El gobierno nacional anunció el incremento de 8,8% de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a las personas con discapacidad. La actualización será retroactiva al 1º de mayo. Sin embargo, los prestadores de servicio apuntaron que los incrementos están lejos de ser suficientes y reclaman seriedad al momento de dictar políticas públicas.

El ministerio de Salud de la Nación fijó el aumento por medio de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde además del 8,8% para todas las prestaciones reconoce un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, apuntó en diálogo con La Capital que si bien “el aumento (de los aranceles) se viene dando uno por mes todos los meses”, los montos destinados a los prestadores están seriamente atrasados: “Hoy se necesita un aumento del 100% en el caso del transporte y un 45% en el caso de los espacios que atienden a las personas con discapacidad”, apuntó el transportista.

Bolego rescató que si bien el Poder Ejecutivo nacional actualizó los aranceles durante todos los meses, los montos fueron mucho menores a la inflación, por lo que el aumento de los costos “dejó la rentabilidad de los prestadores por el piso”.

“Hubo 12% de aumento en enero, otro 12 en febrero, un 10 en marzo pero no acompañaban la inflación de cada uno de esos meses. La más cruda y dura nos tocó enfrentar a los transportistas. El aumento de los combustibles fue exponencial”, sostuvo el referente y señaló a este diario que el sector siempre guio sus perspectivas respecto de una ecuación: “Históricamente, lo que se paga en un kilómetro recorrido para trasladar a una persona con discapacidad implicaba el 80% del costo de un litro de gasoil. Hoy se cobra $409 el kilómetro recorrido y el litro de combustible que le pongo a mi camioneta está en $1326. La rentabilidad quedó totalmente licuada”, lamentó.

El referente del sector de los prestadores reflexionó sobre el volumen de los aranceles incrementados y alegó que “uno nunca se niega a un aumento pero este tema necesita ser tratado con seriedad” y argumentó que “no se está respetando ningún estudio de costos”.

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Además, Bolego criticó la estrategia oficial para el saneamiento de las cuentas públicas a través de la cancelación de los fondos por medio de acusaciones sin fundamento, movimiento ya utilizado contra el sector de los medios de comunicación públicos previo a la quita de la pauta oficial y la baja de todo tipo de contenidos en sus redes sociales y de la provisión de asistencia alimentaria a los comedores y merenderos del país.

“Lo que lamentamos es que esto no se aborde con honestidad. Escuchamos respuestas por parte del gobierno que no ayudan. Aparecen diciendo que hay pensiones mal dadas y son denuncias en su mayoría sin pruebas”, dijo Bolego y añadió: “Somos los que invitamos a que, si vieron alguna irregularidad, hagan la denuncia correspondiente pero necesitamos que el Estado esté presente para abordar las necesidades de este colectivo” de las personas con discapacidad.