El edificio de Laprida 972 volvería a estar habilitado en febrero del año próximo. Así lo confirmaron ayer propietarios damnificados por el incendio ocurrido en febrero de 2016. Terminarán invirtiendo unos 10 millones de pesos en los trabajos de reconstrucción de pilares y renovación integral de los departamentos del primer piso y parte del segundo.
La mayoría de los 31 propietarios tomaron un crédito con tasa subsidiada habilitado por el Banco Municipal a cinco años con seis meses de gracia, unos pocos decidieron afrontar el gasto de forma particular. Los dueños se organizaron y dividieron los costos del siniestro en base a la superficie de sus departamentos.
"La constructora nos entregará los departamentos como si fuera llave en mano", explicó Paulo Menotti, que tiene su departamento en el sexto piso, y detalló que los créditos fueron tomados de forma individual por cada propietario con la entidad bancaria estatal.
Estudios y manos a la obra
Después de un estudio del suelo y cálculos estructurales, los trabajos realizados para la recuperación del edificio de calle Laprida incluyeron el refuerzo de las columnas —con un cajón por debajo (encofrado)— y laterales. También la reconstrucción de la planta baja, los departamentos del primer y segundo piso de la torre afectada, que incluyen terminaciones, y la inclusión de mobiliario estándar en cocina y baño.
Los propietarios damnificados por el incendio lograron la semana pasada la media sanción de la Legislatura provincial para ser eximidos del pago de impuestos y servicios provinciales hasta tanto se determine la habitabilidad del edificio.
La iniciativa fue aprobada en la cámara Baja tras una propuesta de los diputados Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger y Sergio Mas Varela.
El proyecto aprobado plantea que "se eximirá del pago de tributos, tasas retributivas de servicios y contribuciones provinciales, correspondientes al inmueble en cuestión, en el período comprendido desde el mes de febrero de 2016 hasta que la repartición competente de la Municipalidad de Rosario determine su habitabilidad". También autoriza al Ejecutivo provincial a "disponer las acciones necesarias a fin de suspender los cobros de facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de Aguas Santafesinas durante el mismo período".
Y encomienda gestionar ante la Empresa Litoral Gas idéntico beneficio tarifario.
Vale recordar que el 3 de febrero de 2016 se produjo un incendio en el edificio, por el que fallecieron dos personas y una treintena debió ser atendida por cuadros de asfixia de variada gravedad.
Pero la desgracia para los vecinos no terminó ahí, ya que después de la tragedia se sumó la comprobación de que la administradora del edificio no había formalizado y abonado la póliza de seguro contra incendios y que también se adeudaban pagos a la portera por aportes patronales.
Desde entonces, las treinta familias quedaron sin vivienda y teniendo que afrontar todos los daños del siniestro.
Por el incendio intencional provocado por una persona, que no pudo ser identificada por las cámaras de la zona, hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos.