Por Claudio González
Foto: Télam.
Algunas de las armas incautadas a un hombre que fue detenido hace un mes.
Armas halladas en una casa de Matacos al 2000, en Granadero Baigorria.
En el marco de los abordajes de la problemática de la violencia urbana y la circulación de armas de fuego en la ciudad, la comisión del Seguridad del Concejo Municipal de Rosario pretende conocer los protocolos y controles que se hacen desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) sobre las armerías, por eso está gestionando una reunión con las autoridades de ese organismo nacional. Además, se pretende mayor nivel de inspección municipal sobre los negocios del rubro.
La circulación de armas en poder de las bandas criminales de la ciudad parece un agujero negro que no solo roza la gris actividad de algunos negocios dedicados a su comercialización, sino que, como lo reflejó este diario hace unos días, también encontró resquicios en un desmadrado control oficial.
Una muestra de ello fueron las 11 armas de puño de distintos calibre pero con alto poder, y las 107 municiones que se incautaron recientemente en un allanamiento en una casa de Garzón al 900 bis, barrio Empalme Graneros. Las armas, que tenía sus respectivas numeración visible (no limadas ni disimuladas) debían estar bajo custodia judicial en la Sección Balística de la Región 2.
Más allá de esa situación puntual, el secuestro periódico de pistolas, armas de fabricación casera y otras muy sofisticadas de distintos calibre, demuestran que la ciudad está plagada de armas, que llegan fácilmente a manos de los tira tiros que integran estas bandas criminales.
Ese aspecto que alimenta desde robos a hasta los sangrientos crímenes, es abordando en el Concejo Municipal. Este lunes en su habitual reunión, la comisión de Seguridad propuso algunas medidas y acciones tendientes a profundizar las inspecciones sobre las armerías y los negocios de tecnología, puntualmente aquellos de venta de teléfonos celulares usados.
La propuesta surgió del concejal Lisandro Cavatorta, presidente de la comisión, donde además se recordó la posibilidad de seguir articulando acciones y propuestas con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
“A partir del intercambio en las mesas de trabajo con el Ministerio de Seguridad y el MPA, ahora queremos convocar a la Anmac para conocer la periodicidad y tipo de controles en las armerías. Cualquier persona que tiene una tarjeta que lo habilita a comprar armas o proyectiles después puede volcarlo al mercado negro”, alertó Cavatorta a La Capital.
Pero además el edil de Todos Hacemos Rosario explicó que se intenta “sumar al municipio para que a partir del trabajo de los organismos de control, avancen en las inspecciones de esos comercios, y por ejemplo se pueda cotejar si hay subfacturación. Tenemos vainas servidas todos los días por hechos violentos. Las armas y los proyectiles tiene un número y registro, más allá de aquellas que están limadas. Por eso además hay que acelerar las pericias para cerrar las investigaciones, lo cual permite destruirlas”, ejemplificó.
Según Cavatorta, el Ministerio de Seguridad informó que realiza periódicos desarmes e inspecciones. “Notamos algunos problemas de articulación entre organismos del Estado. Sabemos que hay cierta precariedad en el control y por eso vamos a convocar a la Anmac para averiguar, preguntar, pero también proponer. Las armas y los proyectiles tienen origen lícito en una fábrica, pasan por una armería, una persona las compra con una tarjeta (carné habilitante) y después aparecen en manos de las bandas. Queremos saber cómo se hace la trazabilidad de esos materiales”.
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En la reunión de la Comisión de Seguridad de Concejo también surgió la posibilidad de intensificar la vigilancia oficial sobre los negocios de tecnología que venden teléfonos celulares usados, muchos de los cuales pueden ser de origen ilícito.
“Es común que un celular robado vuelva a ingresar al circuito formal en un negocio o incluso a través de redes sociales. El municipio no tiene la potestad de investigar, pero sí respecto a las habilitaciones de rubros de compraventa en general. Por eso es importante que se intensifique las inspecciones”, marcó Cavatorta.
La concejala María Fernanda Gigliani, por su parte, recordó que respecto a la reunión que se realizó con el MPA, desde el organismo se designó a dos funcionarios para que los ediles pudieran transmitir las inquietudes que surgieran en los encuentros.
A su vez, y por tratarse de información sensible y por tratarse de complejos escenarios de violencia, la edila de Ciudad Futura, Jessica Pellegrini, solicitó que “en ocasiones se debe preservar a los vecinos” que formulan denuncias o pedidos muy específicos en relación a temas que afectan los territorios.
En relación a la denuncia que hizo hace un mes la secretaria de Control y Convivencia Ciudadana, Carolina Labayru, donde en el ámbito de la comisión sacó a relucir fuertes internas y posibles hechos de corrupción en la Dirección de Tránsito, Cavatorta se quejó porque los ediles aún no recibieron un pedido de informes sobre esa grave situación.
“Hace más de un mes y medio que la comisión espera el informe solicitado a la secretaria de Control y Convivencia sobre los operativos de acarreo, grúas, y el uso de combustible en Tránsito. Queremos saber cuáles fueron las irregularidades que denunció en su momento y qué medidas se tomaron”, insistió el concejal.
El 85 por ciento de los homicidios que se cometieron en el departamento Rosario en 2021 fueron concretados con armas de fuego, según lo revela el ultimo informe del gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentado hace 22 días. Y entre otros datos se indica que uno que es escalofriante. En 2020 (prepandemia) hubo un promedio mensual de 60 personas heridas por arma de fuego.
El reporte de llamadas al 911 surgió que durante ese mismo año se efectuaron un promedio mensual mayor a 1.400 incidencias por armas de fuego, entre las cuales había denuncias por disparos al aire, contra domicilios o menciones de personas armadas.
Desde el MPA evaluaron que la progresión de hechos de violencia cometidos con armas de fuego se mantuvo constante en los últimos años. Y se destaca particularmente situaciones de abusos de armas, amenazas, usurpaciones, lesiones graves y gravísimas. Tan es así que la Fiscalía Regional debió crear un equipo de fiscales que investigan específicamente las balaceras y su trasfondo criminal.
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