La Legislatura de Santa Fe aprobó la ley para que el Boleto Educativo Gratuito (BEG) tenga un marco legal y así unos 335 mil usuarios, entre estudiantes, docentes y asistentes escolares aseguran la continuidad del programa que nació el 26 de octubre de 2020.

En la Cámara de Diputados el proyecto obtuvo 45 votos afirmativos y uno negativo y fue girado al Senado, donde también fue aprobada, por lo que se convirtió en ley. El Boleto Educativo Gratuito beneficia a estudiantes del nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto de instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal.

El programa contempla la entrega de dos boletos diarios sin cargo (con excepción de sábados, domingos y feriados) para quienes deban viajar por motivos educativos dentro de una misma ciudad o entre dos localidades que estén a menos de 60 kilómetros. Cuando se supere esta distancia se entregarán dos pasajes gratuitos por mes.

El exdirector del BEG, Rober Benegui, celebró la sanción porque “constituye al plan como un derecho que trasciende a los gobiernos y pasa a ser una política de Estado”. El programa fue una promesa de campaña de Omar Perotti en 2019 y un año más tarde vio la luz, producto del retorno de la presencialidad en las escuelas luego del distanciamiento motivado por la pandemia de coronavirus. "Esta ley es una muestra de que las cosas pueden ser diferentes", planteó Benegui en diálogo con LT8.

Continuidad del Boleto Educativo Gratuito

Sin embargo, con el fin del gobierno justicialista, el BEG fue una política sostenida por la administración de Maximiliano Pullaro y en su primer año de gestión alcanzó a un universo de 335 mil usuarios, entre estudiantes de todos los niveles, docentes y asistentes escolares. “En épocas de dificultades económicas como las actuales tener resuelto el transporte hacia la escuela o universidad es de gran ayuda”, destacó el abogado y recordó que el 80% de los beneficiarios son estudiantes.

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Por otra parte, recordó que el inicio del plan “nunca fue pensado como un gasto, sino como una inversión. Los usuarios pueden usar el dinero en otro consumo como viandas o fotocopias y así se garantiza el derecho a la educación”.