Ayelén Suárez tiene 26 años y todos los lunes, miércoles y viernes se dializa en el sanatorio Los Alerces (ex Julio Corzo). En diciembre, la joven pensó que la posibilidad de cambiar esta rutina que mantiene desde hace cuatro años estaba más cerca. Un amigo de la infancia se ofreció como donante para un trasplante y la Justicia autorizó la operación. Sin embargo, por esa misma fecha la obra social de su papá la desafilió porque había superado los 25 años. Ahora la familia pelea en la Justicia la reincorporación ya que no sólo peligra la cirugía, sino lo que es más vital, su tratamiento médico.
Ayelén tiene una insuficiencia renal crónica que la llevó a conocer hospitales y centros de salud desde muy pequeña. A los tres años pasó por un primer trasplante que fracasó y en el 2000 volvió a atravesar por otra intervención que le permitió vivir normalmente hasta hace cuatro años. Por entonces, el riñón trasplantado empezó a fallar. Y comenzaron otra vez las diálisis, tres veces por semana.
Hasta hace algunos meses, todo el tratamiento lo cubrió la Obra Social Ferroviaria (Osfe), a la que aporta su papá, Adrián Suárez, con su trabajo como guardabarrera. O como "auxiliar de tráfico de NCA en San Jerónimo Sur, como es más preciso", corrige el hombre. Sin embargo, ni bien Ayelén cumplió los 26 años, Osfe la desafilió, ya que consideró que se había cumplido el último plazo para que los hijos mayores de edad puedan estar a cargo de sus padres.
Por su patología, la joven tiene un certificado de discapacidad "que la obra social no puede ignorar bajo ningún punto de vista", advierte el abogado de la familia, Cesar Ceragioli (ver aparte). Sin embargo, hace algunos meses le cortaron el servicio de remís que la trasladaba desde San Jerónimo Sur cada vez que tenía que someterse a diálisis y un tiempo después dejó también de abonar el tratamiento.
Y, por esas cosas del destino, la determinación llegó justo cuando Ayelén empezaba a abrazar la posibilidad de someterse a otro trasplante. El golpe, entonces, fue más fuerte.
. Parte de la historia de Ayelén se hizo pública a mediados de diciembre pasado, cuando la jueza en lo Civil y Comercial, María Andrea Mondelli, hizo lugar a la solicitud de un joven de 23 años y autorizó que le ablacionen un riñón y luego sea trasplantado. Por entonces apenas se dijo que la receptora del riñón se encontraba en lista de espera para trasplantes del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante y que ya había pasado por dos trasplantes anteriores con órganos cadavéricos.
La joven es la segunda de cuatro hermanos (dos mujeres y dos varones) de un matrimonio de trabajadores de San Jerónimo Sur, una localidad de unos 3 mil habitantes, distante a sólo 25 minutos en auto de Rosario.
En su casa no falta ni sobra nada y toda la familia acompañó con entereza el problema de salud de la joven. Ni sus padres, ni sus hermanos ni otro familiar resultó compatible para un trasplante, por eso el ofrecimiento de un amigo de la infancia llegó como una bocanada de aire fresco.
Pero fue breve. "Ya habíamos hablado con los médicos y estábamos por empezar los análisis de histocompatibilidad, pero desgraciadamente el tema de la obra social cortó todo", se queja Adrián.
Muy lejana. Para Ayelén, la posibilidad de acceder actualmente a un trasplante parece muy lejana. "Primero tenemos que resolver el tema de la obra social. Lo demás vendrá solo", dice conservando el optimismo.
La familia ya intimó en dos cartas documentos a las autoridades de la obra social a afiliar a la joven. Y ahora llevarán la pelea en la esfera judicial. "El abogado nos dice que la ley está de nuestro lado, que la obra social tiene que volverla a tomar. Pero se toman su tiempo y nosotros no podemos esperar", advierte el papá y subraya que, aunque se la hagan difícil, "nunca" dejarán de pelear.
