La comisión de Gobierno del Concejo Municipal avanza en las mesas de trabajo para el tratamiento de los proyectos antilavado para combatir las economías delictivas. El martes próximo asistirán al Palacio Vasallo funcionarios del área de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), un organismo central para articular la persecución del delito.
Tras la presentación del proyecto oficial “antilavado” que dio a conocer el intendente Pablo Javkin en abril pasado, la comisión de Gobierno del Concejo, que preside la edila de Ciudad Futura, Caren Tepp, elaboró un plan de trabajo para discutir las propuestas que surgieron en el seno del cuerpo.
De una primera reunión participó el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, quien junto a la titular del departamento Legales de la Intendencia, Juliana Conti, describió los alcances del proyecto elaborado por la Intendencia.
La iniciativa apunta a crear mecanismos de alerta a partir del cruce de información digitalizada y sistematizada que ingrese a los organismos estatales, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias patrimoniales o fiscales ante el pedido de habilitaciones o permisos en distintos rubros.
Esos dispositivos permitirían brindar reportes ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) o la formulación de denuncias ante la Fiscalía Regional. Como autoridad de control y gestión se sugirieron las secretarías de Gobierno, Hacienda, Modernización y al Tribunal de Cuentas.
En un segundo encuentro de la comisión surgieron las propuestas de los concejales Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Martín Rosúa (UCR). Y hace un mes Ciudad Futura desarrolló su iniciativa, que apunta a la creación de una Agencia de Justicia Urbanística, lo que marca diferencia respecto a la propuesta del municipio.
Diferenciales
La idea de Ciudad Futura contiene un concepto de oficina mas autárquica y descentralizada. Propone “un organismo técnico de investigación para la detección inmediata de operatorias de lavado de activos, integrado por profesionales del derecho, informática, ciencias económicas, urbanistas y especialistas, que sean designados por concurso, y que trabajen en el cruce permanente y sistemático de datos”, indicaron los referentes del bloque político.
Como el Poder Judicial de la provincia es una de las patas fundamentales para articular la persecución de los delitos económicos, desde la presidencia de la comisión de Gobierno confirmaron que Marina Marsilli, titular de la unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) participará el martes de la mesa de trabajo que se desarrollará en el Concejo.
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La funcionaria, autora del libro “Crimen, complejidad y economía”, hizo aportes puntuales para la confección del proyecto antilavado de Javkin, pero además tuvo un rol fundamental en el seguimiento de la ruta del dinero que permitió consolidar pruebas para juzgar a bandas narcocriminales de la ciudad.
La finalidad de esos encuentros es intercambiar información y datos, como se pretende con otros organismos del Estado involucrados en la materia, para darle forma al proyecto final antilavado que será puesto a consideración de los legisladores locales.
Competencia, articulación y posibles debilidades
Según adelantaron desde la comisión, se aprovechará el recorrido profesional, institucional y académico de Marsilli para abordar cuestiones, como las posibles debilidades que se puedan identificar en las instituciones del Estado al momento de prevenir maniobras de lavado de activos provenientes del delito.
También se intercambiarán impresiones sobre el funcionamiento de organismos e instituciones con competencia en la prevención y control del lavado de activos, por ejemplo la Unidad de Investigación Financiera (UIF) o la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), y si se logra un trabajo sostenido y mancomunado entre esas reparticiones.
Si bien el temarios es amplio, se aprovechará también la presencia de Marsilli para que los concejales obtengan un panorama más certero sobre los rubros o actividades de la economía más permeables a las operatorias de lavado de dinero.