Lo que parecía una simple reunión de introducción al año legislativo en la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal derivó en un intenso debate en relación al catálogo de inmuebles de valor patrimonial que actualmente rige en Rosario. La discusión surgió por el pedido de un particular para conseguir una excepción y que su vivienda deje de ser parte del listado, que quedó en estudio, aunque los concejales que conforman la comisión anticiparon que no tratarán nuevas excepciones individuales por diversos motivos, entre los que exhibieron la necesidad de revisar el actual inventario de construcciones protegidas, definir el rol del Estado con el eje puesto en acompañar a aquellos propietarios que tengan dificultades reales para llevar adelante los mantenimientos que corresponden y ante los eventuales lobbys que puedan llevarse adelante para conseguir este tipo de habilitaciones.

La primera reunión de la comisión de Planeamiento ya marcó cómo viene la mano con este tema: hubo un intenso debate entre Martín Rosúa (UCR-Juntos por el Cambio), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Alejandro Rosselló (Unión PRO-Juntos por el Cambio) y Fabrizio Fiatti (Arriba Rosario) por el pedido de un particular para descatalogar su inmueble de valor patrimonial en Pellegrini al 400.

En la reunión de la comisión de Planeamiento, el único edil que se mostró a favor de continuar con la revisación de las excepciones individuales para descatalogar inmuebles de valor patrimonial fue Rosselló: aseguró que si se plantea una descatalogación en el Concejo y “yo considero que corresponde y corroboro que hay elementos necesarios para la descatalogación, la voto”. Gigliani le espetó que él voto el catálogo y, por consiguiente, los inmuebles que en él se incluían. “Salió por unanimidad, nadie hizo una objeción en el recinto”, afirmó. Rosselló contrapuso que ya se aceptaron casos particulares que correspondían y pidió dejar el pedido en estudio.

En diálogo con La Capital, Rosúa manifestó: “Estamos en contra de que las descatalogaciones pasen por el Concejo. La calificación en un catálogo tiene que tener un sustento conceptual y no puede depender solo de la voluntad de la votación mayoritaria de los concejales. Es probable que, así, se caiga en inequidades e injusticias. Otorgar excepciones desde el Concejo, analizando subjetivamente, es peligroso”.

Tras el primer encuentro del año, los concejales de la comisión de Planeamiento consensuaron que no seguirán tratando excepciones individuales: “Decidimos no avanzar con la descatalogación individual a través de la comisión porque consideramos que si entramos en ese circuito, se pueden generar inequidades”.

Otros ediles que conforman la comisión confirmaron este punto a La Capital. Juan Monteverde (Ciudad Futura) dijo: “Hay una voluntad mayoritaria en la comisión para no tratar las descatalogaciones”. Si bien explicó que “no hay muchas”, remarcó que “es un consenso no tratarlas”. Por su parte, Gigliani, que participó del debate por el inmueble en cuestión de Pellegrini al 400, anticipó: “Pidieron dejarla en estudio (a la excepción), pero soy partidaria de que la semana que viene estemos en condiciones de rechazar la descatalogación”.

“Espero que el Concejo vuelva a tener la seriedad que tuvo en otras oportunidades y no que de acuerdo a qué particular venga, se haga un determinado lobby para que se otorguen las excepciones”, manifestó la concejala de Iniciativa Popular, en referencia al consenso por parte de la comisión de Planeamiento de no volver a tratar excepciones particulares de descatalogación de inmuebles de valor patrimonial.

Respecto del acceso que pudieran tener determinados actores para lograr estas excepciones, Rosúa dijo: “Queremos desincentivar que personas que puedan tener acceso a legisladores tengan mayores opciones que otras”. Aunque, enseguida, argumentó: “Si se quiere descatalogar, hay que revisar el catálogo con cierta periodicidad. Debe tener criterios claros porque nos hemos encontrado con propiedades catalogadas como patrimoniales y de valor arquitectónico por el mero paso del tiempo; mientras que otras que no tienen protección, deberían tenerla”.

Gigliani pidió que en caso de que se revise el catálogo “debe hacerlo el Ejecutivo, que es el que arma el catálogo” y pidió encontrar un acuerdo sobre “cuál va a ser el objeto de esa revisión, porque algunos quieren llevarse puesto todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad”.

“Hace dos años, cuando el Ejecutivo anticipó que iba a haber una revisión del catálogo, generó expectativa tanto en empresas que tienen una actitud predatoria, como en aquellos particulares que tienen catalogado su inmueble pero en donde el Estado no aparece para ayudarlos en su conservación”, añadió.

Tanto Gigliani como Monteverde recalcaron que según lo estipula la normativa, “solamente se puede descatalogar un inmueble cuando está en ruinas”. La concejala indicó que “la mayoría no está en esa situación”, mientras que el edil expresó: “Hay que evitar que se lleven a la ruina a propósito para conseguir la descatalogación, pero para eso el Estado debe apoyar a los propietarios para cuidar el patrimonio entre todos”.

Sobre este punto hay detalles en el capítulo V de la ordenanza 8.245, que regula el inventario y catalogación de bienes del patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico de la ciudad. Para que un inmueble que está dentro del catálogo sea declarado en ruinas para proceder a su descatalogación, la normativa aclara: “La situación de ruina será establecida por el Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio, a través de los informes periciales a realizar con la asesoría de los institutos de investigación especializados de la Universidad Nacional de Rosario y elevada al Concejo Municipal para modificar su situación en el inventario. Cuando el procedimiento se inicia a instancia de los interesados, se hará constar en la petición los datos de identificación relativos al inmueble, titularidad del mismo, y el motivo o motivos en que se basa el estado de ruina”.

El rol del Estado

Uno de los focos que plantearon los ediles respecto de la inclusión de inmuebles en el catálogo de valor patrimonial es definir cuál es el rol del Estado ante una situación que, por lo que afirmaron, suele suceder: familias que heredan propiedades antiguas pero que no pueden mantener en la actualidad por las condiciones socioeconómicas que afrontan.

Al respecto, Gigliani comentó: “Tenemos que ponernos de acuerdo no solo sobre qué inmuebles deben estar (en el catálogo) sino cuál va a ser el rol del Estado, porque no puede catalogar y nada más. Debe acompañar a los particulares”.

“No hay convenios de patrimonio que colaboren con la mano de obra calificada para mantener los inmuebles que están catalogados de valor patrimonial. Ahí está la deficiencia porque el particular siente que el Estado le impone una carga”, agregó, para remarcar: “Hay un bien colectivo que hay que cuidar y el Estado no puede hacerse el distraído”.

A su vez, Rosúa se centró en el contexto actual para manifestar que hay familias que, antes, tenían un mejor pasar económico, podían llevar adelante un cierto estilo de vida y mantener un determinado tipo de inmuebles, pero que ahora los herederos viven otra realidad: “Esto pasa cuando se da un fenómeno socioeconómico como el de hoy en día. Antes había mansiones y cuando las familias repartieron esos inmuebles, quedaron hijos o nietos que no quieren o no pueden seguir viviendo así, entonces los lugares quedan abandonados o con grandes deterioros en sus estructuras. Y quien no puede construir, ni vender, ni habitar, no tiene incentivo para cuidarlo ni la capacidad económica para hacerlo”.

“Dejan caer los inmuebles de valor patrimonial, el Estado pide a los particulares que los mantengan, pero las personas no tienen plata. A veces esto va a ser verídico y otras, van a usar eso como pretexto para no hacerlo”, aseguró el edil.

Monteverde sostuvo, en la misma línea que Gigliani y Rosúa, que la presencia del Estado para mantener las edificaciones junto a propietarios que tengan dificultades económicas reales para hacerlo debe ser más notoria: “Hay un acuerdo de que hay que preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad, pero si el Estado no apoya a los propietarios que no son millonarios, muchas veces (los inmuebles) terminan en ruinas y, así, se favorece la especulación inmobiliaria”.

“Choque de derechos”

El concejal de Juntos por el Cambio dejó un lugar para la problematización sobre el derecho de preservación y el derecho de la propiedad.

Rosúa expuso: “Tenés un choque de derechos, en donde ambos son válidos. Por un lado, el interés público de preservar un inmueble por el valor histórico o arquitectónico; y por otro lado, también legítimo, el interés del privado a ejercer libremente su derecho a la libertad con respecto a su inmueble”.

Monteverde, en tanto, discrepó con la consideración de Rosúa y aseveró: “Algunos concejales neoliberales hablan de restricción al derecho de la propiedad, pero después son los mismos que viajan a París y celebran lo bien conservados que están los edificios históricos allá”.

“El catálogo es una buena política a la que le faltan recursos. Esto es una discusión económica y de políticas públicas, que las hay innovadoras. Se debe hacer un esfuerzo entre los propietarios y el Estado no en la línea de empezar a descatalogar ni de hacer excepciones, sino en apoyar para mantener el valor patrimonial”, agregó el concejal de Ciudad Futura, para recalcar: “Estamos de acuerdo con mantener la preservación, pero hay que ponerle recursos a eso para que se pueda sostener. La discusión es de dónde sacamos los recursos para proteger el patrimonio”.