El concejal Sebastián Chale (UCR) presentó una iniciativa para exigir a los bares y boliches el suministro de agua potable, proponiendo duras sanciones para quienes no cumplan con la medida. "Su expendio tiene que ser público y gratuito", sostuvo el edil, argumentando que "es un derecho humano universal".
"El agua es un derecho humano universal, por lo tanto su expendio tiene que ser público y gratuito. Todos los espectáculos públicos, bares y boliches deberán poner a disposición de los clientes agua potable en forma gratuita, garantizada durante la totalidad de la jornada en la que el establecimiento desarrolle sus actividades, debiendo priorizarse su suministro en la barra", explicó Chale.
El proyecto argumenta que "en los establecimientos en los que se brindan espectáculos públicos con gran concurrencia resulta imperioso el acceso al agua potable, no sólo por su carácter de bebida sino también por su rol imprescindible en lo que respecta a salubridad y bromatología. Sin embargo en reiteradas ocasiones los espacios donde se celebran este tipo de espectáculos, especialmente en los que se realizan también actividades bailables, no brindan el servicio de agua en la totalidad de la jornada, obligando a sus clientes a consumir agua embotellada comercializada por ellos mismos". La iniciativa también señala que “la limitación del acceso al agua potable tiene la potencialidad de producir graves consecuencias en la salud de personas que asisten a eventos con gran afluencia, refrigeración insuficiente y consumo en exceso”.
Asimismo Chale agregó: "En tanto derecho humano no se pueden permitir prácticas que limiten el acceso sin considerarlas faltas graves. Son los clientes quienes deben decidir si consumir agua potable embotellada o no, según sus necesidades y posibilidades. Debe ser responsabilidad de los establecimientos garantizar la provisión de agua potable pública y gratuita mientras realizan sus actividades”.
La propuesta —que se menciona también en el debate de la nueva ordenanza de la noche— contempla considerar falta grave el corte del suministro de agua, incorporando duras sanciones. De acuerdo a la iniciativa, "aquellos establecimientos en los que se interrumpa de forma ocasional o permanente el suministro de agua potable, serán sancionados con multa de 400 a 1.200 Unidades Fijas (UF, equivalente a entre 7.000 y 21.000 pesos hoy) y 90 días de clausura. En caso de reincidencia, serán sancionados con multa de 600 a 1.900 UF (de 10.500 a 33.300 pesos) y clausura de hasta 180 días. A la tercera sanción se aplicará clausura definitiva. Cabe recordar que hoy la ordenanza propone una sanción mínima de 50 UF (900 pesos) y una máxima de 260 UF (4.500 pesos). Con esta modificación, la sanción mínima se eleva de 50 a 400 UF y la máxima, de 260 a 1.900 UF, incluyendo clausura definitiva.
En la madrugada del pasado sábado, un grave episodio se registró en Buenos Aires, cuando cinco muchachos murieron tras ingerir drogas sintéticas en una fiesta electrónica. El fiscal sentenció que el lugar “estaba hacinado, con poca ventilación, hacía calor y escaseaban las bebidas a medida que los concurrentes las necesitaban” y aseguró que “no sólo se racionó la venta de bebidas. También, según algunos testigos, la red de agua corriente se cerró a la madrugada”.
El derecho al agua se encuentra reconocido en distintas normativas, como la ordenanza 9465 de la concejala María Eugenia Schmuck, que garantiza el derecho a acceder a jarras de agua en establecimientos gastronómicos, bares y restaurantes.
En 2012, en Río de Janeiro se desarrolló la Cumbre de los Pueblos, paralelamente y en conjunto a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, donde el criterio que prevaleció fue que el agua es un derecho humano esencial y por lo tanto imprescriptible, indivisible e inalienable, con lo que el ser humano per se tiene derecho a acceder a este elemento insustituible, sin importar si no tiene dinero, por el sólo hecho de ser persona. En tanto derecho humano universal, el acceso al agua potable reviste inexorablemente el carácter de pública y gratuita para garantizar dicho derecho en situaciones de necesidad.