Los viejos terrenos portuarios reconvertidos en uno de los grandes emprendimientos inmobiliarios de la ciudad tienen su contracara: el proceso judicial que desde hace diez años llevan adelante casi 200 vecinos del barrio Islas Malvinas, quienes durante décadas padecieron —y siguen padeciendo— las consecuencias de convivir con las empresas cerealeras que por entonces funcionaban en la zona. “Todos hicieron su negocio y las firmas se llevaron su tajada, pero los vecinos se quedaron con los problemas”, recalcó Milva Sánchez, una de las abogadas que patrocina la demanda por daño ambiental contra Servicios Portuarios y Agroexport, y que también incluye a la Municipalidad por omisión en el ejercicio de control.
En diez años, las familias acumularon bronca, impotencia, enfermedades, muertes e incertidrumbre, pero aún siguen esperando una resolución de los Tribunales. “Necesitamos respuesta”, aseguró Miguel Terrazino, uno de los vecinos. A la hora de remarcar la urgencia, no dejó lugar a dudas: “La gente se va muriendo y aún no tenemos un fallo”.
La demanda se presentó en 2006 y reclamaba el cese de la contaminación de las dos compañías que por entonces seguían funcionando. Si bien en 2008 fueron desmanteladas y los terrenos fueron parte de megaemprendimientos inmobiliarios, Sánchez dejó en claro que “aún persiste la demanda por los daños y perjuicios en la salud que ocasionaron, y al municipio por no ejercer su poder de policía”.
La causa se tramita en el Tribunal Extracontractual Nº 6, que en noviembre de 2012 ordenó un embargo preventivo sobre los terrenos que habían sido de Servicios Portuarios —ahora torres Maui— y sobre Agroxport por en un monto de 10 millones de pesos.
Ante esa medida, los vecinos recordaron que las compañías presentaron una sustitución de ese embargo a través de una garantía de caución de una empresa aseguradora. “Estamos hablando de gente común reclamando ante firmas multimillonarias, que además siguen haciendo negocios”, plantearon los demandantes.
Dilaciones. Los tiempos del trámite y la prolongación del proceso es lo que más angustia e incertidumbre provoca entre quienes forman parte del juicio. “A este ritmo y con las demoras que se vienen dando, no va a quedar nadie cuando dicten sentencia”, comentaron. Es que esperan desde hace varios meses se concrete la última etapa, que es la de la audiencia del tribunal colegiado. Una cita que se viene suspendiendo una y otra vez.
“Primero estaba prevista para noviembre, la pasaron a diciembre, después a marzo y ahora la siguen dilatando, la cosa es que ésto se para continuamente y no avanza”, recordó Terrazino. Y más preocupa teniendo en cuenta que recién tras una sentencia se debe evaluar cada uno de los 180 casos.
Técnicamente se llama “una acción de clase”, explicó la abogada, y señaló las dificultades que presenta por ser un proceso sin atecedentes. “En una primera instancia los jueces deben experdirse sobre la cuestión colectiva, determinar si existió o no contaminación, la responsabilidad del municipio, y luego comienzan los procesos sumarios donde se evalúan uno a uno los daños individuales de cada persona”, detalló.
La letrada recalcó el reclamo. “El paso del tiempo y las porstergaciones, además de las incidencias entre las partes, vienen demorando el proceso y eso hace que muchos de los demandados fallezcan, otros se enfermen y envejezcan sin conocer la sentencia”, insistió Sánchez.
Pero sobre todo, remarcó que tras la salida de las cerealeras del barrio “se hizo un enorme negocio inmobiliario del cual las empresas se llevaron su tajada y los vecinos sólo se quedaron con los problemas, porque las compañías no invirtieron, la contaminación afectó a toda la zona y ellos externalizaron los costos”.
El Estado. La posición del municipio también está bajo la lupa: no sólo por no haber evitado en su momento el proceso de contaminación que se produjo en el barrio, sino además por las incidencias que llevó adelante en el trámite y demoran el proceso. “Utilizaron todo lo que pudieron; los vacíos legales y los vericuetos que deja el Código Procesal, incluso más que las propias cerealeras”, dijeron.
La presencia de partículas contaminantes en el ambiente había sido deteminada a nivel adminitrativo por los propios funcionarios municipales, más tarde por una pericia oficial y análisis realizados a los vecinos por la Facultad de Bioquímica de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Pese a todo eso, en el proceso judicial el municipio no sólo cuestiona las pericias oficiales, sino sus propios resultados. “Desconocen sus propios estudios”, remarcaron los demandantes. “Es llamativo que el municipio que debe representar los intereses colectivos de la ciudad, parezca oponerse a un legítimo reclamo”, concluyeron.
