantea la fiscalía a partir de la aparición espontánea (y sugerentemente tardía) de dos supuestos testigos, a la que no le dedicó un calificativo mejor y la llamó sencillamente “fantochada”. En paralelo al trámite penal, Santos, su esposa y sus tres hijos ingresaron esta semana también una demanda civil (ver aparte).

   El abogado de Santos, José Luis Vázquez, está convencido de que “en el sumario hay sobradas pruebas de la participación de cuatro personas”. Los delitos imputables son a su entender el de lesiones graves culposas para el conductor de la embarcación y el de abandono de persona y omisión de auxilio, que alcanzan también a los acompañantes.

   Pero ocurre que para la fiscalía entrerriana existen dos líneas de investigación, ninguna de las cuales registró hasta ahora grandes avances.

   La primera es la que surgió cuando un empleado de la guardería Sorrento, del Sindicato Luz y Fuerza, alertó que el mismo día del accidente había regresado una lancha llamada La Juana con restos de pintura amarilla y daños en su hélice y casco.

   Sin embargo, la embarcación no figuró en el registro de egresos ni ingresos de la guardería. Luego, en el peritaje, Prefectura evaluó que las muestras tomadas a la lancha y el kayak presentaban “bandas características similares entre sí”, pero no alcanzaban para “determinar la coincidencia en modo indubitable”.

   En esa lancha, propiedad de un hombre de iniciales C.E.M (quien a su vez integra la comisión directiva de la mutual de Luz y Fuerza, recuerda el escrito presentado a la Justicia) viajaban cuatro personas: dos hijas de ese hombre, ambas M.M., y sus respectivos novios. Uno de ellos la manejaba, W. W.; el otro era J.M.A.

   La segunda hipótesis se sustenta en la presentación espontánea ante la fiscalía de Victoria, hace 20 días, de dos personas que manifestaron dudas acerca de si, un año antes, no habrían podido ser testigos del accidente.

   Siempre según fuentes vinculadas a la investigación, esos testigos dijeron recordar que mientras iban, con algunas copas de más, en una lancha manejada por alguien contratado para hacerlo escucharon un ruido como de impacto contra un tronco.

   Pero incluso en esa línea, la persona sindicada por los testigos como conductor de la lancha nunca fue citada. Es más, fuentes de esa oficina admitieron a La Capital que los relatos tuvieron “poca precisión” y no implicaron un gran “aporte a la causa”.

   Paradójicamente, la esposa de Santos, Alejandra Pizorno, recordó ayer que la primera fiscal (hoy con licencia), Flavia Villanueva, le transmitió un “ofrecimiento reparatorio” de un millón y medio de pesos. ¿En nombre de quién? Nada menos que de C.E.M., es decir, del dueño de la lancha que oficialmente se ve como pista “débil”.

   Según el abogado de Santos, apenas entre el 5 y el 30 por ciento de lo que, por otra parte, le corresponderá a su cliente.

“Fantochada”. Por eso, en la presentación que acaba de hacer ante la fiscalía, Santos tildó a esos dichos de “fantochada” y los atribuyó sin más a una “cortina de humo” tendiente a desviar la investigación de la hipótesis que, a su entender, es la única firme: la que apunta a las cuatro personas sobre las que solicita nuevas medidas: A.W, las dos mujeres M.M. y J.M.A.

   Entre los requerimientos más fuertes a la Justicia figura que se solicite a la empresa de telefonía Personal el registro de llamadas y mensajes de texto entre esas personas y otras seis, entre ellas el dueño de la lancha La Juana.

   El escrito también pide instruir a Gendarmería para que “practique maniobras de laboratorio, micro y macrofotografía, químicas y scopométricas tendientes a establecer similitudes, igualdades y correspondencias de los rastros habidos y existentes” entre el kayak y la lancha, y los materiales secuestrados en ambas, a fin de “demostrar o negar la existencia del impacto de la una contra la otra”.

   Como corolario, Santos y su abogado solicitan que se impute al conductor de la lancha el delito de “graves lesiones culposas” y a sus acompañantes los de “abandono de persona y omisión de auxilio”.

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