Los únicos querellantes del juicio de calle Salta 2141 en representación de las 22 víctimas pertenecen a la familia de Débora Gianangelo, una joven de 20 años que murió atrapada entre los escombros tras la explosión por fuga de gas y posterior desmoronamiento.
Previo al debate, el abogado Angelo Rossini, representante de los querellantes, anticipó que buscará demostrar que hubo un escenario previo riesgoso que el Tribunal del juicio no tuvo en cuenta a la hora de dictar el fallo.
"Las discusiones van a girar sobre la interpretación de la teoría de la imputación objetiva, no será sobre la base fáctica del hecho. La discusión central es la válvula de bloqueo del flujo de gas", explicó Rossini.
Además, indicó que "no hubo un tribunal imparcial del juicio. Quedó claro cuando un día el juez Juan Carlos Leiva le aconsejó a la defensa de los empleados de Litoral Gas cómo interrogar a un testigo. Es inaceptable. Esa falta de imparcialidad acompañó toda la sentencia", indicó Rossini.
El letrado insistió en que el fallo "causa agravios porque el tribunal anunció que iba a aplicar la teoría de la imputación objetiva, que era lo que nosotros proponíamos, pero fue un anuncio vacío porque después armó y desarmó a su gusto para absolver a los imputados, salvo a García".
El abogado insistió en el detalle de la válvula de bloqueo del servicio de gas. "Este punto es central. Los peritos que declararon en el juicio dijeron que debía estar operable manualmente para el caso de una emergencia. Si bien sólo la puede tocar Litoral Gas, ante una emergencia debía estar manipulable para cualquier persona".
Según esa teoría el abogado sostuvo "que los imputados Oller y Curaba hayan rehabilitado el servicio luego de corroborar que la válvula estaba muy dura, constituye una falta que aumentó el riesgo. Si hubiese estado operable cuando se produjo la fuga, García la pudo haber cerrado con la mano, se terminaba el problema, no había explosión ni 22 muertos".